Roger Fe es responsable del Área de Atención Social del Centro Assís, en Sarrià-Sant Gervasi. Asegura que “hay familias que antes no venían al reparto de comida, algunas han venido con niños pequeños y se han puesto a llorar en la cola”. Como centenares de entidades de la ciudad, esta asociación ha tenido que dar una respuesta de emergencia ante la pandemia y priorizar el suministro de alimentos, paralizando actividades, como los planes de formación, entre ellos, un curso de jardinería que imparte con la Universitat de Barcelona.
Los profesionales del tercer sector consideran que esta pobreza tiene un origen estructural que ha derivado en la economía sumergida y en un mercado de vivienda especulativo: “Hay gente que cobra y que no puede pagar una habitación. La pandemia ha dejado ver que esta situación es inestable. Las personas más vulnerables son madres solteras, trabajadoras del hogar y los cuidados, camareras y mujeres que sufren violencia machista”, señala Fe. Desde el inicio del confinamiento, el centro Assís ha aumentado cerca del 30 por ciento el número de personas atendidas, hasta alcanzar las 150 para desayuno y menús y las 45 en duchas y ropero.
Otro modelo es el que lleva a cabo en el barrio de Sant Antoni la ONG De Veí a Veí, que proporciona cestas quincenales con comida y artículos para la higiene y la limpieza del hogar. Para hacer un seguimiento y evitar aglomeraciones, toman los datos de los vecinos y les citan con día y hora, además de atender a quienes se acercan por primera vez.
Las cifras de De Veí a Veí hablan por sí solas: Si antes de la pandemia distribuía 2,5 toneladas de productos al mes, ahora reparte más de 70 toneladas. En marzo empezó a dar 1.000 menús semanales por las tardes, y ya superan los 2.500. Ha pasado de tener 110 usuarios recurrentes de la zona a 450 que vienen de diferentes lugares de la ciudad, y ha duplicado el número de voluntarios, hasta alcanzar el centenar.
Sean organizaciones pequeñas, medianas o grandes, todas ellas coinciden en la descripción del nuevo perfil que atienden a raíz de la crisis del coronavirus. La responsable de Análisis Social de Càritas Diocesana de Barcelona, Miriam Feu, afirma que “con la Covid hemos visto un aumento de personas que no se hubieran imaginado nunca que tuvieran que buscar ayuda en una entidad social porque ya iban tirando. Dentro de la sociedad no excluida, hay un colectivo, una sociedad insegura que tenía un empleo precario, como trabajos de pocas horas, contratos de una semana, o contratos parciales, con un sueldo muy bajo, que podían ir subsistiendo y que se han quedado sin nada”.
Los servicios de primera respuesta de Càritas asistieron entre abril y mayo a 10.710 personas, de las que el 50 por ciento no había acudido nunca, o bien hacía muchos años que no recurrían a ellos. “Necesitan ayudas económicas, alimentación, asesoramiento jurídico… Prestamos mucha atención a las madres monoparentales, que son un perfil muy vulnerable tradicionalmente”, sostiene Feu. “Nuestro modelo socioeconómico tiene unas debilidades muy evidentes y con la Covid se han puesto de manifiesto la precariedad laboral y quienes son los primeros en quedar desprotegidos. Hay un nivel insuficiente de prestaciones que, además, dejan fuera a mucha gente. Las personas en situación irregular no tienen ningún tipo de retribución y, a nivel distributivo, las desigualdades son evidentes. Tenemos que poner los esfuerzos en que el mercado laboral resurja con trabajos dignos”, remarca. Como consecuencia de esta mala distribución de la riqueza, un 41 por ciento de los hogares atendidos por Càritas no puede llevar una alimentación adecuada.
En esta misma línea, la ONG Nutrición Sin Fronteras ha aportado en cuatro meses más de 309.900 raciones, que equivalen a 79 toneladas, muy por encima de las 238.056 raciones del conjunto de 2019. Colabora con 28 entidades de Barcelona y el área metropolitana, como De Veí a Veí o las nuevas Redes de apoyo mutuo que han surgido a nivel de barrio desde marzo. Si antes de la pandemia aportaba el excedente de restaurantes y hoteles, ahora, con el cierre de estos, consigue los platos gracias a empresas e iniciativas solidarias. Durante los tres meses más duros del confinamiento, llegó a cerca de 8.000 usuarios.
Gran parte de los comedores y entidades sociales de la ciudad se nutren del Banco de Alimentos, que en los tres meses transcurridos desde el 14 de marzo ha distribuido 5,2 toneladas de comida, que han llegado a un promedio de 160.000 personas cada mes, lo que supone un crecimiento del 40 por ciento.
“La crisis económica quedará en nada en comparación con la crisis social”
La Iglesia Evangélica de Gràcia cuenta con una decena de voluntarios y reparte alimentos los jueves por la mañana, sobre todo a vecinos del barrio. Solía apoyar a unas 40 personas, pero en cuatro meses la cifra se ha duplicado, sin tener en cuenta otras acciones, como las dedicadas a sinhogarismo o a los hijos de familias necesitadas. “Cada semana tenemos casos nuevos. Hemos pasado de tener grupos muy fijos a tener, progresivamente, más gente. Las familias están viviendo un momento difícil por la falta de trabajo. Muchas lo han perdido por la pandemia y otras no han cobrado nada y no tienen ingresos. Los que tienen algo de dinero, lo dedican a mantener el piso y, por eso, piden ayuda para alimentos”, explica Noemí Cortés, responsable del área de Acción Social de la iglesia.
La parroquia de Santa Anna, en Ciutat Vella, atendió durante la época más dura del confinamiento a 250 personas que hacían largas colas en la calle desde primera hora de la mañana. Ahora vienen un centenar, repartido en tres turnos, entre las 11 y las 15 horas, mientras que las otras 150 se han derivado a Càritas. Han habilitado tres mesas alargadas en el claustro donde los comensales guardan una distancia de dos metros y, al finalizar, se llevan una bolsa con comida para el resto de la jornada. Adrià Padrosa, educador social y coordinador de voluntarios, destaca que “se presenta un año complejo. La crisis económica quedará en nada en comparación con la crisis social. Hay gente que nunca había pedido ayuda, he visto cómo hacían cola, con los ojos llorosos, no sabían dónde ir, si a Càritas, a servicios sociales, o a dónde”.
También en la fundación Arrels, que acompaña a personas sin hogar, han notado el aumento de consultas de gente que teme quedarse en la calle en los próximos meses. Carla Ramos es educadora del centro abierto de la calle Riereta, en el Raval, donde también proporcionan orientación. “Ha venido gente que ha acabado en la calle porque tenía una situación precaria, con un trabajo poco estable y por temporadas. Un mínimo de estas personas está en la intemperie por primera vez, no por desahucios sino porque estaban en una habitación de realquiler, por ejemplo, que es otro tipo de precariedad de vivienda”. Si bien Arrels es conocida por acoger a personas con una situación más cronificada, “sí ha llamado a la puerta un perfil autónomo con capacidad para trabajar pero que se ha quedado sin ingresos durante tres o cuatro meses”.
¿Del ERTE al ERE?
Los sindicatos hacen hincapié en el caso de los trabajadores que reciben el ERTE pero que siguen teniendo dificultades para hacer frente a los servicios básicos. El secretario de Política Territorial, Acción Social, Barcelonès y Migración de Comisiones Obreras de Catalunya, Toni Mora, apunta que “hay una emergencia social porque se ha incrementado el nivel de vulnerabilidad de la gente”. “Ahora que estamos en una supuesta nueva normalidad, no vemos la salida que se nos venía anunciando. La Covid no nos deja ni nos dejará en unos meses y vemos que las inversiones de las empresas están paradas y que hay un desconcierto de la administración. Nuestras propuestas van en la línea de reforzar elementos de reforma estructural”.
Para Mora, “hay una situación de emergencia social en que los ayuntamientos están desbordados y se han autocreado redes sociales que no tienen suficiente capacidad. Necesitamos más coordinación entre las administraciones y diálogo social, más allá de los eslóganes de que vamos a salir de esta”. Desde CC.OO., piden aplicar la ley de extranjería para que, en casos excepcionales como el actual, se regularice la situación de ciudadanos que hace años que viven en el país y se ven obligados a trabajar en la economía sumergida. “El Ingreso Mínimo Vital es un buen instrumento, pero nos encontramos con falta de recursos y falta de coordinación entre la Generalitat y el Gobierno del Estado, y sería muy negativo que al final no tuviera un efecto real sobre los más vulnerables”, agrega Mora.
Del mismo modo se pronuncia la secretaria de Políticas Sociales de UGT de Catalunya, Enriqueta Durán, para quien “la pandemia ha puesto de relieve una precariedad que ya existía”. “La administración del Estado es muy subsidiaria: los ERTE han conllevado una minorización de las nóminas y la mayoría se pagan tarde y mal, además de que suponen el 70 por ciento del sueldo. Cabe el riesgo de que muchos de estos ERTE se conviertan en ERE”.
Según Durán, las prestaciones económicas son bienvenidas, pero si no vienen acompañadas de una buena gestión, no llegarán a quienes las necesitan: “Ha sido un desastre la implementación del Ingreso Mínimo Vital (estatal) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (catalana). Hay que reforzar los planes de ocupación porque la gente merece tener un trabajo digno, y si esto no se refuerza cada vez habrá más pobreza”. Como ejemplo, recuerda el estudio de Oxfam Intermón que alerta del aumento de 90.000 nuevos pobres en Catalunya.
Una cuestión de derechos
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, la Comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, subraya que “lo que hemos vivido es la expresión de lo que ocurre cuando algunas personas están en situación de precariedad y viven al día, y se han quedado sin trabajo o están con ERTE. Se ha dado una situación de excepcionalidad y no tienen economía suficiente para sobrevivir más allá de una semana”.
Fuertes pone en valor el esfuerzo a contrarreloj de los servicios sociales del consistorio, que en los cuatro primeros meses del confinamiento asistieron a cerca de 44.500 ciudadanos, un 20% de los cuales no había necesitado hasta entonces esta atención o hacía más de un año que no la había requerido. El 70% corresponde a mujeres y la mitad tiene entre 31 y 50 años. De marzo a julio, se han otorgado casi 18.800 ayudas de emergencia por valor de 8 millones de euros, y el número de menús diarios repartidos, en cooperación con las entidades sociales, ha pasado de 3.800 en marzo a 7.200 en julio.
Fuertes apuesta por evaluar las necesidades sociales consecuencia de la pandemia desde la óptica de los derechos y cree que la respuesta pasa por que haya “una garantía de ingresos que tiene que llegar a todas las personas”, en referencia al ingreso mínimo y a la renta garantizada. “Hace falta un mejor sistema de protección social que incluya una vivienda digna, ingresos suficientes y calidad en la ocupación. Así, si el empleo se tambalea pero están garantizados estos ingresos y la vivienda, el punto de partida no es tan débil”, concluye.
