La educación social pide una colegiación obligatoria para ejercer la profesión

El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) pide a los partidos políticos impulsar una regulación jurídica para que, para trabajar en servicios públicos de protección social y promoción, sea necesaria la colegiación obligatoria.

Argumenta que los profesionales del ámbito educativo son clave en la implementación efectiva de los derechos sociales, la reducción de desigualdades y la promoción activa de la población en ámbitos esenciales como la salud, el empleo y la participación ciudadana.

“A través de la colegiación, se garantizan los estándares de calidad, ética profesional y formación necesarios para un ejercicio competente y comprometido con el bienestar social y el desarrollo comunitario”, explica el CEESC en un documento que ha hecho llegar a las organizaciones políticas con motivo de las elecciones catalanas del 12 de mayo.

El CEESC reclama que se garantice el bienestar de los profesionales de la educación social con la puesta en marcha de espacios de supervisión y formación, financiación adecuada de los servicios socioeducativos y despliegue efectivo de servicios de protección social.

Pide que haya una clasificación profesional “coherente y justa para las educadoras y los educadores sociales”, que establece en A1, así como que se unifiquen los convenios de aplicación a la educación social en cuanto a salarios, condiciones laborales y cuidado de los y las profesionales.

Derechos

El Colegio desglosa sus demandas en los ámbitos de acción comunitaria, bibliotecas, diversidad funcional, educación escolar, personas mayores, infancia y adolescencia, justicia, cultura, personas recién llegadas, políticas de juventud, salud, sinhogarismo, servicios sociales básicos y trabajo.

Quiere que estas medidas se incluyan en los programas electorales y que también la ciudadanía sea consciente del valor de la profesión, así como de sus carencias. Como marco genérico, el CEESC exige un cambio de mirada para ajustarla a la definición de la educación como derecho a la ciudadanía.

En este sentido, considera imprescindible una óptica integral, transversal y universal de atención a personas, grupos y comunidades. Esta nueva mirada quiere poner en valor que el rol de la educación social va más allá de la provisión de los servicios necesarios y también incluye la promoción de bienestar y derechos, así como la prevención y la participación individual y comunitaria.

Intervención comunitaria

Entre las medidas concretas en los diferentes ámbitos de acción comunitaria, destaca la colaboración con instituciones y asociaciones de barrio, como asociaciones vecinales, centros de atención primaria o ludotecas, para detectar y abordar posibles problemáticas donde se pueda intervenir de forma conjunta.

Apuesta por la figura del educador o educadora social en todas las bibliotecas públicas para asegurar un nuevo modelo de servicio bibliotecario que se convierta en una oportunidad de intervención social y de trabajo comunitario, en el que el educador/a social aporta su mirada socioeducativa hacia el entorno.

En cuanto a la diversidad funcional y a la discapacidad, insiste en que se pongan los recursos suficientes para garantizar un buen modelo de atención y que no queden colectivos desatendidos, así como para fomentar la inclusión de las personas atendidas en ámbito asociativo y laboral adecuándose a sus necesidades y capacidades.

Educación escolar

El CEESC ve imprescindible implantar en todas las escuelas e institutos de Cataluña la figura de los profesionales de la educación social en calidad de agente educativo perteneciente al equipo docente y trabajando en colaboración y corresponsabilidad con el resto de profesionales del centro.

En este sentido, reclama hacer viable la asunción de los nuevos roles especializados en el ámbito escolar, como la coordinación de bienestar y protección del alumnado (LOPIVI) o coeducación, convivencia y bienestar (COCOBE), y considera que la educación social es un elemento clave para articular la relación entre el centro, la familia y el territorio y con el conjunto de sus servicios y recursos.

En cuanto al trabajo con personas mayores, quiere cambiar el enfoque de la atención para facilitar la participación de las personas en el diseño, gestión y evaluación de servicios y actividades sociales y culturales, priorizando el vínculo con la comunidad y diversificando la oferta de servicios alternativos en los centros residenciales.

Infancia y adolescencia

Por otra parte, reclama desarrollar definitivamente la Ley 14/2010, de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia y el Plan de mejora del sistema de atención a la infancia, la adolescencia, la juventud y sus familias en Cataluña 2021-2024, estableciendo su calendario, presupuestos e inversiones necesarias para hacerla efectiva. Así, pone énfasis en que exista un enfoque global de derechos y en rediseñar el sistema de protección en aspectos como las opciones de acogida y fomentar el trabajo con las familias.

En los centros penitenciarios quieren incorporar a más profesionales de la educación social para fomentar la promoción cultural y social, y mejorar la labor socioeducativa en el ámbito de la justicia juvenil optimizando, por ejemplo, el funcionamiento de las bolsas de trabajo , de las sustituciones. Asegurar el cumplimiento de los ratios e implementar la atención en los cuidados de equipos profesionales figuran también entre las medidas, a fin de reducir riesgos psicosociales y laborales.

El documento presentado a los partidos políticos también pone de manifiesto el rol del sector para garantizar buenos procesos de acogida y acompañamiento de personas recién llegadas; la necesidad de incorporar en los equipos de atención primaria la figura del educador/a social como referente socioeducativo y comunitario; el papel para asegurar la dignidad y humanidad en el trato de las personas sin hogar; y el trabajo como agente de inserción sociolaboral.