Carme Guil es magistrada de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona y coordina un grupo de trabajo que elabora una guía de buenas prácticas en la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de trata. Reconoce que “a nivel judicial, el peso de la investigación se sitúa en las víctimas, y es posible que la víctima no pueda aportar mucha información porque no haya tenido conciencia de lo que ha vivido, o del trayecto que ha hecho, o de las casas en las que ha estado, unos detalles que son necesarios para la investigación del delito”.
Esto puede originar que haya una “investigación de muy larga duración sin la adopción de ninguna medida cautelar, como puede ser prisión o entradas y registros que nos permita incautar documentación o detener a personas que están involucradas en el delito”. Por ello, Guil sostiene que “la víctima no puede ser la piedra angular de la investigación” y es necesario que el trabajo policial corrobore los datos que aportan las testigos.
La magistrada recomienda tomar declaración a la víctima en el momento de la instrucción a través de lo que se denomina “prueba preconstituida”, que “tiene la misma validez que si se hiciese en el momento del juicio”.
“Tienes que poder hacer la declaración con los abogados, el fiscal, el juez y grabarlo bien. Es una prueba que se hace para el juicio, previendo que la persona no pueda estar en el momento del juicio. Si la prueba preconstituida está bien hecha, sirve, aunque la persona no pueda estar en el momento del juicio, porque haya regresado a su país, porque haya salido del centro de acogida, etc”.
Una de las grandes dificultades de las víctimas es que muchas de ellas están amenazadas o lo están sus familias en el país de origen, por lo que “la situación es peligrosa para ella y para su familia, y es muy difícil para esta víctima que pueda declarar y sentirse segura”. La ley permite que haya testigos protegidos en casos muy graves para que no se pueda identificar a la víctima, pero “en el momento del juicio, si las partes lo piden, se tiene que revelar la identidad”.
Por ello, insiste la magistrada, una buena prueba preconstituida serviría también para “evitar que la víctima tenga que pasar por el trance de explicar nuevamente ante el tribunal qué es lo que le pasó”. No obstante, la ley deja en manos del tribunal la decisión de que la víctima tenga que volver a declarar o no. Otra de las complicaciones del proceso es la larga duración, ya que desde que la denuncia llega al juzgado hasta que se emite la sentencia de este tipo de delitos, pueden pasar cinco años.
En esta misma línea, el informe La trata de seres humanos. Explotación sexual de la magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia María Dolores Hernández Rueda concluye que “deberá preconstituirse la prueba en la fase de instrucción, debiendo cuidar especialmente que la imagen de la víctima no pueda ser reconocida por el investigado y que aquella se mantenga en una dependencia segura sin confrontación visual con ellos”.
“Es no solo una medida de preservación de la finalidad de la investigación, sino también de seguridad para la propia víctima, ya que desincentiva las posibilidades de presionarla una vez ya está constituida la prueba que puede servir en el juicio oral si aquella no pudiera prestarlo allí”, añade Hernández.
Los derechos de las víctimas
Ana Delgado es trabajadora social de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), que trabaja in situ en seis provincias (Madrid, Salamanca, Asturias, Murcia, Almería y Badajoz), además de ofrecer atención telefónica 24 horas, y es una de las entidades de referencia en cuanto a la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, en coordinación con policías, servicios sociales y otras entidades.
“El objetivo es ofrecer alternativas a las mujeres que quieren salir de situaciones de explotación, restituir los derechos de las víctimas de trata, que les han sido violados, y visibilizar el delito, que está tipificado en el Código Penal”, sostiene Delgado.
Para ello, realizan un trabajo integral, desde la detección de las víctimas a través de unidades móviles, hasta un acompañamiento jurídico y especializado. También diseñan un itinerario individualizado con cada una de las supervivientes para facilitarles atención sanitaria e informarles de cómo deben proceder si deciden denunciar su situación ante la justicia. Les explican que tienen derecho a ser testigo protegido si lo desean y que tienen derecho a vivir seguras, por lo que además del tema legislativo ponen hincapié en la recuperación psicológica y emocional.
Las formas de captación de las mujeres son muy diversas, desde redes internacionales hasta dentro del ámbito familiar. “En muchas ocasiones, las redes se infiltran en el entorno de la víctima, o la persona que capta proviene del entorno social y familiar de la víctima, y desde allí hacen todo el proceso de coacciones, amenazas y violencia para mantener la situación de esclavitud de las mujeres”.
Las mafias ejercen tal control sobre las mujeres, que no se atreven a denunciar o a acercarse a la policía. “Es una valoración de riesgo que ellas tienen que hacer y nosotras las acompañamos en la toma de decisiones. Las amenazas sobre el bienestar propio y de las familias condicionan estas decisiones”, reconoce Delgado.
Según su experiencia, cuando una mujer sale de una red de trata, en un primer momento normalmente no quiere denunciar, pero tras un proceso de recuperación en un lugar en el que se siente segura y con el acompañamiento de una entidad, es más fácil que acceda, “no solo porque facilita la restitución de sus derechos, sino porque además colabora en la persecución del delito. Es una decisión muy personal porque hay muchos elementos de análisis”.
En 2020, Apramp atendió a 4.522 mujeres en situación de vulnerabilidad o de posibles víctimas y, de estas, abrieron expedientes de itinerarios individualizados a 1.400 víctimas de todos los continentes.
El riesgo de ser mujer o niña
Sicar Cat es un programa de la entidad religiosa Adoratrices creado en 2002 para apoyar a las mujeres víctimas del tráfico de personas, no solo con finalidades de explotación sexual, sino en todas sus facetas, como de mendicidad, matrimonios forzados, explotación laboral o esclavitud.
“Por un lado, ofrecemos una visión integral a las mujeres y a las que llegan con sus hijos e hijas. Por otro lado, queremos sensibilizar y contribuir a la transformación social para erradicar lo que es una forma contemporánea de esclavitud”, explica Rosa Cendón, coordinadora de Relaciones Institucionales e Incidencia de Sicar Cat.
Para Cendón, los mayores factores de riesgo son “ser mujer o niña” debido a “la situación de vulnerabilidad en que se encuentran en todo el mundo”. “Son personas que han sido captadas a través del engaño y han visto peligrar su vida, su dignidad, han recibido un trato cruel, degradante, inhumano y hasta torturas”.
Según Cendón, el delito del tráfico de personas a nivel mundial está asociado a “un elevado grado de impunidad y corrupción” debido a la lentitud de legislación internacional. Argumenta que Naciones Unidas dio la primera definición de tráfico de personas el año 2000 en la Convención de lucha contra el crimen organizado transnacional.
En Europa, hubo que esperar a 2005 al Convenio de Varsovia del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de obligado cumplimiento en 2008, y en el ámbito de la Unión Europea se adoptó una directiva en 2013. En España, este delito fue tipificado en el Código Penal en diciembre de 2010.
En los últimos años, Sicar ha atendido a mujeres de más de 30 nacionalidades y ha comprobado que la trata es “una realidad que afecta a todos los países, ya sea como país de origen, de tránsito o de destino”. Los factores para caer en una red de prostitución forzada son múltiples, desde una guerra hasta un desastre natural, y el elemento en común es el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la mujer, que se convierte en “carne de cañón”, pero la trata es también nacional, tal como evidencian los años de experiencia con las víctimas.
“El tráfico de personas es la captación, traslado y recepción de una persona a través de unos medios que son ilícitos, como el uso de la violencia física, psíquica y sexual, secuestros, amenazas, coacciones, abusar de una situación de poder, someter a la persona a una explotación que genera unos beneficios, que puede ser un lucro económico o en beneficio propio del traficante. En este traslado, no hablo de fronteras”.
Al menos 8.500 explotadas sexuales en Europa en dos años
Según el Tercer informe sobre el progreso en la lucha contra la trata de seres humanos (2020) de la Comisión Europea, en 2017 y 2018 se registraron en la Unión Europea un total de 14.145 víctimas de trata, de las que el 60% (8.487) correspondían a explotación sexual. El resto hace referencia sobre todo a víctimas de explotación laboral, delincuencia forzada, mendicidad forzada y matrimonio forzoso o de conveniencia.
Los datos se refieren solo a víctimas registradas, por lo que “es probable que el número real de víctimas sea significativamente superior”, según el propio informe, ya que hay una gran cantidad de afectadas que no han sido identificadas. El estudio indica que “la explotación sexual sigue siendo el objetivo más frecuente de la trata en la UE”, si bien alerta de que se ha notificado un aumento de la trata con fines de explotación laboral. El 92% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual registradas fueron mujeres y niñas.
128 víctimas de trata y 232 detenidos en España
En 2018, se registraron 128 víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las que 117 eran mujeres, 6 eran niñas y 5 eran hombres, según el informe Trata de seres humanos en España. Balance estadístico 2014-2018 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.
La cifra es algo inferior a las víctimas detectadas en los cuatro años anteriores, que se sitúan entre las 133 y las 155, con proporciones similares en cuanto a sexo y edad. La excepción es el año 2017, en el que se identificaron a 155 víctimas, de las que 22 eran hombres.
Los países de origen de las víctimas en 2018 eran principalmente Nigeria, Colombia (que estaba entre los últimos puestos en los años anteriores), Venezuela, Rumanía y Bulgaria. En 2016 y 2017 también se situaban como mayoritarias las mujeres de China, y en 2015 las de España.
Por Comunidades Autónomas, en 2018 la mayoría de las personas identificadas se encontraban en Andalucía (41), Catalunya (27), Comunidad de Madrid (18), Islas Canarias (13) y Comunidad Valenciana (12), siguiendo una evolución similar en comparación con los ejercicios anteriores.
En cuanto a los detenidos por trata sexual, en 2018 hubo 232 personas, procedentes en su mayoría de España (53), Rumanía (50), Nigeria (46), Colombia (20) y Bulgaria (13). Los tres primeros lideran la clasificación en todos los años del informe.
