“El proyecto Hard Rock crearía más de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos”. “El polígono de Torreblanca-Quatre Pilans de Lleida puede generar entre 6.000 y 12.000 puestos de trabajo directos”. “Se estima que el proyecto BioClúster de Innovación y Salud creará cerca de 50.000 puestos de trabajo”. “Trabajar conjuntamente las políticas de promoción económica y las urbanísticas es uno de los aprendizajes que nos deja el legado del urbanismo de Barcelona”.
Tras la interrupción a causa de la pandemia y de las pausas para pulir diferencias y mejorar la normativa en la redacción de planes directores, planes de usos y planeamientos correspondientes, en varios lugares de Cataluña las excavadoras vuelven a desescombrar, las grúas a girar y las mezcladoras a escupir cemento. La construcción sigue. Avanza para dar forma a espacios nuevos, hubs, clústeres, ecosistemas y nuevas centralidades que deben atraer empresas y talento. Mano de obra con niveles de especialización y valor añadido diversos, aunque la realidad construida no siempre confirma los deseos sobre plano.
La planificación y ordenación del territorio “permite mejorar la situación económica y laboral de la población”, sostiene Miquel Morell, economista y socio de Promo Assessors. “El urbanismo se ocupa de entender las formas de vida y de poner orden para que las cosas funcionen bien”, dice Miguel Mayorga, arquitecto y profesor del departamento de Urbanismo, Territorio y Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña ( UPC). Y hoy, a pesar de la especialización sectorial de algunos de estos espacios en construcción, es necesario hacerlo de forma más transversal, superando modelos como la zonificación, que han quedado antiguos a juicio de los especialistas consultados.
“El modelo territorial tiende a la integración: ya no expulsa las actividades industriales y productivas a la periferia porque mayoritariamente ya no son molestas e insalubres, sino que es necesario tener una mixtura de actividad”, explica Francesc Peremiquel, arquitecto y también profesor del departamento de Urbanismo de la UPC. “Las nuevas centralidades deben entenderse como proyectos complejos, con usos y actividades diversificados que permitan aprovechar el tiempo y el espacio. Si no, por un lado tienes polígonos vacíos durante muchas horas al día y por el otro personas que tienen que invertir tiempo de desplazamiento porque viven y trabajan en lugares diferentes. Hay que romper la segregación espacial porque así seguramente las condiciones laborales mejorarían sustancialmente”, detalla.
“La industria hace que, allí donde se implanta, haya menos desigualdades”, indica Elisabet Viladecans, catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB). “Tiene una fuerza laboral mejor remunerada que el turismo y es algo más intensiva a nivel tecnológico”. Precisamente hace una semana que Ghizlen Ouasbaa, investigadora del IEB y doctoranda de Viladecans, presentó la tesis en la que evidencia que, a largo plazo, los habitantes de municipios que apuestan por el turismo acaban teniendo una renta per cápita menor que los municipios que optan por otra actividad económica. “¿Qué modelo económico queremos?”, pregunta la catedrática de economía. Y recuerda que la organización del espacio “depende de normativas municipales. Es cada ayuntamiento quien decide en función del modelo que desee. Es una decisión política, se supone que argumentada”.
Cemento y puestos de trabajo
Barcelona, por ejemplo, “está muy obsesionada con conseguir desarrollo económico a través de la transformación del espacio”, señala Marc Pradel, sociólogo y profesor del departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Otras ciudades han escogido el mismo camino, pero sin la persistencia de la capital catalana, cree. Buena muestra de esta manera de hacer es el Barcelona Green Deal, la “nueva agenda económica para la Barcelona del 2023”, definen desde el consistorio. Es una “hoja de ruta” que incluye 66 acciones en seis áreas de la ciudad y que contempla varios sectores económicos y profesionales: desde el tecnológico y la investigación hasta la restauración y el comercio, pasando por las industrias creativas. Todo ello con el objetivo de garantizar un “empleo de calidad” y abierto a la economía social y solidaria.
Uno de los espacios del Barcelona Green Deal es el 22@. Una idea aprobada como plan en el año 2000 para transformar 200 hectáreas de suelo industrial del distrito de Sant Martí en “polo de actividad económica integrado en barrios con una mixtura de usos equilibrada”. 24 años más tarde, el proyecto aún no ha finalizado y ha sufrido una reformulación importante que, entre otros aspectos, ha reducido el espacio destinado a oficinas. Para Pradel, el llamado distrito tecnológico de Barcelona demuestra “que solo la transformación del espacio no es suficiente para atraer una determinada actividad económica. Hay que realizar otras políticas, no solo de espacio construido”. “Las empresas tecnológicas se han instalado por otros motivos, a raíz de la colaboración de la ciudad con la Mobile World Capital. De hecho, lo primero que arrancó en el 22@ fueron empresas turísticas [hoteles]”, apunta.
El urbanismo propone y el día a día impone. La cotidianidad origina dinámicas no siempre previstas por la teoría: así se explican otros casos como las calles dominadas por un tipo de comercio especializado muy concreto (zapaterías, ordenadores o souvenirs, por ejemplo); cómo la llegada de población musulmana ha modificado los establecimientos del Raval barcelonés o los expatriados y nómadas digitales han hecho lo mismo en el Poblenou, o cómo el auge del comercio electrónico ha cambiado el tráfico debido a la proliferación de repartidores. Los tiempos de la planificación se calculan en décadas, por lo que “el urbanismo siempre se queda un poco atrás. A los gobiernos municipales les cuesta mucho darse cuenta de los cambios, solo los ven cuando se convierten en un problema”, resalta el profesor Mayorga. “Necesitamos un urbanismo que esté atento a los pequeños cambios, es donde está la clave”.
“Cuando hacemos planeamiento urbanístico siempre llevamos al límite decisiones arbitrarias que pueden arrinconar algunas actividades”, reconoce el economista Miquel Morell. Si bien “por ley debe cumplirse la directiva europea de libre competencia y libre acceso, que no lo permite todo”, continúa. “El urbanismo tiene la obligación de producir concurrencia entre intereses públicos e intereses privados. Es, per se, colaboración público-privada”. Una cooperación que según algunos especialistas suelen ganar las élites económicas y los operadores territoriales, mientras que según otros dictan las administraciones locales.
Este texto se ha publicado originalmente en La fàbrica digital
