Mucho se habla del impacto negativo de la oleada de turistas en nuestras vidas, comprenden numerosas problemáticas. De hecho, ya han empezado las quejas y movilizaciones vecinales, como la organizada el domingo 19 de junio por la ABDT (Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico), sostenida por decenas de colectivos sociales de la ciudad.
Con el lema “Menos turismo, más vida”, en su comunicado apuntan: “El retorno del turismo masivo y extractivo en Barcelona es innegable desde hace semanas, como lo son todos sus impactos sociales y ambientales: expulsión del vecindario, contaminación del aire, masificación de calles y plazas, desaparición del comercio de proximidad, emisiones de CO2 fatales para la emergencia climática, concentración laboral en un sector especialmente explotador y precarizado, refuerzo de la dependencia de un sector altamente vulnerable (basta ver el efecto del covid sobre los lugares más turísticos). Desde todos los ámbitos institucionales, han desaparecido las voces que durante la pandemia pedían repensar el modelo y diversificar la economía, y se apuesta ya descaradamente por la promoción turística con dinero público”.
En este artículo, no quiero hablar de cómo el modelo económico actual está convirtiendo ciudades como Barcelona en parques temáticos. Ni de emergencia climática ni de reclamaciones vecinales como la no ampliación del aeropuerto y del puerto o la invasión de cruceros a nuestras costas. Tampoco entrar en profundidad en la precariedad de las personas que trabajan en el sector turístico, directa o indirectamente.
Sí quiero recordar, que la explotación y la precariedad laboral de hoy, son los desahucios de mañana. Hay que tener en cuenta que Cataluña, a pesar de tener mecanismos para evitarlo, continúa siendo el territorio donde más se desahucia de todo el estado. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, 2.410 familias catalanas han sido desahuciadas en los meses de enero a marzo de este año, 1.684 en la provincia de Barcelona.
Datos post pandémicos alarmantes, más teniendo presente que actualmente hay una moratoria estatal, vigente hasta el 30 de septiembre y desde el mes de marzo, en Cataluña contamos con la ley 1/2022. Una vez desahuciadas, el principal problema que tienen que afrontar las personas que se han quedado en la calle, es lograr un realojo en una vivienda digna por parte de las diferentes administraciones (Generalitat y Ayuntamientos). ¿Qué encuentran como respuesta? ‘’No hay pisos’’. La mesa de emergencia está colapsada, con una lista de espera que puede durar años y debido esto las familias desahuciadas son alojadas por tiempo indefinido a pensiones, albergues, hoteles… Un efecto negativo más debido a la carencia de vivienda pública, al tiempo que en Cataluña acumulamos 37.500 pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre.
Te estarás preguntando, ¿qué tendrá que ver el turismo con todo esto? Mucho! Los hoteles y pensiones que acogen a las personas desahuciadas, cobrando a la administración precios más bajos de lo habitual, son solidarias hasta cierto punto. Una vez llega la temporada de verano, o bien ya no ofrecen sus servicios o bien no renuevan los servicios contratados con los ayuntamientos, para poder ”hacer el agosto”. Esto se traduce en más gente en la calle sin alternativa de techo garantizado.
El Ayuntamiento de Barcelona se encuentra que no puede destinar de urgencia, en personas desahuciadas, los alojamientos que habitualmente se destinan por ello al estar ocupados por turistas. Según datos de hace unos meses, una media de 1706 personas, pasan por estos alojamientos temporales en Barcelona. La carencia de vivienda provoca que los ayuntamientos tengan que recurrir a empresas que buscan alojamientos en pensiones. Un servicio que solo en la Ciudad Condal, puede producir un coste de 24 millones de euros, como pasó en el 2020.
Colapso de Servicios Sociales
La situación en Barcelona, genera un efecto rebote que acaba afectando al área metropolitana. La temporada turística, el mundial de Fórmula Y en Montmeló, el Primavera Sound, el Sónar… son causas que ayuntamientos como Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, o Hospitalet de Llobregat, coinciden al marcar como motivos que generan colapso a los Servicios Sociales incapaces de encontrar un alojamiento por las personas desahuciadas.
El turismo masivo hace subir el coste de la vida. Los especuladores se apropian y privatizan iniciativas como el bnb, con plataformas como Airbnb que hacen subir el precio de la vivienda en todo el entorno, sometiéndose a la lógica financiera. Por mencionar solo dos ejemplos claros que hacen aumentar las desigualdades y acaban fomentando la expulsión de vecinas y vecinos.
Cómo pasó con el rescate bancario, ahora se está rescatando e impulsando la industria turística con fondos públicos. Un efecto negativo más de la COVID que ha generado un aumento de la precariedad de los de siempre y un enriquecimiento, también de los de siempre.
Durante la pandemia hemos visto realidades muy duras. Hemos visto cerrar comercios de barrio, establecimientos familiares emblemáticos caer por no poder pagar el alquiler de los locales, perdiendo así su fuente de ingresos. También hemos visto a Instituciones y cargos públicos hablar de los peligros del monocultivo en un sector tan vulnerable y nocivo como el turismo. La necesidad de reducir la dependencia a este sector y diversificar la economía, es clara.



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