Más de 600.000 personas se dedican al trabajo del hogar y los cuidados, contratadas por familias particulares, en España. El 11% (70.000) se encuentra en situación irregular, según un estudio de Oxfam (2021). Unas 40.000 mujeres trabajan como internas y de ellas 9 de cada 10 son extranjeras. Una parte considerable trabaja sin contrato.
Existe una sobreprecarización dentro de la precarización del sector de los cuidados, y esto se relaciona claramente con una cuestión de racismo y discriminación, afirma Rocío Echevarría, trabajadora del sector de los cuidados y miembro de la Cooperativa Micaela.
En el informe de Oxfam, la organización analiza cómo la falta de inversión estatal en las tareas de cuidados de larga duración y de atención a la dependencia se ha traducido en un sector completamente dependiente y sustentado por mujeres racializadas, y en la su mayoría precarizadas, para solucionar ese vacío. Según Sara Cuentas, periodista e investigadora social especializada en feminismo descolonial, “la organización de los cuidados a través del trabajo del hogar responde a una estructura social capitalista y patriarcal, en la que se externalizan las actividades, pero se mantienen en el hogar y en manos femeninas”.
Trabajar sin derechos
Para muchas mujeres que trabajan en este sector, el mes de junio de 2022 fue un mes de celebración. Tras una década de lucha, España ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una petición que el sector reclamaba desde 2011 y que implica la protección de derechos laborales y, sobre todo, acceder a una prestación por desempleo. Sin embargo, una vez más, las más de 70.000 mujeres que hoy en día siguen trabajando sin papeles en España han quedado al margen. A juicio de todas las trabajadoras entrevistadas para este reportaje, todavía queda mucho camino por recorrer. “Con el convenio 189 tenemos derecho al paro, pero las mujeres migrantes seguimos siendo esclavizadas, debido a la ley de extranjería española. Y a esto hay que sumarle la falta de voluntad política y legal”, lamenta Sandra Farro, trabajadora del hogar en España desde 2006 y socia fundadora de la Cooperativa Micaela.
Awa, de origen senegalés, lleva cuatro años en España. En los últimos meses ha logrado tramitar el permiso de residencia. Trabaja limpiando habitaciones de hotel, pero su empresa no quería contratarla sin tener una situación administrativa regular. “Decidí darles la documentación de una compañera para no perder el trabajo”, explica. Para poder conseguir la residencia a través del arraigo las personas extranjeras deben demostrar tres años de empadronamiento y un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el contratante que garantice, al menos, el salario mínimo interprofesional. Para conseguir la residencia, Awa tuvo que pagar un contrato falso, puesto que había trabajado todos estos años sin contrato. “Fui ahorrando poco a poco hasta que tuve los 3.000 euros para que un abogado me hiciera un contrato falso”.
Según el gerente de la empresa Just Clean Vilassar de Mar, que prefiere reservar la identidad, los cambios y reformas de la ley de extranjería española han dificultado la regularización de personas sin papeles. La compañía actualmente tiene a siete mujeres en plantilla a media jornada, pero diez años atrás habían llegado a tener hasta 17. “Antes era más fácil ayudar a regularizar, porque hacíamos un precontrato. Ayudamos a un montón de mujeres”.
En Cataluña, unas 24.000 trabajadoras domésticas trabajan sin contrato y, por tanto, no tienen ninguna protección asociada a una alta en la Seguridad Social, así como tampoco la posibilidad de coger la baja si enferman o de disfrutar de vacaciones pagadas. Según Berta Güell, investigadora principal de migraciones del CIDOB, “las condiciones laborales suelen ser precarias, sin contrato, mal remuneradas e inestables. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres internas, que tienen jornadas laborales muy extensas, con baja remuneración y poco tiempo libre”. El hecho de que el hogar sea tanto el lugar de residencia como el de trabajo afecta a los tiempos de descanso. “Esta realidad es un nuevo modo de esclavitud que resulta impune, porque las trabajadoras que acceden a estos puestos están en una situación administrativa no regularizada. Tienen que trabajar ante una ley de extranjería que las coloca en el limbo”, declara Cuentas.
Rocío Echevarría denuncia además la corrupción en la contratación de las mujeres migrantes con número de identificación fiscal (NIF) y en régimen de interna: mayoritariamente tienen un contrato laboral como trabajadoras del hogar, pero realmente operan como internas. Es el caso de Ingrid Rojas, trabajadora en régimen de interna, que después de haber denunciado maltrato físico y mental por parte de la familia contratante y vivir un largo proceso judicial, vio como la causa se desestimó. “La falta de mecanismos para que cuidadoras y trabajadoras de la limpieza tengan un amparo legal hace que muchas mujeres no quieran continuar los procesos judiciales”, afirma Echevarría.
Un mercado laboral en clave étnica y colonial
“Que este nicho de trabajo lo llene una mayoría de mujeres migradas tiene que ver con la segmentación del mercado laboral en clave étnica y de género, por lo que los trabajos menos cualificados y precarios los ocupan personas migrantes. En este sentido, existe un trasvase de desigualdades de clase y de etnia entre mujeres autóctonas y mujeres migrantes”, sentencia Güell.
Si bien la necesidad de ocupar a mujeres migrantes para solucionar nuestras necesidades reproductivas es cada vez más urgente, paradójicamente todavía no hay vías legales operativas para poder migrar y ocupar estos lugares de forma legal. “Ante una ley de extranjería opresiva, que restringe y limita la posibilidad de conseguir un trabajo acorde con las capacidades y trayectorias técnicas y profesionales de miles de mujeres migrantes, el régimen laboral de los cuidados es el más barato (para la contratación), flexible y que cubre una mayor intensidad horaria”, explica Sara Cuentas.
Este traspaso de desigualdades en clave étnica y colonial se agrava cuando el tipo de contratación de las trabajadoras se categoriza según el origen. Se ha documentado ampliamente que las mujeres cuidadoras preferidas para cuidar a personas mayores son las de procedencia latinoamericana. La concentración de mujeres originarias de América Latina y del Caribe ocupadas en estas actividades es del 32,3%, mientras que las mujeres procedentes de países europeos y africanos alcanzan, respectivamente, una incidencia aproximada del 20%, y las originarias de Asia sitúan en el 24,4%.
“En los hogares eligen a las mujeres latinoamericanas por esta visión de que somos más cariñosas, delicadas y amorosas; las compañeras subsaharianas se dedican más a la limpieza de hoteles y las compañeras marroquíes son las que más rechazo reciben por cuestiones de racismo”, declara Echevarría, miembro de Micaela. Sandra Farro, compañera de Echevarría en el colectivo Micaela, indica que, en los últimos meses, cuatro servicios de casas particulares han rescindido el contrato con la empresa porque, sospechan, quien atendía las casas era una trabajadora musulmana. “En el último servicio, Salma nos explicó que la propietaria la miraba mal”, añade Farro.
Las agencias de contratación de servicio doméstico se suman a esta categorización racial. “Las trabajadoras del hogar de origen filipino son muy demandadas en España por sus cualidades de honradez, discreción, fidelidad, capacidad de trabajo y alto conocimiento de la lengua inglesa e incluso de otros idiomas”. Así describe uno de sus servicios la agencia María Zugasti, como un recurso para satisfacer al cliente.
En relación a las trabajadoras filipinas la empresa Just Clean, que también ofrece servicio de internas, declara que existe un negocio poco transparente en cuanto a la contratación de estas mujeres: “Hace unos años descubrimos el fenómeno filipinas, que esto es con lo que tira todo el mundo. Nos pasaron un contacto de Barcelona que directamente te envía a las chicas. Nosotros lo que hacemos es intermediar entre la trabajadora y la familia”.
A esta situación, se le suma el hecho de que varios países de origen ya apoyan parte de su sostenibilidad económica en las remesas que las trabajadoras del hogar logran trabajando en otros países más ricos, como Arabia Saudí, Japón o países europeos. Es el caso de Filipinas, país en el que sus trabajadoras en el extranjero constituyen una de las principales patas de su economía. El propio gobierno del país, desde hace más de 40 años, promueve la migración de sus ciudadanas para que trabajen fuera y envíen divisas extranjeras. Se calcula que hay unos 10 millones de filipinas trabajando en el extranjero. Muchas mujeres participan en academias formativas financiadas por el gobierno para aprender a ser una “buena trabajadora del hogar en el extranjero”. Les muestran cómo deben colocar los cubiertos, cómo se lava a un bebé y cómo deben servir correctamente. Pero también les enseñan a controlar las emociones y a lidiar con todo tipo de abusos.
Debido a estas formaciones y sus competencias lingüísticas, las mujeres filipinas en España han copado un nicho de mercado: trabajan limpiando casas de familias acomodadas y haciendo de niñeras de sus hijos. “A lo largo de mi experiencia trabajando en casas de familias acomodadas, muchas me han dicho que prefieren mujeres filipinas para limpiar su casa. Me dicen que somos muy trabajadoras y me piden que busque chicas de mi país para trabajar en casa de sus amigos“. Mary llegó de Filipinas a Cataluña en el 2001. En ese momento era más fácil trabajar con contrato, pese a estar tramitando la residencia. Desde su llegada a España trabajó como interna cinco días a la semana cuidando a los cuatro hijos de una familia del barrio de Sarrià. Ahora ya no tiene energía para los niños y trabaja en casa de una señora mayor. “Me dijo que había tenido malas experiencias con mujeres latinoamericanas y que por eso buscó una filipina”, concluye.
Empresas y agencias de contratación
Según datos aportados por la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya a La Fàbrica Digital, actualmente hay 272 empresas con actividad económica en el ámbito del trabajo doméstico y de los cuidados en el Principado: 87 con actividades de servicios sociales con alojamiento, 88 con actividades de servicios sociales sin alojamiento y 97 con actividades del hogar que ocupan personal doméstico. Y se han detectado 308 infracciones.
Muchas de las agencias de contratación no tienen ninguna política de transparencia respecto a las políticas internas, lo que promueve situaciones de explotación y precarización como, por ejemplo, tener que trabajar en más de siete casas en un día para llegar al salario mínimo. “La existencia de agencias que terciarizan el trabajo de cuidados, como los servicios de atención a domicilio (SAD), son una evidencia de la mirada mercantilista del sector. Esto hace que el Estado se desentienda de sus obligaciones para garantizar derechos y poner la vida en el centro, y sobre todo de los cuidados que sostienen la vida”, denuncia Sara Cuentas.
Según el informe inicial de Oxfam, algunos cambios que se podrían aplicar para acabar con la precarización de este sector pasan por asegurar que el SAD sea quien se haga cargo de los cuidados de larga duración e integrar las trabajadoras del hogar que hoy cuidan a personas dependientes. También mejorar y aumentar las vías legales de regularización migratoria. La necesidad de tener que contar con un contrato laboral para optar a la regularización migratoria deja a estas mujeres en manos de los requisitos, extremadamente flexibles, de los contratantes, vulnerables a abusos y discriminaciones salariales, así como en riesgo de accidentes o malos tratos. Si bien es necesario cubrir estos trabajos, paradójicamente no existen vías legales operativas suficientes para poder migrar y ocupar estos puestos de trabajo.
Este reportaje ha sido publicado originalmente en La Fàbrica Digital
