El proceso independentista toma una deriva autoritaria y derechista que, además, conlleva la constante ruptura con el Estado español y la quiebra de los principios constitucionales de “justicia” e “igualdad” que presiden la democracia española. Y, más aún, obstaculiza gravemente el imperativo constitucional de que la igualdad sea “real y efectiva” para todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya y España. Es evidente, si se analiza la carencia de políticas sociales de los Gobiernos catalanes desde 2012, en que se emprende, casi como único objetivo, el desarrollo del Procés y la dedicación masiva de fondos públicos al objetivo prioritario y casi exclusivo de la independencia.
Pero, demás, es muy preocupante que el fundamento ideológico del soberanismo esté dominado por las teorías autoritarias sobre la construcción y desarrollo de un Estado. Análisis, que sería perfectamente aplicable a la Ley 20/2017, aprobada por el Parlament en aquella antidemocrática sesión del 7 de septiembre de 2017. En ella, se anula el principio democrático de división de poderes, se reduce drásticamente la independencia judicial y se concede la amnistía-prohibida constitucionalmente-a quienes hubieran sido condenados por la causa de una Catalunya independiente. Un verdadero ataque a la democracia ahora vigente en la perspectiva de una supuesta República autoritaria, de rasgos fascistas.
Pero, en todo este proceso concurren circunstancias políticas y sociales que, a mi juicio, no han sido debidamente destacadas.
Conforme a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la ejecución del proceso independentista está, en su conjunto, en flagrante contradicción con los derechos y fines de una sociedad democrática. Entre otras razones, porque de las Leyes entonces aprobadas-ya anuladas-y de las declaraciones de sus dirigentes no se desprende en absoluto “promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. Más bien lo contrario, pues en el ejercicio de los derechos humanos en Catalunya se hacen “distinciones” por razón de la “opinión política”, se producen “injerencias arbitrarias” en la vida privada, la familia y el domicilio de quienes disienten o se oponen a la ideología, minoritaria, independentista.
Ya lo dijo el candidato del PSC, Salvador Illa: “No hay nada peor que sentirte exiliado en tu propio país”. Lo que es público y notorio desde determinadas actuaciones públicas y medios de comunicación que, abiertamente, marginan u ofenden a quienes, en el ejercicio del “derecho a la libertad de pensamiento” no comparten dicha ideología. La consecuencia práctica es que una parte muy importante de la sociedad catalana no vive en el marco “del bienestar general (propio) de una sociedad democrática”. Es muy grave y directamente atribuible y reprochable a los gobiernos catalanes, desde Puigdemont hasta ahora.
Pero la gravedad de la situación va mucho más lejos. Los actuales gobernantes y los prófugos de la Justicia, en la medida en que apoyan del actual Govern, deberían conocer y ser conscientes de que dicho Govern, además de las violaciones de derechos ya mencionadas, están actuando con “una violación grave y persistente” de los valores de la UE proclamados en el Art. 2 del Tratado de la UE. Como son, la “dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, y el respeto de los derechos humanos”. Valores comunes a una sociedad caracterizada por “el pluralismo, la prohibición de discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres”.
Por el contrario, dichos gobernantes, tan europeístas como se proclaman, vulneran, a diario, sin mayores consecuencias, los Principios y Derechos que hemos citado. Entre otros, la libre circulación de los ciudadanos, que impiden desde hace meses los cortes de la Avenida Meridiana, ante la absoluta pasividad de las autoridades. Cortes que infringen abiertamente la Ley reguladora del derecho de reunión de 1983 y sancionables, al menos, por la autoridad administrativa competente.
Por otra parte, es inadmisible que partidos que se definen de izquierda, ante la crisis colosal que sufren las personas y familias de las clases medias y bajas, antepongan su alianza con los partidos responsables de esa crisis a la creación de una nueva identidad catalana, que debe tener su eje en las clases populares y que se fundamenta en la solidaridad con los pueblos de España, que padecen la misma crisis que los trabajadores y trabajadoras catalanes.
Creo que es un buen momento para rememorar a quienes, dirigentes del PSUC, formularon otro catalanismo que era la antítesis del actual nacionalismo de derechas. Nos referimos al ‘catalanismo popular’ tan bien definido por Antonio Gutiérrez Díaz en 1980; sí, hace mucho tiempo, pero mucho más coherente con una política de izquierdas. Decía así: “La Catalunya de hoy es la Catalunya de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase. (…) No debemos caer en la trampa de dejarla en manos de aquellos que la quieren para disimular que las tienen sucias. (…) Y frente al catalanismo instrumental de la derecha opondremos un catalanismo popular de progreso. (…) Frente a la retórica gesticulante y vacía de la derecha catalana (una derecha estrechamente ligada con la derecha española: ¿a quién se le olvidan los Pactos del Majéstic?) haremos avanzar Catalunya por la vía de un catalanismo popular que evite las divisiones de nuestra colectividad, que acabe con las provocaciones interesadas del ultranacionalismo chauvinista”.
¡Qué gran actualidad tienen estas palabras! No podemos tolerar que el nacionalismo catalán o español (son muy similares por más que traten de ocultarlo) avance en franco y gravísimo perjuicio de la sociedad catalana y, en particular, de las clases populares.
Decía Antonio Machado, ya en vísperas de su exilio y muerte: “la lengua catalana, donde yo creo sentir la montaña, la campiña y el mar, me deja ver algo de estas mentes iluminadas, de estos corazones ardientes de nuestra Iberia”.
Carlos Jiménez Villarejo es miembro de Federalistes d’Esquerres
