La tragedia de las residencias durante la pandemia acaba sin depurar responsabilidades

La situación vivida durante la pandemia con las personas mayores provocó que muchas familias buscasen depurar responsabilidades oficiales entre las personas que gestionaron aquella situación, la cual se saldó con muchas vidas, provocando una auténtica tragedia para los familiares, que veían como sus abuelos y abuelas, en teoría en buen estado de salud, morían de un día para otro.

Esta demanda para esclarecer qué había ocurrido acabó con la conformación de un grupo de trabajo en el Parlament de Catalunya que tenía que dar respuestas a las personas afectadas y también provocar un cambio en el sistema de residencias.

Finalmente, el pasado 14 de febrero, se aprobaron las conclusiones del informe final. Según este informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la Covid-19 en las Residencias (GTAICRE), hasta el momento de la redacción y según datos del Departament de Salut, la Covid había causado la muerte de 23.694 personas. Un 27,3% de estas defunciones correspondían a personas mayores de 90 años, un 40,9% a personas de entre 80 y 89 años y un 19,3% a personas de entre 70 y 79 años. Esto deja una cosa clara: las personas mayores eran más vulnerables al virus.

En esta misma situación de vulnerabilidad se encontraban las personas usuarias de las residencias, donde murieron 4.598 residentes. Estas cifras también fueron las que motivaron la formación de un grupo de trabajo que, en un primer momento, estuvo pensado como una comisión de investigación. Según el grupo de trabajo, este cambio en la metodología y en la nomenclatura se debe al hecho de que necesitan: “centrarse más en los aspectos técnicos para poder disponer de un análisis objetivo para poder arrancar un cambio en el modelo residencial”.

La versión oficial

Para elaborar el informe se contó con una gran cantidad de expertos y de profesionales del ámbito sociosanitario. Cada grupo parlamentario que participa en este grupo de trabajo presentó a un profesional experto, reuniendo a un total de seis. Además, también hubo intervenciones de representantes de diferentes instituciones y organismos, así como fundaciones y plataformas de personas afectadas por la situación en la que se encontraron sus familiares en las residencias durante la pandemia. Otra parte importante fue la enorme petición de documentación que se hizo al Govern, más de una treintena.

Finalmente, después de meses de trabajo, esta versión oficial ha sido aprobada con el apoyo del PSC, ERC y Junts. Las conclusiones a las que se han llegado, entre otras muchas, es que en la fase inicial de la pandemia hubo falta de recursos y un gran desconocimiento sobre cómo funcionaba el virus, lo que obligó a improvisar en gran medida en la respuesta que se daba. Muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de estructuras preparadas y de la falta de protocolos adecuados.

Otro factor que destacan para justificar la mortalidad que se dio en las residencias (recordemos, según el Departament de Salut, 4.598 vidas) es que en Cataluña la mortalidad fue tan elevada como en el resto del mundo, afectando a más personas de edad avanzada y con otras patologías crónicas. También influyó que el sistema de residencias está diseñado como un sistema hospitalario, facilitando la transmisión del virus, sobre todo al principio de la pandemia.

En lo que respecta a cómo se decidió a quién se derivaba a los hospitales y a quién no, justifican que todas las decisiones se tomaron bajo estricto criterio médico, siguiendo lo que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) había publicado. Pese a esto, a causa de la tensión existente en el sistema hospitalario, constatan que existió un acceso desigual a éste. También mencionan que se vulneraron derechos a la información de las familias, debido al sistema de confinamiento utilizado en las habitaciones, provocando que muchas quedasen desinformadas y desamparadas.

En cuanto a los profesionales sociosanitarios que tuvieron que cargar con el peso de esta situación desconocida, quieren reconocer su labor, admitiendo que se vieron superados por la ausencia de titulaciones adecuadas, los bajos sueldos, las largas jornadas laborales, la alta rotación entre el personal y una ratio que no se actualiza desde el año 2011. Si a esto le sumamos una situación como una pandemia sin precedentes, podemos comenzar a entender por qué hablamos de tragedia en las residencias.

Por último, destacan también que el sistema de inspección fue completamente deficitario, y que el equipamiento con el que contaban las residencias era insuficiente para poder realizar pruebas diagnósticas suficientes, lo que provocó un aumento de los contagios por la imposibilidad para detectar personas positivas per asintomáticas.

Con todos estos factores expuestos, explican en sus conclusiones que es necesario “establecer un modelo de atención centrado en la persona”, para garantizar la dignidad de los usuarios, así como para reforzar diferentes organismos ligados a la Salud Pública. También piden una mayor financiación por parte del Estado español para poder abordar esta reforma.

Y aquí es donde nace el desconcierto de las familias al conocer el contenido de un informe que solo resalta carencias, pero que no señala a ningún responsable de una gestión que dejan como pésima o que justifican con argumentos absurdos y sin autocrítica, como que la mortalidad fue igual de alta que en otros países de Europa. Además, tampoco se habla sobre cómo reparar este perjuicio, ni de un calendario de trabajo para implementar todas estas mejoras que necesita el sistema (y que ellos mismo reconocen).

La realidad de las familias

Una vez se publica el contenido del informe, las familias se quedan sorprendidas. La organización Coordinadora Residencias 5+1, formada por familiares que buscan una atención digna en las residencias, hace público un comunicado y convoca una concentración delante del Parlament de Catalunya. La entidad destaca tres hechos muy importantes: que algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en el informe son mentira, que hay omisiones de algunas informaciones que podrían ser muy importantes y que no hay ninguna propuesta concreta de cambio en el modelo residencial.

Respecto a las mentiras, la que más destacan es que la derivación de los residentes al sistema hospitalario se realizó bajo criterios médicos del SEM. El informe explica que se siguió el protocolo, pero las familias tienen constancia de que, hasta a mediados de abril del año 2020, los residentes estuvieron excluidos por razones de edad y de lugar de residencia, una situación, señalan, que fue explicada por muchos de los comparecientes que hablaron con el Grupo de Trabajo.

Y este punto lo relacionan estrechamente con la elevada mortalidad registrada en las residencias. Explican que los residentes no tuvieron acceso al sistema sanitario de salud y que no fueron trasladados al hospital, sin atención médica en las residencias y dejándolos morir en condiciones indignas. Esto lo ejemplifican con el período entre el 1 de marzo y el 30 de abril del 2020, en el cual murieron 3.896 residentes con Covid confirmada o sospechosos de tener el virus, de los cuales 2.798 murieron dentro de las residencias y otros 1.098 en los hospitales. Aun así, en 6 residencias sumaron 101 defunciones sin ni un solo traslado a un centro hospitalario.

En las redes sociales encontramos personas que participaron como testimonios para la elaboración del informe. La usuaria Rossy Laciana, en la red social X, compartido por la propia Coordinadora, explica que: “es injusto que los testimonios que hemos dado decenas y decenas de personas no hayan servido ni para hacer justicia ni para replantear un modelo residencial y sanitario que condenó a muerte a miles de personas. Desatendidas, sin derechos. Y las carencias continúan. ¿Cómo se puede tolerar?”.

La Coordinadora Residencias 5+1 recibió como un cubo de agua fría toda esta situación, sintiendo que todo el esfuerzo que dedicaron a luchar por la justicia fue en vano. A su presidenta, Maria José Carcelén, le parece que la resolución de este grupo de trabajo es “una burla a los muertos y a las familias”, además de considerar que no se han leído los mismos documentos, ni han escuchado a la gran cantidad de testimonios con los que se contó.

Es por esto que las familias aún tienen un largo camino por recorrer en esta lucha. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las residencias todavía no ha cambiado, tal y como reconoce el propio informe del Grupo de Trabajo, donde se reclama una mayor inversión y un cambio de modelo que aún ni siquiera está planificado. Es por esto por lo que se tienen que tomar medidas urgentes para revertir esta situación que carga con muchas muertes a sus espaldas.