Inspección de Trabajo ha multado a Just Eat por cesión ilegal de parte de su plantilla de riders. Una nueva sanción para el sector que, pese a la regulación, sigue en el centro de la precariedad laboral.
La empresa de reparto de comida a domicilio quería erigirse como referente en condiciones laborales. Antes de la ley rider, Just Eat era la única empresa que tenía en los repartidores contratados. Los trabajadores, inscritos en una app, cobraban por hora, también incluidas las esperas y no únicamente por envíos. Todo ello con un contrato laboral y con la plantilla dada de alta en la Seguridad Social.
Con la entrada en vigor de la ley rider, en agosto del año pasado, queda establecido que los trabajadores del sector no son trabajadores autónomos. Con los cambios legislativos, las empresas delivery han planteado distintos modelos. Glovo tiene contratados a dos mil trabajadores, mientras que ocho mil siguen como autónomos. Para sortear la ley, la empresa permite que decidan cuándo se conectan a la app para realizar los envíos, sin penalización por no hacerlo. Además, pueden decidir el precio que cobran por el servicio. Uber Eats ha optado por la subcontratación, por lo que son otras las que contratan a los repartidores. Se encargan empresas VTC como Closer Logistics y Delivers. La compañía aseguraba que el modelo propuesto “protege a los trabajadores con contratos laborales” mientras que los sindicatos denunciaban “un despido colectivo en cubierto”. Con la nueva ley, Deliveroo ha decidido marcharse de España mientras que Just Eat, ha sido la más beneficiada, ya que tenía un modelo mixto, con trabajadores contratados, colaboraciones con restaurantes con repartidores propios y subcontrataciones por ETT.
Marc Espinosa, rider asalariado de Just Eat a través de ETT, asegura a Bussiness Insider España, que se encuentra en una situación de “mayor inestabilidad” por la poca duración de los contratos que suelen ser de uno a tres meses, aunque confirma que “está más tranquilo que cuando era autónomo”. Denuncia que se crea un falso dilema cuando se plantea el modelo de falso autónomo o asalariado: “al final es escoger bajo qué figura preferimos estar explotados o precarizados”. Desde el sector se denuncia que el 80% están subcontratados por ETT y siguen como falsos autónomos y se quejan de que para llegar a cobrar el sueldo mínimo deben trabajar más de cincuenta horas.
Primer convenio del sector
Just Eat llegaba a un acuerdo con los sindicatos y lograba el primer convenio de empresa del sector. El pacto establece un sueldo mínimo de 15.200 euros anuales, lo que supone 8,50 euros brutos por hora. Además, se garantizan treinta días naturales de vacaciones, una jornada máxima de nueve horas al día y dos días de descanso ininterrumpidos. Además, la empresa facilita móviles para que los trabajadores no tengan que utilizar sus dispositivos personales. En los casos en que los repartidores tengan que utilizar sus medios, como la motocicleta, la empresa se compromete a compensarlo. Tanto la dirección como los sindicatos afirman que supone “un paso histórico”.
Sin embargo, aunque Just Eat aseguraba ser “un referente” en condiciones laborales en el sector, el pasado 27 de julio se hacía pública la primera multa por cesión ilegal de 183 repartidores y la empresa danesa tendrá que pagar 187.515 euros. Además, Fleet Delivery Solutions S.L también ha sido sancionada con 62.503 euros por realizar la subcontratación. La actuación de Inspección de Trabajo se produce después de que CCOO denunciara la mala praxis. Con la subcontratación, Just Eat se ahorraba parte de los costes laborales que habría asumido si hubiera realizado la contratación directa. Inspección considera que a los repartidores afectados se les debería aplicar el convenio de Just Eat y no el de la empresa que realiza la subcontratación. Con el convenio pactado el pasado diciembre, la empresa delivery se comprometía a ir transitando hacia la contratación directa. Aunque quería presentarse como referente en calidad laboral, no todas las subcontrataciones se han hecho conforme a la ley. La cesión ilegal ha supuesto la instrumentalización de un tercero para que proporcione mano de obra, con peores sueldos y condiciones laborales, pese a ser Just Eat quien dirigía el servicio. La compañía asegura que “las subcontrataciones se hacen en cumplimiento con la ley y respetan los derechos de los trabajadores”.
