Leyes restrictivas, infiltraciones policiales y tecnologías de vigilancia: el derecho a la protesta en retroceso en Europa

“El derecho de reunión pacífica está sufriendo un fuerte ataque a medida que los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a las personas que se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos para silenciar la disidencia”, afirma Amnistía Internacional en el nuevo informe “Infraprotegido y excesivamente restringido: La situación del derecho de protesta en 21 países europeos”, donde destacan Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido, entre otros.

El organismo alerta de un retroceso del derecho a protestar en todo el continente debido a leyes represivas, un uso excesivo e innecesario de la fuerza, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos, restricciones injustificadas o discriminatorias y un uso creciente de tecnologías de vigilancia invasivas.

“La investigación de Amnistía dibuja un panorama profundamente alarmante de ofensiva contra el derecho a la protesta en toda Europa. En todo el continente, las autoridades están estigmatizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica”, afirma la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. Agrega que “a lo largo de la historia, la protesta pacífica ha tenido un papel decisivo para lograr el reconocimiento de muchos derechos y libertades que hoy damos por hechos. Sin embargo, en toda Europa, leyes y políticas represivas combinadas con prácticas injustificadas y tecnologías de vigilancia abusivas están generando un entorno tóxico que representa un verdadero peligro para la protesta y quienes protestan pacíficamente. Cualquiera de estas leyes y políticas, por sí sola y en un solo país, ya sería preocupante. Pero que haya docenas de estas tácticas represivas a escala continental es simplemente terrorífico”.

El informe documenta el uso generalizado de fuerza excesiva o innecesaria por la policía contra manifestantes pacíficos, incluido el uso de armas de letalidad reducida. Existen denuncias de lesiones graves e incluso permanentes, como fracturas de dientes o huesos en Francia, Alemania, Grecia o Italia; pérdida de mano en Francia y pérdida de un testículo, luxaciones, lesiones oculares y traumatismo craneal grave en España. Amnistía Internacional también ha comprobado un uso excesivo de fuerza contra menores en países como Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Serbia y Suiza. La investigación también incluye casos de impunidad policial y ausencia de rendición de cuentas en numerosos países. Los Estados utilizan cada vez más tecnologías e instrumentos de vigilancia contra los manifestantes, como actividades de rastreo y seguimiento, en muchos casos sin garantías adecuadas y abiertas a abusos generalizados. Una de las prácticas que preocupa a la organización es el uso de tecnología de reconocimiento facial, que ha crecido en toda Europa y desde Amnistía Internacional piden su prohibición por la falta de garantías para la ciudadanía.

Ley mordaza como respuesta a las movilizaciones sociales

España destaca por los nueve años de vigencia de la ley mordaza aprobada por el PP y que el actual Gobierno de coalición no ha sido capaz de revertir por la falta de acuerdos con los socios parlamentarios. La legislación impulsada por los populares hace casi una década fue la respuesta a las movilizaciones del 15M, dando más instrumentos legales a los cuerpos de seguridad para perseguir y reprimir movilizaciones. También son conocidos casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, “uno de los ejemplos de opacidad más flagrantes”, según Amnistía Internacional, y que medios de comunicación como la Directa, El Salto o elDiario.es han documentado y que el Ministerio del Interior ha reconocido. Los agentes han llegado a acceder a domicilios personales, a comunicaciones privadas, al ámbito familiar e incluso a crear relaciones de pareja con militantes de los movimientos infiltrados. Un conjunto de operaciones no autorizadas judicialmente, sin supervisión y con un especial impacto en los derechos humanos que Amnistía Internacional pide que se investiguen con el objetivo de reparar a las personas vulneradas.

En Cataluña, dos hombres perdieron un ojo entre 2018 y 2019 por el uso de balas de foam por parte de los Mossos d’Esquadra. Dos personas sufrieron traumatismos craneoencefálicos graves, un hombre perdió un testículo y una mujer perdió un globo ocular. Por ello, el Gobierno catalán ha introducido mejoras en el protocolo de uso de foam y las presiones le han llevado a anunciar el compromiso de retirar la munición más lesiva (SIR-X), aunque sin fecha concreta.

Estigmatización del derecho a la protesta

El organismo también observa una tendencia a la estigmatización del derecho a la protesta y de quienes lo ejercen, con un discurso que los plantea como “terroristas”, “delincuentes”, “agentes extranjeros”, “anarquistas” y “extremistas”. Una retórica negativa que se ha utilizado para justificar la aprobación de leyes aún más restrictivas. Los actos de desobediencia civil cada vez suponen una amenaza mayor para el orden público, lo que las autoridades utilizan para imponer más prohibiciones y eludir obligaciones en derechos humanos. En el Reino Unido, las marchas de solidaridad con el pueblo palestino se han calificado de “marchas de odio” por el ministro del Interior y de “dominio de las masas” por parte del primer ministro. En España, la Fiscalía General del Estado incluyó en la memoria anual de 2022 las actividades de las organizaciones climáticas XR y Futuro Vegetal bajo el epígrafe de “terrorismo nacional”, y un juzgado de Madrid investiga a los activistas de Futuro Vegetal por delitos de organización criminal.

Aunque los 21 países examinados por Amnistía Internacional han ratificado los principales instrumentos de derechos humanos que protegen el derecho a la reunión pacífica, muchos no han incorporado disposiciones regionales e internacionales a la legislación nacional. Sumado a la aprobación de leyes represivas y restricciones, genera un ambiente cada vez más hostil para ejercer el derecho a la protesta. La excusa suele ser la defensa de la “seguridad nacional” y el “orden público” como pretextos para reprimir la disidencia pacífica. En muchos de los países, los organizadores de una protesta tienen la obligación de notificarlo a las autoridades y de no hacerlo se enfrentan a faltas administrativas o cargos. Incluso, puede llegar a suponer la calificación de reunión “ilegal” y ordenar su disolución, detener a los participantes e imponer sanciones penales a los organizadores.

Grupos racializados y colectivo LGTBI, las principales víctimas

Aunque el derecho a la reunión pacífica está reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cada vez más países lo plantean como una amenaza para el orden público o la seguridad nacional y se responde con la disolución, el uso extensivo de la fuerza, detenciones, sanciones e incluso penas de prisión, métodos utilizados para disuadir de participar en reuniones. Amnistía Internacional apunta a que miembros de grupos racializados y marginados tienen más probabilidades de sufrir restricciones y represiones por el “efecto disuasivo” de las fuerzas de seguridad. En las restricciones impuestas por protestas en solidaridad con grupos racializados, personas LGTBI o personas refugiadas se identifican argumentos por parte de las fuerzas de seguridad basados en estereotipos raciales y de género que reflejan racismo institucional, homofobia, transfobia y otras formas de discriminación, denuncian desde el organismo. En Alemania, las manifestaciones previstas con motivo del Día de la Nakba en Berlín en 2022 y 2023 se prohibieron con carácter preventivo en función de los estereotipos de los posibles participantes, descritos como “propensos a la violencia”, mientras que en Polonia o Turquía, las personas LGTBI soportan niveles más altos de restricción discriminatoria y acoso de las autoridades.

“El derecho a protestar podría acabar ‘muriendo desangrado’ en Europa, cuando la gente que sale a la calle se enfrenta a una avalancha de restricciones cada vez más represivas, sanciones penales, violencia del Estado, discriminación y vigilancia generalizada. Sin embargo, a pesar de estos ataques, la gente continúa protestando para proteger derechos duramente conquistados y para garantizar nuevos derechos”, ha manifestado Catrinel Motoc, directora de campañas de la Oficina Regional para Europa de Amnistía Internacional.

“En lugar de restringir la protesta pacífica y castigar a las personas que salen a la calle, los Estados de toda Europa deberían reconsiderar por completo su enfoque. La protesta debe ser facilitada y no silenciada, y la represiva red de leyes promulgadas debe reformarse para que se ajusten a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, concluye.