Solidaridad, el brazo sindical de Vox, aumenta la presión del partido contra el gobierno con una convocatoria de huelga general el 24N. Abascal ha llamado a la “movilización permanente, constante y creciente” con una agitación en las calles de la España ultra bajo el lema “Noviembre Nacional” con cercos diarios a las sedes del PSOE. Un mes importante para los del brazo alzado que celebran el aniversario del asesinato de Primo de Rivera y la muerte de Franco. El gran reto es la huelga general. Después de haberla tenido que corregir por defectos de forma, finalmente el Ministerio de Trabajo le ha dado el visto bueno. Aunque el sindicato dudosamente cumple con el requisito de tener implementación en las empresas o sectores donde quiere realizar el paro. Desde CCOO no valoran la convocatoria de huelga de la ultraderecha, pese a no compartirla “porque tenemos máximo respeto por la principal herramienta de nuestra acción sindical”.
¿Una huelga ilegal?
Solidaridad afirma tener 250 delegados sindicales, es decir, menos del 0,1% de los que hay en España y ninguno en Cataluña, lo que les dificulta cumplir los requisitos legales para poder plantear una adhesión a la huelga en los centros de trabajo. Los precedentes del fallido bloqueo de la asociación ultra Hazte Oír el día de la investidura de Pedro Sánchez dejan poco lugar a la esperanza.
“La huelga es ilegal: Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, establece el artículo 11 del Real Decreto Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. Hasta el momento el sindicato no ha aportado demasiados argumentos laborales y llama a movilizarse “ante la nueva traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal y el resto de los actores”. El líder de Vox, Santiago Abascal ha sorteado ese obstáculo argumentando que los pactos de Pedro Sánchez con los socios parlamentarios incluyen una condonación de deuda a algunas comunidades autónomas y la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Y aunque ha hecho un llamamiento a otras organizaciones sindicales, solo se le han unido grupos neonazis y de extrema derecha que ya llevan dos semanas en la calle Ferraz rodeando la sede del PSOE.
Del ultraliberalismo al nacionalsindicalismo
“Os quiero anunciar que muy pronto habrá en España un sindicato que protegerá a los trabajadores y que estará al servicio de los españoles y no al de partidos políticos o de causas ideológicas”. El anuncio que hacía Abascal hace tres años en un mítin en la campaña electoral de Galicia, era el inicio de un cambio de estrategia del partido, que acompañó de vídeos donde se presentaba al líder como un hombre con orígenes humildes y alejado de las élites. Obrero y español. Aunque desde el partido afirman que Solidaridad no es su sindicato, sino que solo cuenta con su apoyo, la asociación es clara. El secretario general del sindicato es Rodrigo Alonso, que ha sido diputado por Vox en el Congreso y en el parlamento andaluz o David García, el autodenominado “diputado obrero” de Vox actualmente en el Congreso y antes parlamentario en Valencia. Además, el sindicato no se corta en difundir en sus redes sociales contenido del propio partido. El nacional-sindicalismo gana poder en Vox y le come terreno al sector ultraliberal que se escenificaba con la dimisión de su mayor figura, Iván Espinosa de los Monteros.
Inspiración en el obrero-lepenismo
Desde los años 80 y 90 se puede ver un trasvase de voto obrero a formaciones de extrema derecha en países como Austria, Bélgica y Francia. En 1995 se fundaban plataformas sindicales por parte de la ultraderecha francesa Frente Nacional (FN) de Jean-Marie Le Pen, con una obrerización del discurso que también caracteriza a Vox y que reproduce Solidaridad: discurso antiinmigración; proteccionismo económico y la oposición a tratados internacionales como la Agenda 2030, en aquel momento contra el Tratado de Maastricht. También se veía entonces y ahora una oportunidad de quitar poder a los sindicatos tradicionales, con un discurso menos dirigido al espacio neoliberal de derechas.
Una nueva doctrina, el obrero-lepenismo, dirigido a un electorado que por clase social se sitúa próximo al progresismo pero que se identifica con un discurso populista, identitario y de ultraderecha. El sindicato del Frente Nacional fue ilegalizado en 1998, después de varias querellas de los sindicatos tradicionales. Argumentaban que incumplía la ley ya que no era un organismo en defensa de los trabajadores, sino una plataforma que sostenía al partido, un ejemplo que recuerda a Solidaridad. Aún así, la estrategia de obrerización le ha funcionado al partido francés, rebautizado como Reagrupamiento Nacional y dirigido por Marine Le Pen, que aún sin el sindicato, en los últimos comicios consiguió el 67% de voto obrero frente a un 33% que optó por Macron, según datos del ministerio del Interior francés. Desde CCOO, defienden el papel de los sindicatos de clase y trabajan en formaciones para los delegados del sindicato para hacer frente a la extrema derecha. Además, aseguran que es necesario hacer más pedagogía para explicar “porque bajar los impuestos impacta directamente en las clases trabajadoras con un empeoramiento del Estado del bienestar”.
Una estrategia europea
La estrategia de Solidaridad pasa por alianzas con otros sindicatos ultraconservadores europeos. El pasado mes de marzo firmaban un manifiesto en el Parlamento Europeo, donde rechazaban “la inmigración ilegal”, el “fanatismo climático”, los “sindicatos vendidos al poder”, “la lucha de clases”, la competencia desleal de productos extranjeros o la deslocalización de fábricas.
Para el sindicato, hay dos batallas claras a librar: el dumping social y la transición ecológica. Argumentan que con la llegada de “millones de inmigrantes dispuestos a trabajar en las condiciones que sea” hay una precarización del mercado laboral que penaliza al trabajador “español”. También ponen el foco en la Agenda 2030, ideada por Naciones Unidas, que es un “plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia” a la que responsabilizan de “declarar la guerra a las clases medias y populares culpabilizándolas de lo que no son responsables”. Afirman que la contaminación mundial es provocada por China, India y EEUU, frente a España que “no debe tener restricciones” ya que “solo emite el 0,8% de CO2 del cómputo global”.
Solidaridad, es una pieza más en la estrategia de Vox, que aunque con una implementación mínima, detrás hay una voluntad de ensanchar el espacio electoral por la izquierda una vez se ha cazado parte del electorado del PP y de Ciudadanos. Lanzar el mensaje de Vox aunque sin ser exactamente Vox. Atraer a las clases populares, no tanto por trabajadoras, sinó por “españolas”.
Catalunya Plural, 2024 
