El primer gobierno de coalición en España desde la República cumplirá el 13 de julio seis meses de mandato, de la presente XIV legislatura de las Cortes Españolas. Unos meses a un ritmo acelerado, marcados por la emergencia sanitaria de la pandemia de la Covid-19. A pesar de las circunstancias y las diferencias entre sus socios, PSOE y Unidas Podemos (UP), y con los apoyos externos favorables o mediante la abstención, se ha mantenido la gobernabilidad, a pesar de la inédita y trágica situación vivida.
Uno de los factores más determinantes para la continuidad del gobierno de coalición es el mismo que lo hizo viable y le permitió la investidura: no hay una alternativa posible, con el mandato electoral surgido de las urnas el pasado 10 de noviembre de 2019. Por muchas especulaciones que se hagan desde sectores partidarios de acabar con el gobierno actual, la única posibilidad de Gobierno es la coalición progresista, que se frustró en abril del 2019 por intereses electorales y por falta de tradición, y que después de la repetición de las elecciones en noviembre, pasó, de ser una posibilidad a una necesidad, si no se quería ir a una nueva repetición de elecciones, y a un fracaso democrático sin precedentes.
Evidentemente, fisuras y discrepancias entre los socios las hay, y habrá, sobre todo en ámbitos de alto valor simbólico, como la Monarquía, el GAL, Catalunya, la reforma laboral… Pero UP y el PSOE son conscientes que los poderes fácticos del Estado (Ejército, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Poder Judicial, la Iglesia…) juegan todavía en España un papel predominante que impide aplicar deprisa, o en una sola legislatura, las reformas que serían necesarias para homologar el país a los estándares europeos.
Resistir a la derecha extrema
La oposición descarnada y feroz en plena pandemia de la derecha extrema del PP, la grotesca descalificación del gobierno con mentiras e insultos de VOX, y la más tibia y moderada actuación de Ciudadanos (Cs), que parece retornar al centro, han ido dirigidas al objetivo de intentar derribar el gobierno de coalición. Pero, aunque se pongan de acuerdo en un frente común para hacerlo (lo que desean desde el mismo momento del nacimiento del gobierno) no suman suficientes diputados para hacer viable una moción de censura. Moción, que si supo articular Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, después de los episodios de corrupción del PP.
Por lo tanto, la estrategia de la oposición implica descalificar el gobierno, mantener las acusaciones de ilegitimidad, e intentar que sean los mismos socios gubernamentales los que se peleen y acaben rompiendo el Ejecutivo. Asimismo, estos tres partidos de la oposición se tienen que conformar en mantenerse unidos en las autonomías donde gobiernan, sin que las diferencias más que palpables no les hagan fracasar.
En cuanto a las diferencias también explícitas en el seno del gobierno de coalición, estas han creado suficiente ruido para que la oposición y los enemigos mediáticos las aprovechen para instaurar la crispación en las Cortes y en la opinión pública, e intentar una crisis de gobierno que deteriore la imagen de Sánchez, Iglesias, el resto de ministros y de los partidos que sustentan el gobierno. Por supuesto, una de las armas preferidas ha sido la judicialización de la política, con un montón de denuncias y querellas presentadas en los tribunales contra el gobierno, o alguno de sus miembros.
El gobierno de coalición tiene muchas posibilidades de acabar la legislatura centrándose en su programa, sin caer en la bronca con la oposición; negociando y acordando con los partidos que lo apoyaron y le facilitaron la investidura. Este es el camino, no hay mayorías alternativas, y los acuerdos puntuales con Cs al final del estado de alarma, y con el decreto de la “nueva normalidad” no tienen suficiente entidad para que el partido naranja pueda desplazar al PNV o a ERC como socios preferentes.
Sin embargo, esto no es óbice para que tanto el PSOE, como incluso algún miembro de UP, admitan que no les importaría contar con el apoyo de Cs a los presupuestos, y que están dispuestos a dialogar. La rectificación política tímida de los naranjas de desmarcarse del PP y más claramente de Vox, parece que no será suficiente para votar a favor de los presupuestos por 2021 del gobierno de coalición. Como mucho, Cs se quedará con la abstención si quiere mantener la estrategia de diferenciarse del PP.
Las posiciones ideológicas y tácticas con la cabeza puesta en las próximas contiendas electorales hacen bastante impensable que, con la situación política actual y en este país poco dado a los pactos transversales (a diferencia de las democracias europeas consolidadas), que más allá de los partidos que van hacer posible la investidura, algún partido de la oposición pueda votar afirmativamente los presupuestos del gobierno de coalición. Unos presupuestos, que requerirán muchos equilibrios y renuncias, primero entre los socios de gobierno y luego con las otras fuerzas partidarias de la gobernabilidad y estabilidad, para que obtengan la luz verde.
Pero, todos saben que no se pueden permitir un nuevo fracaso y volver a elecciones; y que difícilmente se pueden compaginar las contradicciones e incompatibilidades que supondría pactar con PNV, ERC y Cs a la vez. Todo ello, no impide que incluso algunos enemigos del gobierno de coalición especulen abiertamente con el deseo más utópico que otra cosa, que después de la pandemia el país necesita un acuerdo del PSOE con el PP. Y ven como un primer paso, el voto favorable de los populares al decreto de la “nueva normalidad”.
El debate de los presupuestos
Este mes de julio coinciden varios acontecimientos que serán determinantes para el futuro del gobierno de coalición y del resto de legislatura. Entre ellos, el diseño de los presupuestos para el 2021, que deberían desterrar definitivamente, los de 2018 de Cristóbal Montoro, del gobierno del PP, prorrogados inauditamente en dos ocasiones. A favor está la mayoría diversa que apuesta por dar estabilidad a la legislatura, y la geometría variable, de pactos y acuerdos a varias bandas, para conseguir su aprobación. El contexto será favorable, con la posibilidad real de unos presupuestos expansivos y con alto contenido social, para poder combatir la grave crisis económica y social a raíz de la Covid-19.
Es cierto que la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales se ha realizado con errores e imperfecciones -el gobierno ha desplegado un importante escudo social, aunque muchos trabajadores y autónomos no han cobrado los subsidios- pero a diferencia de anteriores crisis, esta vez se han tomado medidas en favor de los más vulnerables, y se mantiene intacta la voluntad de seguir por este camino para que nadie se quede atrás. Un camino perfectible y que requerirá mucha financiación. El diálogo social con patronales y sindicatos también ha sido una herramienta fundamental para vehicular de las ayudas. De momento, tanto los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), como las prestaciones para los autónomos se han prorrogado hasta el 30 de septiembre. Y, las partes no descartan que tengan que prorrogar de nuevo, hasta el 31 de diciembre.
Medidas insuficientes todavía, pero que garantizan unos mínimos para que el paro no aumente de forma más alarmante aún y la economía no quiebre. Para encarar la reconstrucción serán muy importantes los presupuestos y sus medidas fiscales y financieras. En septiembre será cuando comience el tramo final de la negociación, para poder aprobar las cuentas y el techo de gasto para el 2021, antes de que termine este año.
El gobierno de coalición fiel a su programa también ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Infancia, la Ley de Libertades Sexuales, y ha superado las enmiendas a la totalidad de Cs, PP y Vox a la nueva Ley de educación, conocida como ley Celaá o LOMLOE. Pero será condición necesaria e imprescindible para la continuidad del gobierno, la aprobación de los presupuestos. El obstáculo más grande entre los socios de gobierno está en las visiones diferentes que mantienen en materia económica y social la vicepresidenta Nadia Calviño y el vicepresidente Pablo Iglesias.
El 9 de julio, el Eurogrupo elegirá un nuevo responsable para sustituir al portugués Mário Centeno. Nadia Calviño es candidata y podría obtener el apoyo necesario por mayoría simple de sus homólogos (posibilidades tiene) para ocupar el cargo. La vicepresidenta económica, si consigue la presidencia del Eurogrupo, será la primera mujer en ocupar este cargo y deberá entonces de coordinar las políticas presupuestarias de los Estados miembros de la zona euro. Habrá que ver como el doble papel en Europa y España de Calviño, si preside el Eurogrupo, afecta las relaciones y negociaciones con Iglesias.
En julio también se han de empezar a dibujar las condiciones del fondo de reconstrucción de la Unión Europea (UE) que puede beneficiar a España con unos 140.500 millones de euros, un 19% del total. Unos ayudas basados en la emisión de deuda pública a gran escala por parte de la UE para hacer frente a la bajada sin precedentes de la economía, que puede caer alrededor del 12% según diversas estimaciones. La mayor parte (2/3) se asegura que serán a fondo perdido, pero condicionados a reformas económicas y la tercera restante serán en forma de préstamos. Habrá que ver pues, como queda la letra pequeña del fondo de reconstrucción y qué márgenes de maniobrabilidad deja el gobierno de coalición para aprobar unos presupuestos en armonía con la UE y con el propio programa del gobierno, que contempla la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) y cargas fiscales a las transacciones financieras y los impuestos a las empresas digitales, conocidos como la Tasa Google.
Entre las reformas económicas que debería emprender España, está la reforma de las pensiones para asegurar la sostenibilidad del sistema. Una reforma que hace tiempo que reclama la UE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Comisión Europea también supeditará el fondo de reconstrucción al impulso de la economía verde y de la digitalización masiva a través de la red 5G.
La Mesa de diálogo
Además de los condicionantes externos, en el campo interno, habrá la reanudación de la Mesa de Diálogo con la Generalitat, para encontrar una salida al conflicto político. Si la Covid-19 se mantiene más o menos controlada (si se ha aprendido la lección y se tiene garantizado el suministro de equipos de protección, mascarillas y medidas sanitarias para controlar los posibles rebrotes) no debería haber ninguna excusa para establecer un calendario a corto y medio plazo, que sin prisa pero sin pausa, permitiera avanzar con el diálogo y llegar a unos mínimos puntos de acuerdo. De hecho, ERC ya vincula la negociación de los presupuestos a la reanudación de la Mesa de Diálogo.
La batalla pública y privada por la hegemonía independentista entre ERC y el PDeCAT no favorece precisamente las conversaciones. El último episodio de la división y discrepancia entre los socios de gobierno en la Generalitat, ha sido la votación en el Congreso sobre el suplicatorio del Tribunal Supremo para juzgar la portavoz de JxCat, Laura Borràs. Los ex convergentes sólo han tenido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. ERC y la CUP, pero también Bildu y el BNG, no han querido participar en la votación, para visualizar que no haya ninguna sombra de duda de corrupción y a la vez denunciar la persecución judicial al independentismo.
Hasta que no se celebren las elecciones catalanas no quedará aclarado el horizonte político en Catalunya, la unidad o desunión del independentismo, y, por tanto, la mayor o menor fuerza de la Generalitat en la negociación con el gobierno español. Unas elecciones, que Torra parece que convocará después de que el Supremo confirme la sentencia por desobediencia, y que podrían coincidir con el tramo final de la negociación de los presupuestos del Estado.
La gobernabilidad en España que siempre ha sido apuntalada por los nacionalismos vascos y catalanes de centro (PNV y CiU) desde la recuperación democrática, en todos los gobiernos de UCD, del PSOE, y del PP, menos los de mayoría absoluta, tiene en el actual escenario político otros socios y partidarios. Se mantiene el PNV y EH Bildu juega un papel de negociación no despreciable. En el caso catalán, ERC ha sustituido a los herederos de CiU. Y, en el atomizado Congreso también son claves para la continuidad de la gobernabilidad otros nacionalismos y regionalismos, como el BNG, los canarios, cántabros y Teruel Existe.
Elecciones en Euskadi y Galicia
Otro acontecimiento importante que puede tener una incidencia en el futuro del gobierno de coalición, aunque en menor medida, es la celebración de las elecciones vascas y gallegas el 12 de julio. Por un lado, en Euskadi las encuestas apuntan a una consolidación del PNV y del PSE, que podrían revalidar el gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu, sumando mayoría absoluta. Sería el tercer mandato consecutivo de Urkullu.
La alternativa, más difícil, es un tripartito de izquierdas, en el caso de que pudieran sumar mayoría absoluta el PSE, con Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, y así desbancar al PNV. Parece que la tendencia que marcan las encuestas prevé una bajada de UP, lo harían inviable. En caso de que la aritmética lo hiciera posible, el PSE no parece dispuesto a formar un gobierno tripartito, que pondría en peligro la relación de los nacionalistas vascos y el PSOE en el ámbito español, y que podría llevar más problemas que alegrías al gobierno de coalición. Tampoco Bildu, por otras razones, como la de exigir la presidencia de la lehendakaritza, estaría dispuesto al pacto.
El mapa electoral en el País Vasco se mantendría pues, estable, con cinco fuerzas políticas, y las previsiones electorales también afirman que la presentación conjunta de PP y Cs tampoco serviría para incrementar el apoyo a estas formaciones. En este caso, pese a la suma de los dos, todo apunta a que tendrá un apoyo bastante inferior a los nueve diputados que consiguió el PP en 2016. Los de Arrimadas no han conseguido nunca hasta ahora hacerse en ningún diputado en unas elecciones vascas, y este acuerdo: con el candidato número 2 por Álava y el 3 por Vizcaya, le podrían suponer sus primeros dos diputados en la cámara vasca. Las encuestas también apuntan que Vox no tiene ninguna posibilidad de obtener representación.
En Galicia, el mapa electoral también es muy estable y menos diverso que en Euskadi. Tienen representación cuatro partidos, y también apuntan los pronósticos que la noche del 12 de julio, el parlamento gallego continuará con cuatro formaciones políticas. Las encuestas auguran que el PP de Núñez Feijóo revalidará por cuarta vez el gobierno, con mayoría absoluta. De cumplirse las previsiones, Galicia se consolidaría como el feudo más importante del PP, donde, además, aquí no ha habido acuerdo con Cs para presentarse conjuntamente. Y donde queda claro que los del partido naranja y la ultraderecha de Vox, tampoco tienen ninguna posibilidad de obtener representación.
En Galicia, el mapa electoral también es muy estable y menos diverso que en Euskadi. Tienen representación cuatro partidos, y también apuntan los pronósticos que la noche del 12 de julio, el parlamento gallego continuará con cuatro formaciones políticas. Las encuestas auguran que el PP de Núñez Feijóo revalidará por cuarta vez el gobierno, con mayoría absoluta. De cumplirse las previsiones, Galicia se consolidaría como el feudo más importante del PP. Y donde queda claro que los del partido naranja y la ultraderecha de Vox, tampoco tienen ninguna posibilidad de obtener representación.
Aquí pesa mucho el voto del extranjero, a través del llamado CERA (Censo de Residentes Ausentes) que en realidad supone por su cifra global, la quinta provincia o circunscripción gallega de casi medio millón de votos posibles, superando los votantes de la demarcación de Lugo y de la de Ourense. Este voto es mayoritario históricamente por el PP, pero la participación de los residentes fuera de Galicia suele ser baja.
La alternativa a Feijóo pasa por un tripartito entre el PSdeG que mejoraría resultados, el BNG que también, y Galicia en Común-Anova Mareas (Podemos Esquerda Unida Anova) que las encuestas apuntan que perderá representación. Vistos los pronósticos, parece bastante improbable que el PP quede desbancado de la Xunta de Galicia. Ahora bien, en ambos casos, hay que tener en cuenta que serán las primeras elecciones después de todas las consecuencias que ha traído la pandemia del Covid-19, y habrá que ver cómo todo esto afecta a la participación. De momento están aumentando las peticiones de voto por correo.
Sobre todo, el resultado en Galicia, si fuera desfavorable al PP, supondría un nuevo inconveniente más a las aspiraciones de Pablo Casado para construir una alternativa viable al gobierno de coalición. Precisamente, Casado, tras la férrea oposición, ahora que ha pasado lo peor de la pandemia, intenta escenificar una voluntad de acuerdos económicos con el PSOE de cara a la reconstrucción, e incluso, en el PP empiezan a hablar de diálogo futuro por los presupuestos. Unos cantos de sirena, que ya veremos si se mantienen tras las elecciones en Euskadi y Galicia. Para el PSOE y UP, si el PP perdiera la Xunta de Galicia, representaría una alegría inesperada que reforzaría el gobierno de coalición.
Proyección internacional de tres ministros
El presidente español también tiene en mente la promoción internacional de otros dos ministros. Además de Calviño, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, podría aspirar a dirigir la Agencia Espacial Europea (ESA) y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el caso de González Laya, España tiene de plazo hasta el 8 de julio para presentar formalmente su candidatura.
En el caso de Pedro Duque, tiene casi un año por delante, ya que hasta junio de 2021 no se producirá el relevo del director general de la ESA, y el proceso de renovación aún no se ha abierto.
La crisis sanitaria, y la económica y social a raíz de la pandemia, ha fortalecido unos ministros, y ha debilitado otros. Una manera de fortalecer el gobierno de coalición, además de la imprescindible aprobación de los presupuestos, sería reactivar el gobierno a través de una remodelación. Una remodelación, que no debería limitarse a sustituir los ministros más desgastados, sino que debería ir en línea con otros gobiernos europeos, y que podría ser aprovechada para hacer una mayor concentración de carteras, y, por tanto, una reducción de ministerios.
Serviría para predicar con el ejemplo, y dar un mensaje claro a la ciudadanía, que, esta vez, no será como siempre, que la crisis no la paguen solo los más vulnerables y las clases medias. Aunque daría un mensaje mucho más positivo a la sociedad que, entre los ajustes económicos que seguro que los habrá, hubiera una rebaja del sueldo de los altos cargos públicos, empezando por el presidente y los ministros. Una “nueva normalidad” o anormalidad, que es la que la mayoría de gobiernos de coalición de centro en Europa, llevan practicando muchos años. España ha tardado cuarenta y tres años en tener su primer gobierno de coalición. Y tal vez harán falta aún varios años más para consolidar los estándares democráticos europeos y para convertirse en un Estado federal o confederal.
