Duras palabras en la primera movilización contra la decisión judicial del Tribunal Supremo, que rectificaba una primera sentencia que hacía pagar a los bancos los impuestos vinculados a la legalización de los créditos. En la concentración de cientos de representantes de entidades, asociaciones y sindicatos se ha cuestionado abiertamente la imparcialidad del Supremo en favor de la banca y se han hecho llamadas a la movilización para recuperar los derechos sociales y cívicos que se consideran vulnerados.
Javier Pacheco ha comenzado manifestado la solidaridad de CCOO con todas las entidades «en el proceso de conseguir un país con verdadera justicia social». En segundo lugar ha denunciado el retroceso democrático que representan expresiones como la reinterpretación de la sentencia hecha por el Tribunal Supremo los últimos días. Criticó también la abdicación de todos los poderes del Estado en este asunto, «lo que ha supuesto un debilitamiento democrático». «El poder legislativo hace dos años -dijo- que ha abdicado en la tramitación de la ley hipotecaria». El poder ejecutivo se ha aprovechado de las circunstancias para aplicar las medidas que hacían retroceder los derechos sociales, laborales y civiles.
Pacheco ha criticado también el decreto del presidente, Pedro Sánchez, afirmando que esta normativa «cargará los derechos a la retroactividad de todos los consumidores y consumidoras que han pedido hipotecas».
Llueve sobre mojado
Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya en referencia a las últimas decisiones judiciales ha dicho que «llueve sobre mojado». Destacó que unos golpes el Tribunal Constitucional y otros el Supremo, no paran de recortar derechos sociales. «Lo hicieron con la pobreza energética, casualmente a favor de las eléctricas», ha dicho. Según manifestó, la primera sentencia del Supremo era justa socialmente, pero ha sido enmendada tras las presiones ejercidas por una minoría poderosa. Por ello instó a las entidades a «protestar democráticamente tantas veces como haga falta hasta que se modifique esta ley», afirmó, en referencia a la norma hipotecaria.
Lucía Delgado, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha dicho que el cambio de la ley la han hecho 15 magistrados títeres de la banca. Calificó también el decreto del Gobierno central de «medida de maquillaje, porque si se hubiera querido hacer oposición a la sentencia, la norma debería haber sido retroactiva». También ha recordado que el Parlamento se debate la ley del crédito hipotecario mientras hay más de 600.000 familias desahuciadas. En este sentido ha dicho que la norma que se debate no contempla la dación en pago de forma retroactiva como reclama la PAH.
Marcel Mauri ha hablado en nombre de Jordi Cuixart y en representación de Omnium Cultural. «Queremos manifestar nuestro apoyo total a esta convocatoria. Jordi nos lo recuerda siempre, no hay libertad posible si no hay justicia social », ha dicho. También indicó que no hay Estado de derecho sin justicia justa. Y, si además, los tribunales pasan por encima de los grandes consensos ciudadanos. En este sentido ha reivindicado que en un país con un grado muy alto de pobreza y de pobreza energética, «los tribunales deberían decidir en favor de los que lo necesitan y no escuchar las llamadas de los bancos o del presidente del Consejo General del Poder Judicial»
