El Parlament aprueba la ley “antiocupa” impulsada por Junts per Catalunya

Ayer por la mañana, con los votos a favor de Junts, PSC, ERC, Cs, el voto en contra de los comunes y la CUP y la abstención del PP y Vox, fue aprobada en el Parlament de Catalunya la ley antiocupas, con el espíritu de dotar a los ayuntamientos de mecanismos para poder desahuciar con más facilidad lo que han pasado a denominar ”ocupaciones delinqüenciales”. 

El relato utilizado para sacar adelante esta ley, hace tiempo se está alimentando desde el sector político más neoliberal y llega justo ahora con tufo claramente electoral. Un relato que hace aumentar el fantasma de las ocupaciones, pensado para generar una falsa alarma social que los datos demuestran como ficticio y alejado de la realidad. Un relato altamente denunciado por el movimiento por la vivienda y las personas que realmente sufren la realidad de la ocupación: aquellas sin recursos que el sistema expulsa y ahora son perseguidas como conflictivas.

En un contexto social donde crecen las desigualdades, por sueldos y etnias, y la problemática con la vivienda persiste, sorprende que en pequeños adelantos como la moratoria de desahucios, la ampliación de la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética (en riesgo de suspensión), el espejismo que fue la regulación de alquiler o la congelada ley de vivienda del Gobierno de España, los diversos actores políticos sean incapaces de encontrar un consenso para erradicar la emergencia habitacional cronificada, pero les falta tiempo para ponerse de acuerdo y perseguir las consecuencias.

La realidad en datos

Los alquileres en Cataluña, desde la suspensión de la ley que regulaba los precios, han subido un 9’2%. Las hipotecas, con la subida del Euríbor, se vuelven insostenibles con riesgo a repetir los efectos de la anterior crisis. La juventud ve que la edad para independizarse ronda los 30 años y solo el 17% lo puede hacer, al tener que destinar entre el 65 y el 85% de su salario a la vivienda. El racismo inmobiliario deja fuera del mercado a las personas de origen extranjero en un grave caso de discriminación directa por el color de piel.

Cataluña lidera el ranking como el territorio donde más se desahucia, con una media de 44 desahucios diarios. La lista de espera de la Mesa de Emergencia en Cataluña cuenta con más de 2.500 familias que ven como los plazos de entrega pueden llegar a los cinco años, a causa de la carencia de un parque de vivienda pública que dé respuesta a la emergencia habitacional.

Con todo, los recursos para la vivienda se han reducido en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2023. La partida de vivienda y ordenación del territorio ha caído un 44%, reduciéndose los recursos para vivienda de 749 a 562 millones. Los de ordenación y promoción del suelo, de 179 a 49 millones y la previsión de nuevas viviendas sociales iniciadas pasa de 2.700 a 2.000.

Si la situación no fuera bastante estrambótica, una investigación del diario Crític, que fue perseguida judicialmente para que no saliera a la luz, muestra como Cataluña hay más de 34.856 pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. De este total, ocupados sin título habilitante, hay el 23%. Ocupados sin título no quiere decir que los habitantes hayan entrado de manera irregular, una ejecución hipotecaria o los propietarios que han perdido la vivienda todavía viven mientras se negocia el alquiler social o el realojamiento, o una situación de carencia de renovación del alquiler por una subida abusiva, negociando la renovación obligatoria en función de la ley 1/2022, también son situaciones tratadas con este engañoso nombre.

Entonces, es tan grande el problema de la ocupación como quieren hacer creer? A quién beneficia este discurso o la ley antiocupaciones aprobada ayer? No es más acertado hablar de carencia de derecho a la vivienda como problema social?

Según datos del INE el total de denuncias por allanamiento de morada, es de 185 en todo el estado español y de 0 en la ciudad de Barcelona el 2022. Hablamos de un 0.0007% del total de viviendas del Estado. Unos datos que muestran todo lo contrario de lo que dicen aquellos actores que sobredimensionan el problema.

¿Qué son ocupaciones conflictivas?

De entrada parece una problemática residual que no justifica la aprobación de la ley antiocupas. Según los impulsores de la ley, son aquellas ocupaciones que alteran la convivencia. Ahora hay que responder a la pregunta cómo se determina esta alteración. La respuesta no está clara a la ley de Juntos X Cat. Según Albert Batet, presidente del grupo parlamentario, ”esto lo tendrá que argumentar la comunidad de propietarios o bien el Ayuntamiento en cuestión”. La puerta a interpretaciones que se abre, es realmente peligrosa.

Si todo pasa para ser buenas vecinas, el hecho de pagar el alquiler o tener una propiedad, no te libera de poder ser conflictiva. Vincular la ocupación con la delincuencia, estigmatiza todavía más a las personas vulnerables que no han visto otra salida y que lo que buscan es poder regularizar su situación, después de ser abandonadas por las mismas instituciones que ahora las criminalizan.

Cambios de última hora

Una de las medidas más problemáticas que recogía la propuesta original de Junts era querer habilitar en las comunidades de vecinos a instar un desahucio. Una medida que implicaba reformar el Código Civil y según la PAH ”solo hacía que estigmatizar -todavía más- a las familias en situación de vulnerabilidad y abonaba el terreno para el racismo y la aporofobia”. El desahucio iba a cargo de los ayuntamientos sin ningún tipo de estudio sobre la situación de las personas que se pretende expulsar.

Finalmente, la presión del movimiento por la vivienda ha hecho que la ley se aprobara con enmiendas. Ha caído del texto final convertir las comunidades en Desokupas y si bien se ha aprobado habilitar en los ayuntamientos a desahuciar en casos de pisos de grandes propietarios, lo tendrán que hacer con procedimientos e informes previos.

La PAH presentó una enmienda ya redactada, para proteger a las familias en exclusión residencial, que Junts se ha negado a incluir en el texto definitivo: “Las medidas previstas en esta ley NO serán aplicables a personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial, definida por los apartados 10,11,12 y 13 del artículo 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.

El texto recoge que los ayuntamientos puedan adquirir los inmuebles, donde se produce, el desahucio durante un máximo de 7 años para hacer alquiler asequible. Hay que recordar que la Ley 24/2015 contempla que sean los grandes propietarios los que hagan oferta de alquiler social obligatorio como medida para evitar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda a las personas precarizadas. Así como la cesión obligatoria de las viviendas vacías para darle el uso social en manos de las administraciones.

Si Junts, PSC y todos los que promueven esta persecución a las ocupaciones, realmente quisieran acabar con esta consecuencia del problema con la vivienda, tendrían que poner más energías en reformas y leyes que garanticen el derecho a la vivienda, sin distinción de clase o estatus social.