La mañana del jueves, el barrio de Gràcia de Barcelona se despertaba con un helicóptero sobrevolando los callejones del distrito. Poco después de las siete de la mañana, los Mossos d’Esquadra ejecutaban un desahucio que planeaba sobre el edificio okupado Ca la Trava desde septiembre. El bloque de pisos, donde vivían familias desahuciadas, jóvenes y estudiantes que sufrían la emergencia habitacional en uno de los barrios más caros de Barcelona, alargaron su estancia casi dos años: desde diciembre de 2016.
El desahucio de Ca la Trava, que ha acabado con dos personas -confirmadas- detenidas, ha echado a los ocupantes del bloque 154 de Travessera de Gràcia. Pero la hermana gemela de este bloque de pisos, la Jahnela, situada en el 156 y okupada durante las mismas fechas, resiste. En los inicios se organizaron a través de la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia, que tiene su sede en los bajos de la Jahnela. Ambos bloques de pisos son propiedad de la Inmobiliaria Mar SL, propietaria también de la promotora y constructora La Llave de Oro. Las viviendas se encontraban vacías desde hacía tiempo y “la propiedad había destrozado a conciencia los baños y las cocinas que estaban en perfecto estado para inutilizar los pisos, donde habrían podido entrar a vivir vecinas con una mínima rehabilitación”, a la espera de construir pisos de lujo, explican desde Ca la Trava.
En esta misma situación se encuentran decenas de casas y bloques del distrito de Gràcia, en los que se ha tenido que recurrir a la okupación “como única manera de tener un techo donde vivir”, apunta Lucía Delgado, miembro de la PAH Barcelona. Con una situación de emergencia habitacional en la que se dan 2.500 desahucios anuales -13 por semana- en la capital catalana “estamos ante un panorama ingobernable que se está extendiendo también a los barrios más gentrificados”, explica Delgado.
Y es que Gràcia forma parte de este conjunto de barrios llamados “de moda” de Barcelona. Según estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, el precio de venta de viviendas de segunda mano en el distrito es de 4.379 euros el metro cuadrado, mientras que el alquiler se sitúa en 13,9 euros. Así, es el tercer distrito más caro de Barcelona, por detrás de Sarrià y Ciutat Vella. Esta subida del precio de la vivienda lleva a la gentrificación e, inevitablemente, a que “los sectores inversores y turísticos consideren estos barrios como un caramelito”, según Delgado.
De hecho, desde julio de 2016, el 17% de sanciones a pisos turísticos en Barcelona han sido impuestas en Gràcia (939) y el 2017 ya se sumaban 27 establecimientos turísticos con 576 habitaciones en el distrito. “A pesar de que la emergencia habitacional suele ser más característica de barrios más obreros, los precios abusivos y la construcción de equipamientos turísticos se extiende a toda la ciudad”, apuntan desde la PAH. Y es que el modus operandi de la construcción de pisos de lujo siempre es el mismo: “las entidades bancarias venden los bloques a fondos de inversión que expulsan las vecinas, que se ven obligadas a salir de casa”, explica Delgado.
“La solución a la emergencia en el barrio es echarnos”, explica Bàrbara Roch, de la Oficina d’Habitatge. En el distrito hay 370 personas en espera a ser realojadas después de haber sufrido un desahucio, “la gentrificación, en Gràcia, no tiene solución, porque no hay ningún piso de vivienda de protección oficial”. La reubicación forzada a la que se ven abocadas las vecinas del distrito, unida a la subida constante de precios y a la ya asumida concepción colectiva de que Gràcia es un barrio bienestante, lleva a un mantra que dice que “cuando nos desahucian porque no podemos pagar, es porque en realidad hemos sido viviendo en un barrio por encima de nuestras posibilidades. El mercado especulador ha conseguido que creamos esto”, opina Roch.
En Can la Trava, sólo hay una persona usuaria de los Servicios Sociales, el resto, si deciden entrar en el “sistema tendrán que ponerse a la cola detrás estas 370 personas”, apuntan desde la Oficina. Este ente se puso en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona que, ejerció de intermediario entre vecinas, el espacio okupado y La Llave de Oro. “Nuestra intención inicial, cuando okupamos, era expropiar los bloques de pisos”, recuerda. Pero el consistorio se ofreció a comprarlos, opción que llevó a parar durante un año la primera amenaza de desahucio de Can la Trava, pero “por motivos burocráticos, no se llegó a hacer”, apunta Roch. Ahora, la opción sobre la mesa es negociar con la constructora para que aplique la norma del 30% y destine este porcentaje de los nuevos pisos de lujo que se tienen que construir a vivienda de protección oficial. “A nosotros nos parece bien la opción de la VPO, pero no queremos el 30. Queremos el 100%”, afirma.
Gràcia, pionera en okupaciones
En diciembre de 1984, un grupo de jóvenes provenientes de movimientos libertarios y vecinales de Barcelona, okuparon un espacio a la Villa de Gràcia, que se convirtió en la primera okupación de un edificio como centro social en todos los Països Catalans. Y es que, además de dar respuesta a las emergencias habitacionales, algunos espacios ocupados también dinamizan los barrios, como es el caso de Ca la Trava, El Banc Expropiat o el Casal Tres Lliris.
Estos son sólo algunos de los 39 espacios okupados del distrito de Gràcia, a pesar de ser un número que fluctúa debido a los desahucios que se van produciendo. Una de las últimas ejecuciones más sonadas se dio en el Armadillo, un bloque okupado, propiedad del BBVA, donde viven cinco familias con cinco menores a cargo; un total de 26 personas. El pasado mes de julio fue aplazado in extremis su desalojo, teniendo ya a las puertas el dispositivo de Mossos. Un acuerdo con el banco, anunciado por el regidor de Barcelona en Común, Eloi Badia paralizó el desahucio.
Ante la emergencia habitacional, se crearon varias campañas como #SobreviscAGràcia, impulsada por la Oficina d’Habitatge, para buscar la adhesión de entidades, colectivos y particulares para evitar la turistificación, denunciar la especulación y parar los desahucios. “Desde 2010, 7 personas han abandonado cada semana la Vila de Gràcia. En el mismo periodo, el número de pisos turísticos se ha multiplicado por cinco”, rezaba una de las proclamas de la campaña.
‘La llave de oro’ y la burbuja inmobiliaria
El inmueble del 154 de Travessera de Gràcia, donde está situada Ca la Trava, es propiedad de la inmobiliaria La Llave de Oro, bajo regencia de Lluís Marsà, también presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya. El empresario catalán es uno de los que más ha levantado la voz para protestar contra la reciente medida aprobada en el Ayuntamiento de Barcelona de destinar el 30% de la nueva construcción a la vivienda social. “La normativa impulsada por Colau va contra la ley catalana de urbanismo y la estatal del suelo”, afirmó. Así, no descartan emprender acciones legales contra el consistorio si se acaba aplicando la medida.
Marsá, que fue acusado en 2016 de cohecho y falsedad documental por una operación realizada por la Agencia Catalana del Agua, considera que la medida del 30% no solucionará la emergencia habitacional, sino que la agravará: “puede provocar una parálisis en el sector y añadir más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que se generará entre oferta y demanda”, afirmó en un artículo publicado en Habitatge i Futur. Asimismo, considera que la obligatoriedad de crear vivienda social no afectará a toda Barcelona, ya que hay zonas que ya tienen “su propia carga de vivienda protegida”, como La Marina, Villa Olímpica o Glòries.
Precisamente, en esta última zona, la Llave de Oro adquirió en abril 3.300 metros de suelo por 22 millones de euros, en los que planea levantar edificios buscando un único inquilino. Esta operación se suma a la lista de los 11 proyectos de la empresa que aún tiene pendientes de licencia en la ciudad de Barcelona.
El ritmo de construcción de La Llave de Oro se mantuvo sano, incluso durante los peores años de la crisis inmobiliaria, durante los cuales la edificación llegó a caer 40 veces respecto 2006. En ese año, 2013, Catalunya fue la única comunidad que cerró el año con un incremento en la construcción de vivienda. El principal promotor responsable de estas operaciones fue La Llave de Oro. “Las ventas van muy bien e incluso hemos empezado a subir precios”, declaraba a El País en 2013 el director comercial de la empresa.
