El próximo día 19 de octubre se celebrará la subasta de locales y espacios situados en la zona litoral de Barcelona, frente al hotel Arts, por parte de la Hacienda Pública. Hasta aquí todo puede parecer normal, pero en realidad es la mayor operación especulativa urbanística de los últimos 30 años. Aunque debería ser “menos normal” si les digo que este patrimonio que está a la venta pertenece al sector público, teóricamente, pertenece al bien común. Me explico para entender la historia: en 1989, cuando Barcelona se preparaba para ser la “Ciudad Olímpica”, para encararse hacia el mar, fueron realizando obras importantes. Grandes infraestructuras que se financiaban con las arcas del Ajuntament, y que las barcelonesas y los barceloneses estuvimos pagando durante muchos años, con el sobrecoste de créditos copiosos.
Con el objetivo de ir recuperando parte de las inversiones, se construyeron diferentes locales y equipamientos que el consistorio en algunos casos iba alquilando. Para entender todo esto, es fundamental añadir que toda la fachada marítima de la ciudad, es decir, lo que se denomina Zona Marítima Terrestre (ZMT), pertenece al Estado Central a través de sus ministerios.
Para realizar todas esta remodelación de la fachada marítima de la “Ciudad Olímpica”, y dado el ámbito competencial, el ministerio de Medio Ambiente y Costas estableció una concesión por 30 años a favor del Ajuntament de Barcelona. Dicha concesión finalizó el 27 de junio de 2019: momento en que el Estado central dio por extinguida la misma y por desafectar estos espacios, generó un contrato de alquiler por un año, pero en este caso, directamente con las empresas arrendatarias que hacían la actividad económica. Pasado este año, es decir, en el actual momento, Hacienda decide hacer una subasta de una parte de todos estos espacios, locales y aparcamientos.
En este contexto también hay que enfatizar que durante todo este tiempo la dirección general de Patrimonio del Estado ha mantenido reuniones con las empresas. Encuentros en los que, por cierto, el Ajuntament de Barcelona no ha asistido. ¿No había interés o bien ya tenía claro el destino, que ahora ya conocemos parcialmente?
Como vecinas y vecinos de Barcelona, estaría bien que el equipo de gobierno del actual Ajuntament nos explicara por qué este desinterés de una parte importante de nuestra ciudad. Pregunta que por cierto, se le ha hecho en la última comisión de Ecología Urbana y que de momento no ha respondido.
Me surge otra pregunta, inocente: ¿quien ha decidido renunciar a todos los derechos, jurídicos y económicos, que corresponden al Ajuntament, como titular de la concesión inicial, en la que la inversión, mantenimiento y otros, han sido pagados por la ciudadanía de Barcelona?
Hablamos de muchos millones de euros y también del dominio de toda una zona que juega un papel importante en el futuro Plan Litoral de la ciudad de Barcelona. ¿Quien ha decidido, ocultar la información, de toda esta macrooperación?
Para atarlo del todo, es muy posible que el grueso más importante de la operación de venta vaya a manos de un “fondo buitre”, hecho del todo incomprensible en un gobierno de izquierdas.
Socialistas y Comunes: ¡todo esto es un escándalo mayúsculo, que tiene nombres y apellidos! Es necesario que asumáis responsabilidades y defendáis los intereses de las ciudadanas de Barcelona, deteniendo la subasta de la vergüenza- Legalmente podéis y deberíais hacerlo, por la salud, la transparencia y la defensa de lo público.
La operación especulativa: doblar el precio de salida
Ante este hecho ya muy hilvanado: ¿qué puede hacer el gobierno municipal? Pues muy sencillo: hacer valer su condición de concesionario real, tal como ha sido durante los 30 años. Además, puede detener la subasta precisamente porque ésta no recoge toda la inversión hecha por las barcelonesas en su precio de salida, de casi 70 millones de euros, que seguramente acabará doblando a la subasta, llegarán a unos 140 millones de euros. Por eso este precio de salida ni responde al valor que debería tener. Finalmente es una cuestión también puramente de voluntades e intereses.
Como son las cosas: el jueves pasado 8 de octubre, Barcelona ha tenido la visita del ministro Ábalos, diciendo que aportaría 65 millones de euros para un programa de vivienda en la ciudad. Pero se ha olvidado mencionar que, por otro lado, se llevará más de 100 millones de toda esta operación de la subasta, con el beneplácito del gobierno municipal.
¿Dónde están aquellas defensoras de la participación y máxima transparencia, en lo público? Cabe también destacar que ninguna de las dos administraciones, la central y la municipal, ha facilitado una brizna de información a las preguntas que hemos hecho, que han quedado pendientes de respuesta.
Alcaldesa y Tenencias de Alcaldía: recordad aquella expresión tan vuestra de “La ciudad no está en venta”, pues incluso tenéis algun “fondo buitre” por medio. Se ha defendido el patrimonio de nuestra querida ciudad. Os emplazo a detener la subasta: hablemos y decidamos entre todas como debe ser el litoral de nuestra Barcelona.
