Este reportaje forma parte de una serie de artículos sobre la situación de las personas refugiadas palestinas en el Líbano y la falta de derechos en aspectos como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo o la infancia.
Las palestinas refugiadas en el Líbano se enfrentan a muchas dificultades en términos laborales, al contrario de lo que pasa en otros países como Jordania y, antes de la guerra, en Siria. Las restricciones a los puestos de trabajo de calidad y las diferencias de contratación las relegan a una posición de discriminación, puesto que tienen sueldos más bajos que las trabajadoras locales y no tienen acceso a las prestaciones de la seguridad social, a pesar de pagar los impuestos correspondientes.
Dentro de los campos, las personas palestinas generalmente pueden practicar la mayoría de las profesiones o tener negocios propios, pero las limitaciones se aplican en otras partes del Líbano. El año 2005, el Ministerio de Trabajo anunció que podían trabajar en algunas ocupaciones que antes estaban prohibidas, pero continuaban sin poder ejercer en el campo de la medicina, la ingeniería o la abogacía, ya que para eso necesitan estar colegiadas, tener nacionalidad libanesa o que haya una política de reciprocidad con el país de origen, y las palestinas no reúnen ninguna de estas tres condiciones.
Desde entonces, diferentes ministros del ramo se han abierto a que accedan a algunas profesiones, siempre que obtengan un permiso de trabajo, para lo que es necesario tener contrato de trabajo, documentación que acredite la condición de refugiadas, documentación de la empresa y justificante de que contribuirá a la caja nacional de la seguridad social.
En 2010, el Parlamento modificó las leyes laborales y de seguridad social para permitir que las palestinas registradas como refugiadas pudieran lograr permisos de trabajo de manera más eficiente y gratuita y acceder a la caja de la seguridad social, pero a la práctica, continuaban teniendo obstáculos para obtener estos permisos y tampoco podían ejercer profesiones sindicadas.
De hecho, una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Unión Europea del año 2012 realizada en el marco del proyecto ‘Mejorando el acceso al trabajo y la protección social de las refugiadas palestinas en el Líbano’ indicaba que menos del 2% había obtenido un permiso de trabajo desde 2010 y muchas desconocían los procedimientos para conseguirlo, o bien estaban desmotivadas por el alto coste que se tenía que pagar a la seguridad social sin obtener prestaciones a cambio. Además, al personal palestino se le pagaba un 20% menos que al local y la gran mayoría no tenía ni contrato escrito, ni acceso a una cobertura de salud, ni vacaciones pagadas, ni baja por enfermedad. Solo una pequeña parte recibía una pensión o una indemnización al finalizar el contrato laboral.
La investigación de la OIT y la UE remarcaba que la falta de un empleo digno, estable y bien remunerado estaba relacionada directamente con las duras condiciones de vida de las refugiadas, los altos índices de pobreza, las infraestructuras inadecuadas, las malas condiciones de la vivienda y las limitaciones para acceder a servicios de calidad y protección social: “La mayoría están desprotegidas, con derechos laborales limitados a causa de restricciones legales, malas prácticas o prejuicios. La falta de acceso a oportunidades de trabajo decente exacerba el ciclo de empobrecimiento y precariedad”.
Diez años después, la situación laboral en todo el país es mucho peor. La mayoría trabaja en el sector informal y las personas trabajadoras palestinas registradas que pagan a la seguridad social continúan sin beneficiarse de las prestaciones. Esto se debe sobre todo al estatus legal y político que reciben en el Líbano, ya que las palestinas son tratadas como extranjeras en términos de trabajo y propiedad, de forma que están sujetas a un acuerdo de reciprocidad de trato entre el Líbano y el país de origen, algo que es inviable para las ellas.
En noviembre de 2021, el ministro de trabajo libanés, Mustafa Bayram, anunció una medida innovadora para permitir a las refugiadas palestinas trabajar en empleos que sólo estaban abiertos a la ciudadanía libanesa, incluidos los de los sectores de medicina, ingeniería y abogacía. El proyecto no vio la luz, ya que en febrero de 2022, el Consejo de Estado libanés suspendió la decisión del ministro. La norma, que finalmente fue desestimada, ampliaba las oportunidades de trabajo a las personas palestinas nacidas en el país o las que tuvieran mujeres o madres libanesas. No hacía referencia a las mujeres palestinas casadas con libaneses, porque ellas pueden reclamar la nacionalidad libanesa a través de sus maridos y trabajar en lugares a los que las palestinas no tienen acceso.
Bayram argumentó que “las palestinas en el Líbano están impulsando el ciclo económico en el país. Las cifras que expresan la realidad de las refugiadas palestinas son desgarradoras”. Para el ministro, la propuesta daba “prioridad a las libanesas, seguidas de las palestinas, que sufren lo mismo que nosotros” y anulaba “decisiones de ministros anteriores que eran restrictivas”. Asimismo, rechazó que el proyecto tuviera relación con la concesión de la ciudadanía libanesa a las palestinas, que era uno de los motivos por los cuales recibió más críticas y que ayudó a hacer tumbar la propuesta.
En la actualidad, los trabajadores refugiados palestinos pueden obtener permisos para algunos trabajos relacionados con la administración, la banca y los seguros. Entre los puestos a los que pueden acceder, figuran algunos relacionados con archivo, documentación, informática, construcción, mecánica, electricidad, herrería, pintura, decoración, carpintería, pintura, peluquería, sastrería o representación comercial o de marketing.
En cambio, están vetadas en el sector público, jurídico y en todas las ingenierías. Dentro del ramo de la salud, no pueden trabajar en medicina, veterinaria, enfermería, partos (a pesar de que pueden explicar cómo hacerlo en institutos), interventoría, trabajo social, laboratorio, jefe de transfusión de sangre, propiedad de hospitales privados, farmacia, óptica, ortodoncia, fisioterapia, terapia ocupacional o nutrición. En algunos casos, como el del personal de enfermería e interventoría, sí pueden trabajar si forman parte de una organización internacional con licencia para operar en el Líbano.
Las trabajadoras palestinas tienen salarios más bajos y pagan la seguridad social a pesar de no beneficiarse de las prestaciones
En el ramo del transporte, las personas palestinas tienen prohibido ser propietarias de taxis, enseñar a conducir, hacer seguimiento de los trámites en la administración del registro de vehículos, conducir un transporte público o navegar en la costa libanesa.
Tampoco pueden abrir una guardería, tener una empresa de trabajo doméstico, ser representantes de una compañía que busque a personas para trabajar en las casas, dedicarse a la venta al por mayor de tabaco, certificar cuentas públicas o ser guías turísticos ni invertir en viajes, en agencias de turismo y en transporte turístico.
Las restricciones al trabajo tienen un efecto directo con el nivel de vida, puesto que los salarios más altos están en las profesiones a las que no pueden acceder, y esto condiciona cuánto dinero pueden destinar a vivienda, alimentación y ocio. También perjudica la educación de niños y jóvenes, ya que hay alumnos que abandonan la escuela porque consideran que después de estudiar durante muchos años no podrán trabajar de aquello para lo que realmente se han formado y sería una pérdida de tiempo y de energía.
Así, generaciones de palestinas ven pisados sus derechos a nivel laboral, social, educativo y cultural, cuando el Líbano tiene obligaciones en virtud de los tratados internacionales que ha firmado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Abu Wassim Mahmoud El Joumaa, que dirige la ONG Beit Atfal Assomoud (BAS) en los tres campos que hay en el sur del Líbano (Burj el Shemali, Rashidieh y El Buss), remarca que “somos útiles para la situación económica y nos dejamos nuestro dinero en el Líbano, pero el Líbano nos mira como a enemigos. No nos respetan. ¿De qué tienen miedo? La agenda de la derecha intenta hacernos la vida muy difícil para que nos vayamos del país, pero no es fácil viajar”.
“Por eso, en nuestra institución, nos centramos en la formación profesional”, comenta Abu Wassim. “Hacemos cursos de electricidad, pintura, energía solar, programación informática… Así, existe la posibilidad que los palestinos y palestinas accedan al mercado laboral. En cambio, si eres una doctora, quizás puedes trabajar en un hospital, pero es ilegal, y cuando hay controles tienen que esconder que hay palestinas, y el salario siempre es menor que el de las libanesas. Si eres ingeniero, tampoco puedes trabajar oficialmente, pero si te dedicas a la mecánica o a la carpintería, sí que lo puedes hacer. En la actualidad, con la gran crisis y la corrupción, no hay un control como había antes, y hay palestinos que conducen y hacen de taxistas, por ejemplo, sin tener la licencia oficial”.
Un estudio del Banco del Líbano de 2022 subraya que la comunidad palestina aporta un mínimo de 15 millones de dólares al mes al país. En el desglosado, especifica que la UNRWA tiene contratadas a 2.800 personas en el Líbano que cobran una media de 1.500 dólares al mes, lo que hace un total de 4,2 millones de dólares. Además, el número de familias registradas en las listas del departamento de asuntos de los mártires es de 5.000 personas (palestinas y libanesas) y cada familia recibe 500 dólares mensuales (2,5 millones de dólares).
Igualmente, detalla la entidad financiera, las instituciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), entre ellas, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, cuentan con unas 5.000 personas que reciben 600 euros mensuales (3 millones). Por otro lado, el presupuesto del Fondo de Seguro de Salud Palestino, que va a parar a hospitales y centros médicos libaneses, además de medicamentos, médicos y médicas, es de 400.000 dólares.
A esto se añaden los gastos de asociaciones civiles e internacionales que trabajan en la comunidad refugiada, los fondos de palestinas en el extranjero y el empresariado palestino en el Líbano. En total, suman más de 15 millones de dólares estadounidenses al mes. El gobernador del Banco del Líbano, Riyah Salameh, aseguró que “las personas palestinas son actualmente las que dan un apoyo más destacado e importante a la economía libanesa, y los números lo demuestran”. Aun así, denunció, “se las continúa llamando extranjeras, extrañas e intrusas”.
Texto extraído del informe ‘Sobreviure als camps de refugiades. La població palestina al Líban pateix una manca crònica de drets‘ editado por la Associació Catalana per la Pau, l’Associació Catalunya-Líban y la Fundació ACSAR.
Catalunya Plural, 2024 
