La DGAIA y los servicios de (des)protección a la infancia

Hace pocos días, la noticia de la disolución de la DGAIA (Departamento General de Atención a la Infancia y Adolescencia) copó titulares. Ahora pasará a ser denominada como DGPPIA (Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y Adolescencia) y se prevé una ampliación del personal contratado así como la implementación de nuevos mecanismos de control y supervisión de los servicios dando énfasis a la prevención. Todo aparentemente positivo sobre el papel, pero la realidad es que no hay ni tan siquiera unos presupuestos destinados a ello, por lo que no hay financiación.

Pocas semanas antes y como detonante salía a la luz el caso de la menor de 12 años prostituida y abusada sexualmente mientras estaba tutelada por la Generalitat. Este no era el primer episodio de redes de prostitución de menores tuteladas, tanto por la Generalitat como por otras administraciones de otras Comunidades Autónomas sino que se trata de la punta del iceberg de infinidad de situaciones de violencia, abusos y desprotección que sufren estos niños y niñas. Pero, si la situación es sangrante, más aún lo es la explicación ofrecida por los responsables de salvaguardar la integridad física y psicológica de esta menor: alegan que cuando sucedieron los hechos no estaba tutelada por la Generalitat sino que la administración solo tenía su guarda por lo que, en última instancia, la responsabilidad es de los padres, los mismos padres a los que les fue retirada dicha guarda por su supuesta incapacidad para cuidar a la niña.

Por otro lado, es cuanto menos sorprendente que el número de menores tutelados por la Generalitat haya aumentado exponencialmente en los últimos años teniendo en cuenta la pasividad de estos servicios. No se trabaja para la prevención de las situaciones de pobreza estructural e incapacidad de acceso a recursos. El enfoque tiende más a la fiscalización y las amenazas a aquellas familias con situaciones más vulnerables, que a un acompañamiento efectivo que les proporcione seguridad para que se sientan comprendidas y sean capaces de pedir o aceptar la ayuda. Por otro lado, aquellas familias que presentan problemas más graves como, por ejemplo, violencia estructural o consumo abusivo de sustancias, no son tratadas. Los expedientes se cierran alegando “poca colaboración familiar”, es decir, que si una familia se niega a la atención y dificulta su labor a los profesionales va a conseguir que la dejen tranquila. El mensaje llega bien claro a esas familias, que saben perfectamente qué tienen que hacer para que los dejen tranquilos: no colaborar, no contestar a las llamadas ni acudir a las citas, y esos ya constituyen motivos suficientes para cerrar expedientes, en vez de proponer medidas que ayuden a los menores a llevar una vida digna y libre de violencia.

También salía a la luz la cantidad de dinero destinado a estos menores que ha sido malversado por la red de asociaciones, fundaciones, cooperativas… que se encargan de gestionar estos recursos sin el más mínimo control por parte de la administración. Los “chiringuitos”, múltiples entidades privadas creadas alrededor de la atención a los menores tutelados, son un escándalo que hace tiempo venimos poniendo de manifiesto las trabajadoras (que en su mayoría somos mujeres) del sector social. Dinero despilfarrado en quién sabe qué mientras los centros se caen a pedazos y las trabajadoras sufren unas condiciones que provocan, entre otras cosas, que la movilidad impida establecer vínculos estables con esos niños y niñas que están ahí y, no lo podemos olvidar, en la mayoría de los casos debido a la negligencia de sus progenitores. Menores que vienen de familias desestructuradas, a los que les cuesta establecer relaciones sanas y estables y que son carne de cañón para estas redes de prostitución que ven en esas niñas a la víctima perfecta y sin una familia o una administración que vaya a cuidar de ella. Recuerdo como hace unos años, cuando empezaron a llegar de manera masiva menores inmigrantes no acompañados y la Generalitat estableció ayudas (y no poco suculentas teniendo en cuenta la posibilidad de malversación) para que se estableciesen servicios de protección y acompañamiento a estos menores, ¿qué pasó? ¿Se abrieron centros especializados, con personal cualificado y un plan específico para su integración social? No, los mismos centros atestados y que no respondían a las necesidades de los menores para los que fueron creados se pusieron a disposición de estos chicos y chicas para poder sacar tajada y sin tener en cuenta la particularidad de sus necesidades, ya que llevan una mochila muy cargada a sus espaldas. Una bomba de relojería que ha estallado en múltiples ocasiones, como por ejemplo hace unas semanas en Piera, donde hubo contiendas entre menores inmigrantes no acompañados residentes en un centro de acogida de la localidad y los chicos del pueblo, enfrentamientos violentos que acabaron con detenciones y ataques con material incendiario al centro de acogida.

Hay mucho que hacer y aún queda mucho por destapar y de verdad espero que sirva de algo, deseo que por fin se escuche a las trabajadoras, a las familias, y a las y los menores y que se cree un sistema de protección que priorice medidas residenciales alternativas como familias de acogida o centros pequeños donde les sea más fácil desarrollar un proyecto de vida. Que se trabaje desde la prevención con ayudas y acompañamiento real a las familias con situaciones complicadas de desestructuración o pobreza. Que se supervise con rigurosidad los servicios externalizados y que se tienda a la gestión pública. Y que se mejoren las condiciones de las y los trabajadores para que puedan ofrecer lo mejor de ellos mismos, controlando y actuando con severidad ante cualquier sospecha de abusos; no se pueden tapar estas situaciones por miedo, por vergüenza o por pasotismo. Mi deseo, por encima de todo, es un sistema de protección que de verdad proteja a las niñas y niños de la violencia.