Lluís Filella Carballo nació en 1953 en el barrio de Gracia de Barcelona, donde vivía con sus padres y sus abuelos maternos. La vocación de servicio público la heredó de la familia, ya que el abuelo materno había sido guardia civil (y defensor de la República con el general Escobar en 1936), y tanto su padre como el abuelo paterno eran bomberos del Ajuntament de Barcelona.
Su padre murió cuando él tenía dos años en accidente laboral por unas emanaciones de gases en una vaquería del barrio, y la madre trabajaba como modista, cosiendo a todas horas, ya que la pensión de viudedad era escasa. Sí que le ofrecieron, como viuda, que su hijo tuviera los estudios básicos obligatorios pagados, y la madre eligió la Salle Josepets, en la plaza Lesseps.
Lluís decidió ser maestro a los 14 años. Los sábados por la tarde iba con los hermanos de la Salle como monitor de catequesis, realizando diferentes actividades de ocio, en el barrio de Sant Roc de Badalona. “Era un barrio gitano muy estigmatizado y con muchas carencias. Tomé conciencia de clase, de momento de manera individual, de la importancia del hecho educativo como forma de emancipación de las personas, de ayudarlas a crecer. Yo era de clase trabajadora, pero vi a gente de una clase, lo que llamábamos lumpenproletariado, con una situación económica y unas condiciones de vivienda, con las barracas, que eran peores que las que yo tenía”. Los dos años siguientes hizo de monitor en las barracas de Francisco Alegre, cerca de los bunkers del Carmel. Representaban obras de teatro, hacían gincanas y también iban de colonias, y en ese período se acabó de convencer de que quería dedicarse a la enseñanza.
Terminó el Bachillerato a los 16 años y estudió Magisterio. Trabajaba de día e iba a clase en horario nocturno y, mientras hacía la carrera, entró en la escuela Patufet Sant Jordi de Hospitalet de Llobregat, una cooperativa de padres y maestros muy avanzada pedagógicamente. En 1972 obtuvo el título de Magisterio en la escuela Normal de Sants y en 1974 se sacó las oposiciones.
Cuando le ofrecieron ir a la escuela Font dels Eucaliptus de Torre Baró, vio la oportunidad de poner en práctica lo que ya había debatido con los compañeros de clase en las comisiones de maestros. Se trataba de un barrio de gente trabajadora donde muchas casas y barracas no tenían libros porque casi no tenían para comer, y en el vecindario había problemas de drogas. El absentismo escolar estaba a la orden del día, y el reto como maestro era evidente. “A mí se me abrió el cielo para entrar en la escuela pública con las oposiciones ya hechas y con la posibilidad de poder trasladar todo lo que había aprendido en la Patufet Sant Jordi fue un regalo”.
Las permanencias
Sus primeras reivindicaciones laborales corresponden a esta época. La frase “pasas más hambre que un maestro de escuela”, que él oía desde que era pequeño, tenían que ver con los bajos salarios del sector, y la manera de compensarlo era a través de lo que se llamaban las permanencias. “El profesorado se quedaba una hora más, de 12 a 1, o de 5 a 6, con sus alumnos en el aula, una hora que cobraba directamente de las familias en negro. Si tú tenías 40 alumnos, a 100 pesetas por alumno, eran 4.000 pesetas (24 euros), y si tenías 50, eran 5.000 (30 euros), en una época en que el sueldo del maestro estaba en torno a las 13.000 pesetas (78 euros) en neto al mes”.
Maestros como Lluís Filella Carballo pedían suprimir las permanencias y aumentar el salario legal, así como evitar que hubiera 50 alumnos por maestro (en la actualidad son 25) y crear más escuelas y más plazas docentes. En 1977 se produjeron las primeras elecciones sindicales tras la muerte de Franco y, aunque los profesores de la escuela pública tuvieron que esperar 10 años más para hacer comicios, sí se fueron organizando por zonas y provincias para coordinarse a nivel estatal.
“Esta representación paralegal nos permitió plantarnos ante el Ministerio de Educación y Ciencia, que al principio no nos escuchaba, pero después de algunas movilizaciones puntuales, accedió a hablar con estos representantes del profesorado. Durante semanas, acampamos cinco personas ante el Ministerio, en Alcalá 34, y cada tres días venían cinco personas para sustituir a los anteriores. En aquellos momentos, lo que reclamábamos era de supervivencia básica: mejoras salariales y de condiciones laborales”.
“En mayo del 78 se firmó un acuerdo con el Ministerio que, entre otras cosas, incluía una pequeña concesión retributiva, que es lo que se llamó dedicación exclusiva del profesorado, y la prohibición absoluta de las permanencias. El profesorado empezó a tomar conciencia de que no era a través de las propinas, sino a través de la Administración, como funcionarios, que tenían que mejorar las condiciones laborales. Nos costó cuatro años, pero al final quedó aprobada por ley la prohibición de las permanencias”. En paralelo, desde mediados de los años 70 se iban construyendo más escuelas, se bajaba la ratio de alumnos por docente y se incorporaba mucho profesorado joven.
En 1977, con 24 años, se afilió al PSUC, en parte como respuesta a la matanza de los abogados de Atocha en Madrid en manos de un comando de ultraderecha, y al sindicato CCOO, al que pertenecían gran parte de los padres y madres de sus alumnos. Dos años después entró a formar parte del Consejo de la Federación de Enseñanza de CCOO, y fue secretario de Organización hasta 1982. “Nuestro objetivo era ir haciendo extensión territorial porque en ese momento estábamos en Barcelona, L’Hospitalet y el Vallès. El objetivo era siempre el de celebrar elecciones sindicales”.
La ruptura del PSUC entre eurocomunistas y prosoviéticos, que crearon el Partido Comunista de Catalunya (PCC), lo “descolocaron”. “A nivel de amistades tenía mucha gente en el PCC, pero a nivel más mental me sentía más cercano a la gente euro. ¿Qué pasó? Que no me fui ni con unos ni con otros. Continuaba en CCOO, pero me retiré un poco de la primera línea”. En aquella época pasó a ser maestro en la escuela Tomàs Moro del polígono Canyelles, se licenció en Pedagogía y estudió cuatro años de Filología Catalana.
Elecciones en la enseñanza en 1987
Después de cinco años fuera de la primera línea del sindicato, en 1987 se anunciaron las elecciones sindicales en la enseñanza pública, que era lo que el sector pedía desde hacía una década. Esto, y la creación de un nuevo partido, Iniciativa per Catalunya, en la que se reencontró con compañeros del PSUC y del PCC, además de caras nuevas, le hizo implicarse de nuevo.
“Los compañeros me pidieron que fuera a las candidaturas de CCOO. Iba de número 10. Se hicieron las elecciones y CCOO ganó en la provincia de Barcelona. En la Junta de Personal de Barcelona había 75 miembros. Estamos hablando de casi 40.000 trabajadores repartidos en 2.000 colegios e institutos, lo que dificulta mucho la acción sindical. Tienes que hacer muchos kilómetros para ir recorriendo todos los espacios”. Cada provincia tenía su Junta de Personal, como el resto de funcionarios, y la interlocución directa con la Administración correspondía a la Mesa Sectorial de Negociación.
A pesar de ir de número 10, los nueve nombres anteriores tenían diferentes tareas en el sindicato y Lluís Filella fue elegido presidente de la Junta de Personal. Las juntas se empezaron a coordinar hasta llegar a crear una plataforma a nivel estatal que recogió las reclamaciones del profesorado y, en febrero de 1988, las hicieron llegar al ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall.
¿Qué pedían? Había cinco grandes peticiones. La primera tenía que ver con la homologación salarial con el resto de funcionarios con tareas y titulación equivalentes a las suyas. El resto de puntos estaban más ligados a la calidad de la enseñanza, como la racionalización de la jornada, con el fin de reducir el número de horas lectivas por docente. Exigían la estabilidad de las personas interinas y sustitutas, que cobraban un 20% menos, así como evitar la supresión de aulas, es decir, que si bajaba la natalidad, no se sacaran aulas. En ese momento, el ratio era de 30 alumnos por profesor.
Lo más complicado, y que de hecho no se consiguió hasta 1991, fue la regulación de la responsabilidad civil. En caso de que un estudiante se hiciera daño en una excursión o en el centro, la responsabilidad era del maestro y, si había juicio, los posibles costes los abonaba el maestro. Años más tarde, la Administración se hizo responsable civil subsidiaria de sus trabajadores, por lo que se hacía cargo de los gastos o posibles sanciones que se pudieran derivar.
Como se organizaban
Las acciones a tomar se iban planificando día a día. Primero se reunía el claustro de profesores, después un representante del centro iba a la asamblea de zona, posteriormente uno o dos delegados de zona ponían en común las decisiones a nivel de provincia, y cada una comunicaba el resultado para coordinarse en el conjunto del estado.
“Fue una huelga participativa, porque se hacía de abajo arriba, unitaria y controlada por el profesorado día a día. Comenzó en febrero, primero con un día por semana, luego dos días por semana, luego tres, otra vez uno por semana… Y nunca coincidían con lunes o viernes. En abril, las cosas continuaban igual, y desde la plataforma y el comité de huelga estatal, que estaba formado por diferentes sindicatos y era quien dialogaba con el Ministerio, se decidió hacer una gran manifestación en Madrid el 27 de abril”. Desde diferentes ciudades se alquilaron autocares para ir a la capital. Desde la plaza Sant Jaume de Barcelona a medianoche salieron cerca de treinta, y también marcharon decenas desde Tarragona, Sabadell, Terrassa o Girona.
“La manifestación de Madrid fue un revulsivo. Fue una manifestación impresionante que comenzó en la Cuesta Moyano, junto a la estación de Atocha, porque mucha gente llegaba en tren. Queríamos llegar hasta el Ministerio, pero nos lo prohibieron y subimos por otra calle. Al final, había una tarima y, a parte de los parlamentos que hicieron los diferentes sindicatos, un profesor de instituto nos cantó, era José Antonio Labordeta”. Años después, este cantautor, escritor y político sería diputado en el Congreso, entre 2000 y 2008.
La manifestación en defensa de la calidad de la enseñanza contó con unos 100.000 asistentes, según la organización, y supuso un punto de inflexión. Poco después se reanudaron las negociaciones con el Ministerio y, el 4 de mayo, cuatro de los cinco sindicatos convocantes, firmaron un preacuerdo. Las organizaciones firmantes eran CSIF, ANPE, UGT y FESPE, mientras que CCOO se opuso. “Era un preacuerdo de mínimos que no daba respuesta a nuestras peticiones. Se pasó a la consideración del profesorado, por claustros, zonas, provincias y a nivel estatal”. La consulta tuvo lugar el 16 de mayo y al día siguiente se conoció el resultado: participó más del 90% y el rechazo fue del 80%, por lo que los sindicatos respetaron la votación y la huelga continuó.
Entre febrero y junio de 1988 se hicieron 22 días de huelga. El fin de curso fue “traumático” y “decepcionante”. “Sí que hubo una voluntad unánime en el comité de huelga de no negociar nada durante el verano, porque entonces se estaría dando la espalda al profesorado, ya que no tendríamos la capacidad del claustro, la zona y la provincia” .
Cese del ministro Maravall
El ministro Maravall fue destituido en julio, fue sustituido por Javier Solana y las negociaciones se reanudaron con el inicio del curso. Se llegó a un nuevo preacuerdo que incorporaba gran parte de las reivindicaciones del sector de forma progresiva. El documento fue suscrito por las diferentes asambleas y en noviembre se puso fin al conflicto en el ámbito estatal. Según nóminas de la época, el incremento salarial para un maestro de Primaria supuso pasar de unas 119.000 pesetas (715 euros) netas mensuales en 1988 con 14 pagas 128.000 pesetas (769 euros) en 1989. En cuanto a la jornada laboral de 37,5 horas, se decidió que 30 debían darse en el centro, de las cuales 25 serían horas lectivas.
En Catalunya, sin embargo, las movilizaciones continuaron porque el nivel de vida era más alto, tal como indicaban marcadores como el IPC, y los docentes pedían equiparar el sueldo al del resto de funcionarios de la Generalitat, así como la escolarización de niños a los 3 años (entonces estaba en los 4 años), formación para el profesorado y una dotación de dietas por salidas y colonias. “Entre septiembre y abril, en Catalunya no hicimos ningún día de huelga, pero sí hicimos manifestaciones con padres y madres, y fuimos ante la Conselleria d’Educació a devolver el carnet de funcionario, porque no nos reconocían como funcionarios propios. La excusa que decían era que podríamos hablar de ello cuando la Generalitat tuviera cuerpos docentes propios. Esto lo decían en el 89, y en 2021 todavía no hay, son cuerpos estatales transferidos”.
En el marco de este proceso, se nombró consejero a Josep Laporte, en sustitución de Joan Guitart, y, finalmente, los maestros de Catalunya alcanzaron gran parte de sus peticiones y vieron dignificado su sueldo, pasando de cerca de 137.000 pesetas (823 euros) en 1990, a 157.000 el 91 y 184.000 (1.106 euros) el 92, cuando hacía 20 años la cantidad era de unas 13.000 pesetas. No se han repetido en el sector movilizaciones como las de 1988.
Después de 20 años como maestro, siempre en el distrito de Nou Barris, Lluís Filella Carballo se dedicó 20 años más al sindicato, ocupando diversos cargos de responsabilidad y ejerciendo todo este tiempo de delegado en la Junta de Personal de Barcelona. Se jubiló en 2013 y en la actualidad es Síndico del Afiliado de CCOO.
