Noelia hace cinco años que vive en el mismo bloque de pisos, en Rubí. Su casa es modesta, una sola habitación y a penas 60 metros cuadrados. Pero es su casa. Cuando entró a vivir pagaba 490 euros y en el momento de la renovación del contrato le piden 750. “No estoy dispuesta a marcharme de mi casa, pero tampoco a pagar este precio, siendo que los sueldos no suben al mismo ritmo que los alquileres”, explica Noelia mientras camina, junto a otras cincuenta personas, por la parte alta de la Diagonal de Barcelona, camino a la sede de la empresa Medasil, la gestora inmobiliaria de su bloque de edificios.
Todos ellos son inquilinos de los bloques de pisos de Rubí, como Noelia, o de Santa Perpètua y Poblenou, que se encuentran en la misma situación. Entre todos suman 155 viviendas, gestionados por la misma empresa, a los que les ha vencido o les vencerá el contrato de alquiler entre 2018 y 2019 y a los que les reclaman unas subidas de entre el 40 y el 100% del precio que pagaban hasta ahora. A Noelia se le acabó el contrato el pasado 31 de diciembre, pero sigue en su casa, pagando, eso sí, el alquiler y los subministros.
“Seguimos pagando para tener una arma de negociación ante la empresa, para dejar claro que no nos vamos y que si siguen aplicando una ley injusta, avanzaremos hacia la huelga de los pagos del alquiler”, ha declarado Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, que acompaña a estos vecinos en su lucha. Según Palomera, la situación de estos tres emplazamientos de bloques, gestionados por la misma empresa, muestra “muy bien la situación del alquiler”.
Y es que, mientras que a los vecinos de Poblenou se les requiere pasar de pagar 1.500 euros a 2.200, las subidas de Rubí y Santa Perpètua, pisos construídos en el régimen de Viviendas de Protección Oficial (VPO), rondan de los 500 a los 800 euros. “Vemos, pues que el drama de la vivienda afecta transversalmente a personas de condición diversa, tanto a barrios obreros como a vecinos con piscina comunitaria”, apuntan desde el Sindicat.
VPO por encima del precio de mercado
Efectivamente, los pisos de los bloques de Santa Perpètua i Rubí fueron construídos en régimen de VPO en régimen de 10 años, durante los cuales la empresa estaba obligada a alquilarlos a un precio. Luego, estaban sujetos a una protección de 25 años, periodo en el que se puede vender o alquilar a otro precio pero en condiciones de VPO y transcurrido este tiempo, los pisos pasan al mercado libre. Los bloques fueron construídos en 2007 y 2009 (Santa Perpètua) y 2013 (Rubí), pero a pesar de eso, los vecinos están sufriendo estas subidas desorbitadas.
Además, hay que tener en cuenta que las VPO de ambos municipios tienen un alquiler medio de 625,96€ (Santa Perpètua) y 630,25€ (Rubí), según los datos de la Agència d’Habitatge de Catalunya. Pero los incrementos que se dan son equivalente a los de grandes ciudades como Barcelona o Matadepera, muy por encima, pues, del valor de mercado.
“Ponen a Rubí a la altura de Barcelona, pero no tenemos nada, ni hospital ni pediatra por las noches. Somos una ciudad dormitorio”, se queja Nazaret. A ella, que actualmente paga 640 euros por un piso que comparte con su hija, se le acaba el contrato en septiembre. Hasta entonces, dice, no sabrá cuál es su futuro: “tengo críos. No sé donde los matricularé al cole, no sé dónde estaré”. Se queja de que cuando llega el momento de la renovación del contrato, “no te dan opción a negociar. Te mandan un burofax que te indica a dónde debes llevar las llaves y ya está”.
Esta situación sí la sufrió Begoña, también vecina de Rubí. Ella renovó el contrato en Noviembre, antes de que los vecinos se organizaran con el Sindicat de Llogaters. Pasó de pagar 650 a 825 euros, pero la renovación de su contrato supuso “casi como firmar uno nuevo: tuvo que pagar fianza y contratar un seguro que no era opcional. Para el contenido y para el continente: “es de ser sinverguenzas, ya decidiré yo si quiero asegurar mis cosas”, se queja. En total, la renovación del contrato le salió por más de 1.600 euros el primer mes. Por sólo tres años más.
Portàvem temps avisant. O es regulen preus, o passem a l’ofensiva per defensar els nostres drets https://t.co/fQeKvmy46n
Avui deixem clar que anem MOLT SERIOSAMENT. Hem ocupat la seu de Medasil i no marxarem fins que no negociïn!@CFilua @RubiLloguer pic.twitter.com/agy9lkb0hV
— Sindicat Llogaters #EnsQuedem (@SindicatLloguer) 17 de gener de 2019
“Dejar de aplicar una ley injusta o huelga de alquileres”
Finalmente, no llegan a ser las cinco de la tarde, y la comitiva de vecinos y vecinas, y miembros del Sindicat de Llogaters ha llegado al edificio B Capital Partners, donde se encuentra la sede de Medasil. Unos suben en ascensor y otros por las escaleras hasta llegar a la sexta planta, donde, ya dentro de las oficinas de la empresa, se plantan con un megáfono para reivindicar que, “después de meses de comunicaciones sin responder ni queren negociar, hemos venido aquí a negociar un precio justo y a dejar claro que nadie nos echa de casa”.
Finalmente, al poco de haberse iniciado la ocupación de la sede de Medasil, entre los vítores y los estallidos de las bocinas de los y las vecinas, la empresa aceptó sentarse a negociar con un representante de cada municipio y dos del Sindicat de Llogaters. “Hemos conseguido algo sin precedentes, que los inquilinos dejen de ser indivíduos que viven el problema de forma anónima y se defiendan colectivamente. Si hemos traspasado el derecho a la negociación colectiva del trabajo a la vivienda, también tenemos el derecho a huelga”, ha advertido Palomera.
Finalmente, la negociación, que duró algo más de dos horas, acabó con una promesa de negociación futura entre inquilinos y la propiedad en un periodo de ocho días. “Es un compromiso en el que se incluye que en los periodos de negociación no se iniciarán acciones legales para con los vecinos que esten fuera de contrato”, ha asegurado Oscar Blanco, uno de los miembros del Sindicat de Llogaters que se ha sentado a negociar. La propuesta inicial, que era de contratos nuevos de siete años y sin subida, se va a convertir en una propuesta de términos medios a negociar con los vecinos.
“Ha sido una inyección de confianza después de que la empresa haya echo caso omiso a sus reclamaciones. Lo que está haciendo la empresa puede ser legal, pero está acogido en una ley injusta. Si no cesan en su aplicación, iniciaremos un proceso muy largo de lucha”, ha asegurado Blanco.
Catalunya Plural, 2024 
