Año 1997: el Congreso de Diputados y el Senado aprobaron por unanimidad la Ley Orgánica por la que se transferían a la Generalidad competencias relativas al tráfico. Era un traspaso políticamente muy relevante: las competencias de tráfico estaban reservadas, según el Estatut de 1979, en el Estado central. El acuerdo fue posible porque el artículo 150.2 de la Constitución permite transferir a las comunidades autónomas competencias estatales a través de una ley orgánica. Además, tenía una trascendencia política evidente: el Cuerpo de Mossos d’Esquadra sustituía a la Guardia Civil en una de sus tareas esenciales, el control del tráfico.
El relevo de las típicas parejas de motoristas de la Guardia Civil, que habían formado parte del paisaje de nuestras carreteras durante muchos años, por las nuevas patrullas de los Mossos, transmitía un mensaje suficientemente claro a la ciudadanía y a los turistas extranjeros que circulaban por Cataluña: el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que en 1994 había iniciado el proceso de sustitución de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el territorio, daba un paso más demostrando que era, o sería, una policía integral. En el País Vasco, de acuerdo con el Estatuto de Gernika, la Ertzaintza ya ejercía esta competencia desde 1983.
Este traspaso formó parte del llamado Pacto del Majestic, firmado entre el PP de José María Aznar y la Convergència i Unió de Jordi Pujol y Josep Antoni Duran Lleida después de las elecciones de 1996. El acuerdo permitió que Aznar, que no disponía de mayoría absoluta, fuera investido presidente con los 16 votos de CiU, los 5 del PNV y los 4 de Coalición Canaria. El PP, en cumplimiento de lo pactado, votó a favor de la Ley Orgánica: no hubo ningún voto en contra. El ministro del Interior era Jaime Mayor Oreja.
Hoy en día, esta competencia, desde que fue incluida en el Estatuto de 2006, ya no puede ser revertida al Estado por otra ley orgánica: debería reformarse el Estatuto con el referéndum correspondiente.
Año 2023: El Gobierno central, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de 1982 de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, aprueba un Real Decreto Ley por el que se transfieren las competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a la Comunidad Foral de Navarra. A partir del 1 de julio, la Policía Foral ejerce de forma exclusiva el control del tráfico en las carreteras de su ámbito territorial.
A diferencia de lo que ocurrió en 1997, en esta ocasión la reacción contraria de la derecha y la extrema derecha fue brutal. Vox criticó que se busque “empobrecer al Estado en favor de reinos de taifas” y lamentó que la Guardia Civil y la Policía Nacional “pierdan presencia”. Tanto el PP como Vox acusaron al Gobierno de expulsar a la Guardia Civil de Navarra. El PP fue especialmente duro con que este traspaso fuera “una concesión al PNV y EH Bildu”.
En diciembre de 2022, representantes del PP, Vox y Ciudadanos habían participado en una manifestación, convocada en Pamplona por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en protesta por el traspaso de competencias a la Policía Foral. La conservadora Unión del Pueblo Navarro (UPN) consideró que el acuerdo “era una vergüenza y un insulto a los navarros”. La Asociación Profesional y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentaron un recurso al Tribunal Supremo solicitando la nulidad de la transferencia. El dirigente del PP Pedro Rollán calificó de “pleitesía a los independentistas” el mismo acuerdo que su partido había votado en 1997 por Cataluña a cambio de los votos de CiU.
Este es un buen ejemplo de cómo la derecha y la extrema derecha enfocan el Derecho y la Constitución. José María Aznar, con veinticinco años, escribía en 1978 artículos en medios de comunicación pidiendo el voto en contra o la abstención en el referendo de la Constitución. No es un pecado de juventud: algunos, con la misma edad, defendíamos desde el PSUC el voto afirmativo. Ahora Aznar se considera el único intérprete válido de un texto constitucional que no compartía y contra el que luchó. Si las leyes son como él las entiende, son constitucionales; de lo contrario, son “un peligro para la democracia” que él no distinguió precisamente al defender cuando era necesario.
Aznar opina que una ley de amnistía “es la mayor humillación en España en buena parte de sus siglos de historia”, obviando que no hace falta ir demasiado lejos para encontrar dos humillantes dictaduras y una humillante guerra nacida de un humillante golpe de estado militar. Aznar y el PP piensan que, si los pactos con otros partidos les permiten gobernar, son positivos y constitucionales; si sirven para que gobiernen las izquierdas, son una traición y están fuera de la legalidad. Y que los cortes callejeros, cuando los protagonizaban independentistas o sindicalistas, eran rebelión y sedición, y si los provoca Esperanza Aguirre, son un servicio en España.
El PP y Vox, parte de la cúpula del poder judicial y algunos sindicatos de la policía estatal piensan que se pueden saltar la división de poderes y la obligada neutralidad política de jueces y policías que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecen. Da igual: el Derecho y la Constitución son ellos. Y el Estado también: como Luis XIV.
Catalunya Plural, 2024 
