El sueño de Czarina Musni era ser abogada y defensora de Derechos Humanos, como su padre y su madre. Convencida del valor universal de palabras como justicia y paz, quería ayudar a las personas más desfavorecidas. Su objetivo vital se hizo realidad, pero vino acompañado de una grave contradicción: “Hablar de Derechos Humanas en Filipinas es un acto terrorista. A los abogados que trabajamos para sectores marginados nos acusan de terroristas”.
La abogada se refiere al fenómeno del red-tagging (etiqueta roja), una práctica que supone el señalamiento y la inclusión en listas de personas y organizaciones críticas con el Gobierno de Rodrigo Duterte a las cuales se las califica de terroristas, comunistas, o de ambas cosas, y que a menudo sufren acoso, detenciones, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos extrajudiciales.
Czarina Musni está amenazada por su trabajo en la National Union of Public Lawyers (NUPL) -Unión Nacional de Abogados Públicos-, que ofrece asistencia legal y gratuita a población vulnerable, como por ejemplo campesinos, mujeres, jóvenes, sindicalistas e indígenas. La NUPL ha documentado que entre julio de 2016 y abril de 2021, 147 abogados y jueces fueron atacados por el ejercicio de su profesión y 54 de ellos murieron por estas agresiones. Según datos de la ONU, un mínimo de 248 personas defensoras de Derechos Humanos, abogadas, periodistas y sindicalistas fueron asesinadas en Filipinas entre 2015 y 2019.
“Hay temor porque es el Gobierno quién te señala como terrorista. Cuando eres terrorista, eres enemigo del Estado. Cuando eres enemigo del Estado, puedes ser sujeto de ataques y de asesinatos extrajudiciales, como ha pasado con otros compañeros. Es un ataque directo a la persona y a la profesión. Por otro lado, sabemos que no estamos haciendo nada terrorista”.
La experiencia de Czarina Musni se centra en la defensa de las poblaciones indígenas de la isla de Mindanao, de dónde es originaria, que luchan para conservar sus tierras frente a las grandes concesiones mineras. Actualmente, se encuentra en Barcelona, a propuesta de la Associació Catalana per la Pau (ACP) y a través del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans que impulsa la Agència Catalana de Cooperació al Desenvoluament (ACCD).
Amenazada con su madre, su hermana y su organización
La primera vez que vio su nombre, el de su madre, y el de su hermana mayor, también abogada, en una lista de red-tagging, junto con otras personas y organizaciones como la NUPL, pensó que era una injusticia, y su madre le dijo: “No tienes que tener miedo porque no estamos haciendo nada malo, al contrario, algo bueno estaremos haciendo. Si no hiciéramos nada significativo, no nos prestarían atención”.
El red-tagging ha puesto a prueba la capacidad de unión de entidades de sectores muy diferentes y, a cada incidente que ocurre, hacen declaraciones y acciones conjuntas para hacer oír su voz. Participan desde medios de comunicación hasta organizaciones eclesiásticas y políticas, pasando por diferentes movimientos sociales, muchos de los cuales forman parte de la alianza Karapatan, que trabaja para la protección de los derechos de sectores oprimidos en Filipinas.
Czarina Musni cree que es la capacidad de acción la que puede hacer desaparecer este fenómeno: “Si hacemos ruido, es posible que esto se acabe. La cooperación internacional es muy crucial para exponer qué está pasando: los civiles no hacen nada, solo sobrevivir, y los etiquetan de terroristas. Con ruido y cooperación internacional podemos parar esta práctica del red-tagging, que supone muchos riesgos”.
Como ejemplo de hasta dónde llega la persecución sin límite, cita el caso de la filipina y Miss Universo 2018 Catriona Gray, que es conocida por su lucha por los derechos de las mujeres y apoyó al movimiento feminista Gabriela, cosa que le valió una campaña de desprestigio acusándola de terrorista.
“La ley antiterrorista recorta los derechos de las personas”
La aprobación de la Ley Antiterrorista en julio de 2020, en plena pandemia del Covid-19 y sin debate parlamentario previo, agrava la situación de vulneración de Derechos Humanos en el país porque permite catalogar como “terrorista” cualquier manifestación en contra del Gobierno y permite hacer detenciones sin orden judicial.
“Mientras la gente pedía mascarillas, vacunas, un buen sistema de salud y buenos salarios, el Gobierno priorizó el antiterrorismo, es muy irónico. Puedes ver cuáles son las prioridades del Gobierno, focalizando más en el terrorismo que en las consecuencias de la pandemia. Hemos visto que el Estado usa esta Ley Antiterrorista para recortar los derechos de las personas. Con esta ley es más fácil para la Administración designar a cualquier persona u organización como terrorista sin pasar por los tribunales. Antes de esta ley, se abría un proceso judicial, pero ahora la oficina del presidente tiene el poder de designar quién es terrorista”.
Los opositores de la ley consideran que está pensada para silenciar a la disidencia, puesto que amplía a delitos imputables como terroristas, por ejemplo, los intentos de dañar una propiedad gubernamental, tener o transportar armas, o llevar a cabo cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad pública. La normativa delega en un Consejo Antiterrorista escogido por Duterte el poder para emitir órdenes de detención.
“No es una guerra contra la droga, es una guerra contra los pobres”
Se da la circunstancia de que Czarina Musni votó a Duterte en 2016 porque confiaba en sus promesas electorales y en su talante dialogante con la oposición, pero pronto vio frustradas sus expectativas cuando, con la excusa de acabar con el narcotráfico, hubo una lluvia de muertes. “La campaña antidrogas del nuevo presidente fue muy sangrienta. Hubo muchos asesinatos. Las cifras oficiales hablan de 6.000 muertos, pero organizaciones de Derechos Humanos hablan de 20.000. Cuando vimos a las víctimas, vimos que eran vendedores a pequeña escala, no personas de grandes laboratorios, no los que tienen el control. No es una guerra contra la droga, es una guerra contra la gente, contra los pobres”.
La activista recuerda que el hijo del presidente, Paolo Duterte, estuvo presuntamente involucrado en un envío de drogas procedente de China. “Causó una fuerte conmoción, pero de alguna manera lo desvincularon y fue un tema silenciado”. En 2018, Paolo fue señalado como uno de los intermediarios en la recepción de un cargamento de 604 kilos de clorhidrato de metanfetamina valorados en unos 104 millones de euros. La carga entró al país con la supuesta connivencia del servicio de aduanas y desató un escándalo en plena guerra para acabar con el narcotráfico.
La impunidad de las ejecuciones extrajudiciales
En este contexto de acusaciones, detenciones y desapariciones, lo peor que le puede pasar a las personas defensoras de Derechos Humanos, explica Czarina Musni, es que sean víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Entre las formas más frecuentes, figuran los pistoleros encapuchados, sobre todo los que van en el asiento trasero de las motocicletas: mientras el piloto conduce, el que va detrás dispara. “Lo peor son los asesinatos extrajudiciales. Cuando hay ejecuciones extrajudiciales no somos capaces de llevarlo a los tribunales porque siempre matan con máscaras puestas y usan motocicletas que no están registradas. Actúan con impunidad. Hay que buscar quién hay detrás de estos asesinatos extrajudiciales.”
Días antes de la entrevista, un compañero de Czarina que también era abogado de NUPL y miembro de la organización Karapatan, Rex Jose Mario Fernandez, fue asesinado mientras estaba en su coche en un cruce en la ciudad de Cebu. Un encapuchado le disparó y rápidamente huyó con un motorista que le estaba esperando para escapar. “Lo peor que le puede pasar a las familias y a las organizaciones es que después de perder a alguien, no podamos encontrar a los asesinos y llevarlos a prisión porque no sabemos quién ha sido. Y los asesinos están libres por muchos lugares”.
Para Czarina, también fue especialmente dolorosa la pérdida de un líder indígena con quién trabajó durante mucho de tiempo. Él le abrió las puertas de la comunidad, y a la vez, la población le abrió sus hogares y su cultura. “Se llamaba Renato. Le dispararon, fue un asesinato extrajudicial. No nos lo podíamos creer, una persona como él… Sufrimos por nuestras vidas por el trabajo que hacemos, pero estas atrocidades que se cometen a estas personas que no han hecho nada malo no pueden quedar en nada. Solo queremos que los derechos se respeten. ¿Por qué estás asesinándonos? ¿Por qué nos estás encarcelando? No tenemos armas, solo tenemos un bolígrafo, solo tenemos palabras. Muchos han caído, pero para que estas vidas no se pierdan, continuaremos la lucha”.
Estar rodeada de experiencias de este tipo puede ser “traumático” para las defensoras de Derechos Humanos. Czarina confiesa que cuando llegó a Barcelona se llevó más de un susto cuando se le acercaba una motocicleta con dos ocupantes, y que todavía ahora cuando habla por teléfono y oye algún eco o algún ruido en el móvil piensa en si estarán escuchando la conversación y es precavida en todo lo que dice.
“En Filipinas tenemos que ser muy cuidadosos con las comunicaciones, también por WhatsApp y email. No es que tengamos miedo de los ataques, es que lo hemos visto y lo hemos sufrido. Por eso llamamos a poner fin al red-tagging y a toda la gente que hay detrás. Están demonizando los movimientos de Derechos Humanos, especialmente en el sector de los abogados que defendemos los derechos de los campesinos, de las mujeres, etc. El número de casos en los tribunales aumenta, pero el número de abogados llevando estos casos ha bajado.”
La persecución constante a los compañeros de profesión en Filipinas hizo sentir a Czarina una carga de culpabilidad por encontrarse libre en Europa, pero ha aprendido a entender que también hace un trabajo útil desde el exterior, sobre todo para hacer llegar sus demandas a gobiernos regionales y estatales, así como a instituciones internacionales, como el Parlamento Europeo o la Corte Penal Internacional, que están fuera de la presión del ejecutivo de Duterte. “Al principio me sentía culpable. Es injusto que yo esté segura en Europa mientras mis compañeros y mis padres están en riesgo. Es una contradicción. Pero tengo el apoyo de mis colegas y mi familia, y de las organizaciones en Catalunya, para continuar trabajando desde aquí”.
Desde Barcelona, Czarina Musni sigue llevando sus antiguos casos judiciales de Filipinas y, gracias a las nuevas tecnologías, aparece en los tribunales de forma telemática, si bien trabaja de la mano de abogados en terreno. Además, colabora con la diáspora filipina, que tiene un sector muy activo y que ha creado un nuevo movimiento, la European Network for Peace and Justice in Philippines (Red Europea por la Paz y la Justicia en Filipinas) para exponer la situación de su país y hacer presión en los organismos internacionales.
Esperanza en la Corte Penal Internacional
Czarina Musni tiene los ojos puestos en el trabajo de los tribunales internacionales y, en concreto, de la Corte Penal Internacional. “El papel de la CPI es muy crucial. En su informe preliminar del pasado mes de junio, la fiscal Fatou Bensouda dice que hay razones para concluir que en Filipinas se cometieron crímenes contra la humanidad entre 2016 y 2019”. A raíz de la documentación presentada, a mediados de septiembre el CPI autorizó iniciar una investigación al Gobierno de Duterte por los asesinatos cometidos durante su mandato en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”. Esto pone en entredicho la política del presidente filipino contra el narcotráfico, así como la actuación de sus colaboradores, como oficiales de policía y militares.
“En estos momentos críticos, tenemos que tener esperanza en este proceso de la CPI en Filipinas. No confiamos en el sistema judicial filipino porque tiene dificultades, porque los abogados están siendo asesinados, los activistas están siendo asesinados y los jueces también pueden ser asesinados. Es preocupante y se tiene que ir con mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. No podemos confiar demasiado en el sistema judicial filipino, pero la CPI está fuera del control y de la influencia del Gobierno filipino, y confiamos en ella”.
El proceso de la CPI no se enfoca en las ejecuciones extrajudiciales a activistas, pero la abogacía de la NUPL trabaja para establecer una vinculación y aportar pruebas suficientes en el procedimiento internacional, a pesar de los previsibles impedimentos: “Nos tenemos que anticipar a los ataques, quizás haya más detenciones, y probablemente habrá problemas en Inmigración. Son tácticas para evitar que los abogados y los clientes salgan de Filipinas y puedan participar en el procedimiento de la CPI”.
