Suicidios por desahucio, cuando la desesperación mata

Lunes 14 de junio de 2021. Segundo, vecino del barrio de Sants en Barcelona, tras perder su trabajo y todo tipo de prestación, se tira por la ventana ante la comitiva judicial. Desesperado, prefiere perder la vida que ser desahuciado sin alternativa habitacional donde seguir viviendo. Viernes 18 de junio, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Un hombre de 48 años, se ahorca de la baranda del sótano del edificio donde residía, después de ser desahuciado por no poder pagar el alquiler. Dos suicidios por desahucio que reabren la caja de Pandora.

El drama de los desahucios, ya dura demasiado. Un problema social, que a pesar de tener su explosión mediática en 2012, empezó mucho antes y nunca ha cesado. Una realidad que se ha cobrado más de un millón de víctimas, por mucho que se haya intentado silenciar durante años. Por desgracia, la pandemia y la nueva crisis económica derivada de la COVID-19, ha vuelto a poner los desahucios en el centro del debate, tanto social como político.

La crisis económica de 2008, la estafa hipotecaria, la burbuja de los precios del alquiler, junto a una legislación pensada para favorecer al sistema financiero y desproteger a la ciudadanía, se reflejó en un aumento de los problemas relacionados con la vivienda, como la exclusión residencial, la pobreza energética y los desahucios. Desde entonces, el impago del alquiler o de la hipoteca y la pérdida de la vivienda son actualmente cuestiones socialmente relevantes, que llevan a graves problemas de salud, tanto físicas como mentales, derivados de la ansiedad generada ante la pérdida, primero del trabajo y un tiempo después del hogar.

Una situación, que debido a la falta de soluciones por parte de los poderes públicos, puede durar años, muchas veces con menores o mayores dependientes, minusvalías o enfermedades crónicas en la familia. El estrés generado por la emergencia habitacional, roza la desesperación y aumenta el riesgo de la ruptura familiar ante esta situación límite.

Suicidios por desahucio

El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, en parte provocado por situaciones económicas. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Estadística, no facilita datos disgregados sobre las causas del suicidio, por lo que no existen cifras fiables sobre el porcentaje de suicidios por desahucio sobre el total de suicidios. Sí sabemos que han aumentado, superando los 3.600 anuales.

Ante esta desinformación, nos tenemos que quedar con los que han tenido cierta difusión en medios de comunicación. Siempre serán menos, teniendo en cuenta la realidad y las situaciones que suceden en total invisibilidad. Aun así, haciendo cierto seguimiento, encontramos más de medio centenar de artículos sobre personas, que desposeídas de su futuro se han aferrado a la muerte como única salida.

Un tema difícil de tratar, que durante años han sido tabú o algo vergonzante de lo que mejor no hablar. El silencio por respuesta impide llegar al problema de fondo y poder afrontar las soluciones que lo eviten. En una sociedad que tiende a la culpa individual, es importante visibilizar los suicidios y coger consciencia. Pero sobre todo hay que salir de la desesperación individual y buscar espacios colectivos donde coger la fuerza para salir del pozo y vivir.

Las primeras noticias encontradas de desahucios por suicidio, datan de 2012. Vidas sesgadas por el denominado genocidio financiero, como las de José Miguel (54 años) que se ahorcó en Granada horas antes de ser desahuciado o la de Victoria (52 años, Málaga) que se arrojó desde el balcón de su apartamento, tres días después de recibir una orden de desahucio por impago de la hipoteca.

En 2013, desde Psicólogos sin Fronteras, afirmaban que “Al Estado le molesta mucho que los suicidios se hayan hecho públicos, pero ya es hora de que asuma que en la población hay un nuevo grupo de riesgo y es el de las personas amenazadas con ser desahuciadas y que únicamente ven la muerte como salida”.

Desahucios y salud

A pesar de la falta de datos sobre suicidios por desahucio, si que hay muchos estudios que demuestran como la pérdida de la vivienda habitual conlleva cambios negativos para la salud física y psicológica de las personas que la sufren, agravándose en las fases más avanzadas del proceso y asociado a su duración

Los desahucios constituyen una fuente de estrés crónica y aguda, derivada de sentimientos de inseguridad, culpa y vergüenza, estigma, miedo y pérdida de control sobre la propia vida, el estatus social, y el capital social y familiar. También se ha puesto de manifiesto el efecto de los procesos de desahucio sobre los aspectos físicos de la salud; específicamente, se asocian con una peor salud percibida y con un aumento de la hipertensión y de los problemas cardíacos. Así como un aumento de los estilos de vida no saludables, como el consumo de tabaco y alcohol, como mecanismos para afrontar el estrés y el sufrimiento.

Un estudio realizado en 2016, por científicos de la Universidad de Granada (UGR), junto con investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, reveló que el 88% de los desahuciados presentan puntuaciones patológicas en ansiedad y el 91% presenta puntuaciones patológicas en depresión. Un 68,4% de las personas en proceso de desahucio presentan todas las características del estrés postraumático. Este síndrome afecta a quienes han pasado por alguna experiencia vital de extrema gravedad y tiene consecuencias duraderas sobre la salud mental.

En todos los casos se observan diferencias de género, y son las mujeres las que presentan niveles más altos. Si bien no existen diferencias entre hombres y mujeres en los niveles de estrés percibido.

Así lo retrata el informe sobre Inseguridad residencial en Barcelona 2017-2020, elaborado por la PAH de Barcelona, la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el Observatori DESC, Enginyers Sense Fronteres y la Agència de Salut Pública de Barcelona. Este trabajo constata que la situación de crisis permanente hace que el 88% de las mujeres encuestadas y el 71% de los hombres sufran una mala salud mental.

Los datos indican que uno de los problemas más graves, aunque también más invisibilizado, relacionados con la emergencia habitacional es el deterioro de la salud mental, que podemos asociar directamente con los suicidios, cuyo riesgo aumenta en más de cuatro veces entre las personas afectadas por la vivienda.

La historia se repite

Durante el periodo 2010-2013, impulsada por la PAH, una mayoría social y política con más de un millón y medio de firmas, apoyó la ILP Hipotecaria para, entre otras cosas, acabar con los desahucios y las ejecuciones hipotecarias.

En el momento de entregar las firmas, gobernaba el PP con Mariano Rajoy de presidente, tras la derrota del PSOE en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. A pesar de los esfuerzos realizados, desde la PAH eran conscientes de que el nuevo gobierno, igual que el anterior, se oponía a la ILP. La mayor prueba de ello, era el bloqueo sistemático que ambos partidos políticos ya realizaron en 2010 para impedir que la iniciativa popular no pudiera recoger ni una sola firma.

La ILP se debatía el 12 de febrero de 2013. Ante la sospecha de que el PP iba a utilizar su mayoría absoluta para votar en contra, se realizó una campaña de envíos masivos de correos electrónicos al partido para exigir que se posicionara a favor. El número de mails alcanzó el millón. Sin embargo, el suceso que provocó un viraje de los acontecimientos, fue el trágico suicidio ocurrido en Calvià, Mallorca, de una pareja de ancianos que temían ser desahuciados. Este acontecimiento ocurrió el mismo 12 de febrero, provocando una gran presión mediática y digital que no dejó más opción al PP que aceptar el trámite de la ILP.

Finalmente el PP optaría por desvirtuar el contenido de la ILP Hipotecaria y apostar por un mero lavado de cara: la Ley 1/2013, que introducía algunas mejoras para acogerse al Código de Buenas Prácticas, decretado en 2012. Medidas para paralizar los

desahucios en algunos casos o la limitación de los intereses derivados del retraso del pago de la hipoteca. Medidas que apenas han modificado el número de ejecuciones hipotecarias.

Periodo 2020-2021, llega la crisis sanitaria y los desahucios como protagonistas. El Gobierno liderado por Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos, decreta una serie de medidas insuficientes para frenar los desahucios en pandemia. A pesar de las rotundas afirmaciones del presidente y algunos ministros, sobre la paralización de todos los desahucios, estos continúan. La presión social consigue algunas mejoras en el decreto y alargarlo mínimamente en el tiempo, aunque sigue siendo insuficiente en forma, en fondo y en duración.

Queda por ver los efectos de la pandemia en desahucios, ya que los producidos en 2020 siguen siendo de familias con vulnerabilidad a la COVID. Las previsiones son aterradoras, solo hay que ver los desahucios durante el primer trimestre de 2021: aumentan los desahucios, tanto hipotecarios como por impago de alquiler, con un total de 10.961. Un aumento del 13,4 % respecto al primer trimestre de 2020, en el que no había absolutamente ninguna medida de protección para evitar esta sangría social, cosa que a día de hoy se supone que sí. Una muestra de la ineficacia del decreto actual.

A pesar del clamor social y de las escalofriantes cifras, el Gobierno, en plena elaboración de una Ley que debería garantizar el derecho a la vivienda por primera vez en 42 años de democracia, seguía anunciando medidas que para proteger al sistema financiero y no se veía ningún avance para acabar con los desahucios.

De nuevo, como pasó en 2013, han tenido que morir dos personas, para que una semana después, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anuncie que no habilitará más prórrogas del decreto antidesahucios que expira el próximo 9 de agosto. En su lugar aprobará un nuevo decreto para proteger de manera estructural a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta que saque adelante la Ley por el Derecho a la Vivienda. “Vamos a tratar de adelantar vía real decreto lo que tenemos previsto en la ley de vivienda, de tal modo que no sea una prórroga de una situación excepcional, sino que sea ya estructural, aunque en esa parte nos adelantemos a la propia ley, que evidentemente va a tardar más tiempo en su debate”, ha anunciado el ministro.

Es muy grave que personas vulnerables sean empujadas a quitarse la vida para poder poner un poco de luz a la oscuridad en la que viven centenares de personas cada día. Como siempre, las intenciones políticas para poner soluciones, llegan tarde por no hacer caso a las proclamas y necesidades de la gente, articuladas a través de los movimientos sociales que dan voz a la realidad y propuestas para cambiarla. Falta por ver qué es lo que tienen pensado y esperar que no sea un nuevo lavado de cara insuficiente, como en su momento fueron las medidas del PP.

Culpables y falta de responsabilidades sin castigo

Podemos hablar de la emergencia habitacional (tema para otro análisis en profundidad) como causa directa de todo lo expuesto hasta aquí. Pero hay que ir más allá y marcar a los culpables que se van de rositas ante tanto suicidio, o lo que realmente son, asesinatos provocados por un sistema corrupto. Políticos, banqueros, jueces, administraciones públicas, fondos de inversión, especuladores, policías, comitivas judiciales, todos con su connivencia son culpables.

En España pueden llevarte a perder la vida, que no pasa nada porque son formas legales de actuar. La justicia no investigará las causas porque lo sucedido es legal. No importa que sea una legislación criminal que atenta contra la Declaración de los Derechos Humanos o contra la Constitución, esa que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y que serán los poderes públicos los que velarán y desarrollarán las medidas necesarias para evitar la especulación. La misma Constitución que también habla de la expropiación forzosa de la propiedad privada por causa justificada de utilidad pública o interés social.

El artículo 143 del Código Penal trata sobre el delito de la inducción y auxilio al suicidio. El día que después de un suicidio por desahucio se investiguen las causas y se siente en los tribunales a los principales responsables de tanta muerte evitable, para defender a los que menos tiene, ese día podremos hablar de justicia y con suerte este país empezará a cambiar.

Mientras, la única manera que tenemos de salvar vidas, es colectivizar los problemas, sumarnos a espacios comunes como los generados por los movimientos sociales. Espacios que desde el apoyo mutuo y la fuerza colectiva, contrarrestan la desesperación y la impotencia ante tanta desolación. Volviendo al pobre Segundo, que citamos al principio y por poner un ejemplo, si hubiera estado arropado por cualquiera de los colectivos de vivienda que hay en Barcelona, el día que solo y al límite miró a la muerte a la cara, puedo asegurar sin riesgo a equivocarme que todavía estaría entre nosotras.