El derecho de manifestación o de reunión, ampliamente reconocido por la mayoría de las democracias occidentales, se suele presentar en su formulación como ciertamente conflictivo o, cuando menos, paradójico. Se reconoce que la ciudadanía tiene derecho a protestar por el motivo que considere oportuno. En este sentido, ordenamientos jurídicos como el de España especifican que las reuniones o manifestaciones que se quieran convocar deben ser, por razones organizativas, siempre comunicadas, pero solo pueden ser prohibidas por razones de orden público. Otros ordenamientos jurídicos occidentales, como el de EE. UU. y otros muchos países de la UE, se asemejan bastante al español en lo concerniente a este aspecto.
En este sentido, se suele considerar que este sistema es muy garantista porque permite que la ciudadanía exprese su malestar con facilidad. No obstante, ¿qué es el orden público? O para ser más específicos, ¿qué significa alterar el orden público?
Orden público es un término extendido y de uso común en la terminología política, pero esto no significa que esté cerca de ser autoevidente. En este sentido, la RAE lo define como “Situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.” Así, el orden público es la asunción de que todo está funcionando como debería funcionar: la población trabajando, la administración respondiendo, la circulación fluyendo, etc.
En principio, garantizar el orden público parece algo razonable pero, ¿hay orden público cuando falla un único elemento, cuando comienza a fallar más de uno o cuando fallan todos? Puede parecer una cuestión de detalle, algo tedioso o rocambolesco, pero merece la pena detenerse un momento a pensarlo bien.
La definición de orden público se mueve en una ambigüedad que permitiría asumir que el corte de una calle, la erosión de determinado mobiliario, los piquetes informativos o, incluso, el exceso de ruido en una manifestación, pueden significar alteraciones del orden público y, por lo tanto, razones suficientes para prohibir una manifestación o una reunión.
De este modo, la única garantía que tiene una manifestación de moverse siempre en el marco de lo permitido es la de su inocuidad. Por supuesto, no toda manifestación es siempre prohibida al mínimo quebrantamiento de algunas de las directrices que componen el orden público, pero un margen interpretativo tan grande da potestad para ello. Insistamos: la única forma de eludir de forma fehaciente la prohibición es la inocuidad.
Por lo tanto, si Biden dice que los manifestantes tienen derecho a protestar pero no a crear el caos, parece estar diciendo algo como: “podéis gritar, siempre y cuando no os escuche nadie, no debéis molestar”.
Por su parte, en España, algunos miembros destacados del PP arremeten contra las manifestaciones, acampadas y otros actos de protesta que se están produciendo en algunas universidades españolas. A día de hoy estos actos no están siendo muy masivos pero, en todo caso, los susodichos miembros rechazan el carácter político de estos actos y su sesgo “Anti-Israel” que tendría una raíz antisemita (y, como no, su supuesto blanqueamiento o apoyo a Hamás). Respecto a este último punto, es más que discutible que sea así (a decir verdad hay poco que discutir: pues es una falsedad enorme) , pero sí que debemos convenir en el carácter político de las protestas. Sí, las manifestaciones en contra de la masacre en Gaza tienen un carácter político, ¿pero es que acaso podrían no tenerlo? Es una cuestión política la presunta ejecución de un genocidio. Y es una cuestión política también resistir y oponerse de algún modo para tratar de evitarlo.
Las manifestaciones y otros de protesta por una situación como la que se está viviendo en Gaza tienen sentido, pero su sentido no puede ser el de simplemente manifestar indignación o discrepancia. No se reivindica en este caso el derecho de pataleta o la necesidad de tener una válvula de escape para expresar enfado, se busca que estos actos puedan tener algún impacto, que cambien las cosas.
Especialmente en el caso que concierne a los EE. UU., país con el cuál Israel debe contar sí o sí por razones públicamente conocidas pero que aquí no detallaré, las protestas son fundamentales. Lo fueron por la Guerra de Vietnam, lo han sido en muchos otros casos. Por supuesto, no se trata de hacer un llamamiento a la violencia. Pero tampoco a la inocuidad. Las protestas deben molestar, porque mucho más molesto y doloroso es soportar una masacre de las dimensiones de lo que se está viviendo en los territorios palestinos.
Y sí, señor Biden, nadie tiene derecho a crear el caos (aunque técnicamente el caos sería una ausencia de orden, y no algo que se crea). Pero tampoco nadie tiene derecho a un abuso ilimitado de la fuerza. Y hay quiénes parecen no haberlo entendido.
