El Parlament de Catalunya ha dedicado unas cuantas horas a debatir sobre el modelo de residencias para la tercera edad en un plenario celebrado este martes, tras la gran afectación que ha tenido la Covid-19 en estos centros. A propuesta de los grupos y subgrupos de PSC, CEC-Podemos, CUP y PPC, la cámara ha debatido sobre la gestión de la pandemia en las residencias. La oposición ve necesario investigar los errores, mientras que el Govern ha defendido la gestión y ha hecho autocrítica a la vez.
Sin embargo, ha quedado claro un consenso general en la necesidad de transformar el modelo. Han hecho referencia a este hecho tanto los grupos de la oposición como los que integran el ejecutivo. El portavoz de Junts per Catalunhya en la comisión de investigación creada mismo martes, Josep Maria Forné, ha reconocido la necesidad de “no sólo investigar el presente, sino considerar el modelo”. En el pleno, los republicanos El Homrani y Vergés han hablado de un “operador público que integre la vertiente social y sanitaria” como herramienta de gestión futura.
La oposición insta a repensar el modelo residencial
La necesidad de cambiar el modelo de residencias ha sido el hilo común de las primeras intervenciones, a cargo de los grupos y subgrupos que pidieron este debate monográfico.
Raúl Moreno (PSC-Units) ha defendido la necesidad de “cambios sustanciales después de lo que hemos vivido”, e instó al Govern a “tomar en serio las conclusiones” que se deriven tanto del debate parlamentario como de la comisión. “Si se hubieran dado las consideraciones que hemos aprobado durante estos años, la situación habría sido diferente”, ha acusado Moreno, quien ha hablado de “situar el sector donde le toca” y de “reconocer la labor de sus profesionales”.
Jéssica Albiach, en representación de Catalunya en Comú-Podems, ha asegurado que “nos estamos jugando el derrumbe del estado del bienestar o su reforzamiento como proyecto colectivo”. Según la diputada hay que “revertir la lógica neoliberal que te convierte en una carga cuando ya no eres productivo ni consumidor” y evitar que las residencias sean “aparcamientos de personas mayores con la que algunos se hacen ricos”. “Nos merecemos un sistema público de residencias que sean hogares comunes, unidades de convivencia donde poder seguir desarrollando proyectos vitales y establecer una nueva etapa vital“, ha apostado.
En la misma línea, Vidal Aragonés (CUP) ha opinado que “ningún gobierno de la Generalitat ha querido apostar por una red pública de residencias”. Según el diputado, “el colapso no tiene origen en la Covid-19 ni en su gestión, sino en los elementos que determinan el modelo: aprovechamiento de la gestión privada para infradotar presupuestariamente a las residencias, las condiciones de las trabajadoras y un sistema de inspección que no es útil”.
El representante del PPC, Santi Rodríguez, ha pasado de largo de la problemática de la gestión pública o privada: “No es un problema de titularidades, sino de modelo”, opinó. Rodríguez ha asegurado que “configuramos las residencias como una extensión de los domicilios y no como hospitales” y que “hay que abordar el debate”.
La líder de la oposición, Lorena Roldán (Ciudadanos), ha agradecido las explicaciones de los consejeros pero cree que “no basta con reconocer los errores, hay que aprender”. Se ha mostrado abierta a alcanzar “soluciones desde la unidad y la responsabilidad por el bien de nuestros mayores”, pero luego acusó al gobierno dirigido por Torra de dejar la pandemia en un segundo plano “porque han seguido gobernando para el Procés y para la autodeterminación “.
Torra defiende la gestión y contextualiza la crisis
El presidente Quim Torra ha sido el primer miembro del gobierno a intervenir y ha contextualizado la gravedad de la situación vivida en las residencias catalanas: “Ha afectado a todos los sistemas residenciales de Europa de la misma manera”, ha asegurado. En cuanto a la gestión ha defendido la rapidez con que actuaron: “El 6 de marzo se recomendó no hacer visitas a las residencias, hicimos regular su número y extremar la higiene. Actuamos desde el primer minuto”, ha dicho.
Si bien el presidente lamentó las más de 4.000 muertes en los centros catalanes, que supone casi el 7% de los residentes, ha hablado de una transparencia que no encuentra en los datos del gobierno español: “El Estado ha cerrado en falso los datos de traspasados en residencias y domicilios”.
El jefe del ejecutivo ha criticado la postura de algunos grupos parlamentarios que “hoy se quejan pero forman parte de gobiernos en otras comunidades autónomas con los mismos y desgraciados efectos de la pandemia y, en la mayoría de casos, peores”. Torra también ha acusado al Estado de una “infrafinanciación que ha sido un condicionante” en la crisis de la pandemia en los centros residenciales para personas mayores.
En una larga intervención, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha reconocido la necesidad de hacer “una mirada autocrítica para dar una mejor respuesta”. Por ejemplo, ha reconocido que habría sido necesario cerrar las visitas a los centros residenciales antes de lo que lo hicieron. También se ha mostrado abierto a revisar el modelo actual: “Tenemos que hacer un rediseño con un operador público que integre la vertiente social y sanitaria”.
El Homrani ha valorado positivamente el plan de contingencia para proteger las residencias en caso de un rebrote o nueva ola de coronavirus en otoño, aprobado recientemente de la mano de la consellera de Salud, Alba Vergés, y que incluye la reserva de plazas vacías, la sectorización y creación de circuitos dentro de los espacios residenciales o un refuerzo del personal sanitario de atención primaria valorado en más de 15 millones de euros.
Vergés también ha insistido en la idea de una agencia pública que controle el sistema residencial e incluya la vertiente más laboral, social y sanitaria. “Tenemos que repensar cómo queremos cuidar y atender a los ancianos, pero no conceptualmente. Debemos avanzar para planificar y gestionar conjuntamente el territorio”, ha dicho la consellera de Salud.
Una comisión del Parlamento investigará la cuestión
Poco antes del inicio del pleno se ha constituido una comisión de investigación que analizará la situación de las residencias para personas mayores durante la pandemia del coronavirus. La propusieron a mediados de mayo los grupos parlamentarios de Cs, PSC-Unidos, CatECP, CUP y PPC y todo el arco parlamentario votó a favor.
En efecto, Santiago Rodríguez (PPC) ha defendido en su intervención que la comisión tendrá “un formato más pausado pero más intenso para profundizar en lo que ha pasado, las responsabilidades y las soluciones”. Una de las temáticas que se tratarán, tal como ha avanzado Jéssica Albiach (CEC-Podem), será “la prohibición de traslado de residentes a la UCI o el retorno forzado para aplicar paliativos cuando no son centros sanitarios”.
La comisión estará presidida por Vidal Aragonés (CUP-Crida Constituent), que ha asegurado que “hemos constituido esta comisión porque no queremos que nunca más vuelva a repetirse una situación como la vivida entre marzo y mayo de 2020”. Aragonés ha expuesto el objetivo de la comisión: “El análisis y la investigación de formas de gestión de residencias durante la crisis de la Covid-19 presta especial atención a proteger la vida y mantener la vida digna”. El resto de la mesa la componen la vicepresidenta Najat Driouech (ERC) y Elisabeth Valencia (Cs) como secretaria.
Será en este espacio donde diferentes entidades del sector del cuidado a las personas mayores -las patronales FEATE y ACRA y las entidades Edat i Vida, Llars per Viure i Sumar- podrán intervenir. En un principio debían hacerlo en el pleno del Parlamento, pero la junta de portavoces, siguiendo las indicaciones de los letrados de la cámara, han acordado posponer las intervenciones a la comisión para que disfruten de más tiempo y profundidad.
