Urgen a aprobar un nuevo decreto de conciertos para evitar la segregación escolar

La Fundación Bofill ha presentado un informe sobre la situación de la educación concertada en Catalunya y ha alertado que el actual decreto de conciertos, que esta semana cumple 30 años de su aprobación, ha quedado obsoleto e impide el despliegue de algunas medidas contra la segregación escolar, como la planificación de la oferta educativa.

Según el estudio Educación pospone la aprobación de un nuevo decreto de conciertos imprescindible para combatir la segregación, mientras el sector concertado escolariza a un 11% del alumnado extranjero, la red pública acoge al 20%. “Estos desequilibrios de composición social son presentes en todos los municipios de Catalunya que tienen escuelas concertadas y públicas”, indican los mismos datos.

Dentro de los centros concertados, hay diferencias. Así, el 53% tiene “una composición equilibrada con su entorno” y el 44% “ha reducido la ratio para evitar la sobreoferta de plazas tanto como lo hizo la escuela pública, a pesar de no tener obligación”.

El organismo remarca que la escuela pública no puede asumir todo el peso de las medidas de reducción de la oferta que serán inevitables en los próximos cursos a causa de la bajada demográfica. Y alerta: “Si no se avanza hacia una planificación conjunta de los lugares escolares de los centros públicos y concertados, el ajuste de plazas para hacer frente a la segregación supondrá una reducción de la oferta pública”.

La entidad pone varios ejemplos de la diferente distribución. La asignación de matrícula viva (una vez ha empezado el curso) continúa derivándose mayoritariamente en los centros públicos. “El 71% de los centros concertados recibe menos matricula viva que la media de los municipios donde están ubicados, una tendencia de asignaciones que hace crecer la complejidad de la red pública”, asegura el estudio.

Un decreto “obsoleto”

Por eso, urge a la elaboración de un nuevo decreto de conciertos. El 2019 se inició, pero todavía no ha visto la luz, y la fundación cree que acabar la legislatura actual sin esta nueva norma “intensificará las diferencias de composición entre redes y dentro del sector concertado”.

“La regulación del sector concertado es un elemento central a la hora de abordar las desigualdades en la distribución del alumnado, y es todavía un reto pendiente. El decreto de conciertos, vigente desde hace 30 años y muy anterior a la Ley de Educación (2009), avala una aplicación parcial y desigual de parte de las medidas previstas en el Pacto contra la Segregación escolar por parte de los centros educativos concertados. Este marco regulador ambiguo y obsoleto favorece que haya desigualdades importantes entre redes de titularidad y dentro del sector concertado”, añade.

En este sentido, considera que el actual decreto de conciertos del año 1993 es un freno para reducir la segregación escolar, y reclama desarrollar un de nuevo que recoja los principios de coeducación y corresponsabilidad de todos los centros del Servicio de Educación de Catalunya. No obstante, los trámites de la aprobación del nuevo reglamento están “congelados” desde el 2020.

Subvenciones poco eficaces

Desde la Fundación Bofill, remarcan que el Departamento de Educación ha aumentado la financiación en la escuela concertada por la escolarización del alumnado NESE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) en 12 millones de euros para el año 2023, el doble que el curso anterior, para promover la distribución equilibrada del alumnado. No obstante, esta cantidad no está ligada a medidas de equilibrio social, como la regulación de las cuotas o el ajuste de la oferta.

“Este incremento solo tiene sentido si los recursos sirven de manera efectiva para eliminar las barreras de acceso y combatir las desigualdades entre centros. Sin avanzar hacia cambios estructurales en el modelo de financiación, prever mecanismos de control sobre los efectos de estas dotaciones sobre la segregación y garantizar que se cumple de manera efectiva el acceso a las actividades y la permanencia a lo largo de los años del alumnado, las subvenciones no serán eficaces”, advierte el informe.

Pide que el aumento presupuestario vaya acompañado de regulaciones “claras” sobre corresponsabilidad y medidas de control del cumplimiento de sus deberes. “Hace falta que el Departamento de Educación apruebe un nuevo decreto de conciertos para garantizar la programación integrada de la oferta educativa de todos los centros financiados con fondos públicos”, concluye.

Según Palacín, los centros concertados que “realmente están escolarizando a alumnos pobres e inmigrantes resulta que están obteniendo prácticamente el mismo apoyo económico que otros centros que no son corresponsables y se están desvinculando de esta política pública”.

Por otro lado, la experta en políticas contra la segregación escolar Maria Segurola ha destacado que hay casos en que las medidas contra la segregación escolar han mejorado, y ha puesto como uno de los ejemplos la experiencia de Terrassa, que es la ciudad que más ha reducido la segregación escolar en los últimos cinco años.públicos”, concluye.