¿Quién debe a quién dentro del Estado español? Hacia un Plan de Solidaridad interterritorial

La consellera de Hacienda de Catalunya, Alícia Romero, ha celebrado que, con el nuevo sistema de financiación autonómica, habrá menos diferencia en el dinero por habitante que recibirá del Estado cada comunidad autónoma (CA). Es una posición parecida a alegrarse porque un rico pagará un IRPF no tan distinto del de un pobre, ya que existen enormes diferencias de renta entre territorios, de los 19.000 euros de media en el País Vasco a los 12.000 de Murcia (y Catalunya ocupa un lugar en el podio, junto con el citado País Vasco, Madrid y Navarra). Denunciar un “déficit fiscal” de Catalunya respecto al Estado se parece a lamentar que los contribuyentes que pagan el impuesto sobre el patrimonio tienen un déficit fiscal respecto a quienes no tienen suficiente patrimonio para pagar el tributo.

Con varios matices, el “España nos roba” de Convergència se ha convertido en sentido común en la política catalana. Una postura lógica para la derecha nacionalista, encantada de tapar con el debate de la financiación autonómica la urgente discusión sobre cómo acabar con la enorme concentración de la riqueza personal. Pero es menos coherente que las izquierdas catalanas hayan asumido este marco, que obvia la incalculable deuda histórica que tienen las comunidades más ricas del Estado hacia las más pobres (sobre todo Murcia, Extremadura, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha).

Es muy legítimo que los partidos catalanes reclamen inversiones concretas del Estado para los servicios que no funcionan correctamente, como Rodalies, exigir la ejecución de las inversiones prometidas y denunciar el tradicional centralismo madrileño en las grandes inversiones estatales (que perjudica a otros territorios aún más que a Catalunya, como queda claro al ver la red ferroviaria estatal). Igualmente, es necesario acabar con el agravio comparativo entre la aportación catalana y la de las otras CCAA ricas, marcado por el injusto concierto vasco y los privilegios de Madrid. Pero todo esto es muy distinto de caer en la retórica egoísta de la derecha catalana, que quiere limitar una solidaridad que en realidad debería reforzarse y redirigirse.

La prosperidad de las CCAA más ricas tiene una relación directa con la pobreza de las regiones más deprimidas del sur, por dos razones: la emigración y la especialización económica desigual de los territorios. El Estado español vivió en la segunda mitad del siglo XX un movimiento masivo de migración de regiones como Extremadura, Murcia y Andalucía hacia Madrid, el País Vasco y Catalunya. Más de cinco millones de personas, la mayoría jóvenes, emigraron durante los años sesenta y setenta. El desarrollo industrial de los territorios más ricos no se entiende sin esta emigración masiva, que continúa desangrando hoy en día regiones como Extremadura (que tiene menos población hoy que en los años sesenta).

Un segundo factor que conecta la riqueza del norte con la pobreza del sur del Estado español es el desarrollo desigual y combinado, una ley del desarrollo capitalista que actúa entre Estados pero también en el interior de estos. Significa que, en un mismo espacio económico, conviven zonas con un grado de desarrollo muy diferente (desigual), pero estas diferencias de riqueza no son casuales, sino mutuamente dependientes (combinado). Es decir, territorios como Catalunya, el País Vasco y Madrid se han especializado tradicionalmente en sectores de mayor valor añadido (sobre todo la industria en el siglo XX, más la administración en el caso de Madrid), mientras que otros nunca han alcanzado el mismo nivel de industrialización. La riqueza de los primeros dependía de la pobreza de los segundos, de los que extraían mano de obra barata y recursos naturales, al tiempo que les vendían productos industriales. Una lógica muy bien explicada por el caso extremeño en Extremadura saqueada, un libro colectivo de 1978.

La actual diferencia de renta entre territorios del Estado proviene en gran medida de esta dinámica económica, que sigue parcialmente vigente en la actualidad. Por ejemplo, el sector primario representa apenas el 1 % del PIB de Catalunya, mientras que en Castilla-La Mancha supera el 8 %. Si miramos al sector energético, clave para la industria y los servicios de alto valor añadido, la dinámica es aún más clara: Extremadura exporta a otras zonas del Estado casi toda la electricidad que produce y Aragón produce casi un 130 % de la energía que necesita, dedicando buena parte de este excedente a alimentar la industria catalana.

Es normal que existan ciertas especializaciones territoriales; una autarquía autonómica sería absurda. Pero no es casualidad que los flujos de energía, materias primas y mano de obra vayan sistemáticamente de los territorios más pobres hacia los más ricos: es la consecuencia de una estructura económica profundamente desigual, que se traduce en niveles de vida y oportunidades vitales muy diferentes según dónde nazcas. Una injusticia territorial que se entrecruza con otras desigualdades geográficas (entre ciudades y zonas rurales, entre barrios…) y con la desigualdad de riqueza entre individuos, que es aún más acusada: los 20 españoles más ricos acumulan tanta riqueza como el 30 % más pobre.

Un Plan de Solidaridad para el sur del Estado

Si introducimos el factor de la deuda histórica norte-sur en la discusión sobre el sistema de financiación autonómica, se vuelven ridículos los lamentos de Junts sobre el supuesto “expolio fiscal” que padece Catalunya. Si alguien ha sufrido y aún sufre un expolio en el Estado español, son los territorios más pobres por parte de los más ricos. Y si Catalunya y Madrid presentan cifras escandalosas de pobreza, no es porque la solidaridad interterritorial las haya arruinado, sino porque son las dos CCAA que menos gastan en política social por habitante.

Desde una posición de izquierdas, lo más coherente sería salir de la reyerta entre territorios que ha sido siempre el debate de la financiación autonómica y proponer un plan de largo plazo para paliar las brechas estructurales de desarrollo, que compense al menos parcialmente la deuda infinita que las CCAA más ricas tienen con las más pobres, con una aportación justa de todas las comunidades ricas.

Una inspiración —no necesariamente un modelo a copiar— podría ser la masiva transferencia de fondos de la Alemania occidental hacia la antigua República Democrática tras la reunificación, que se calcula en dos billones (dos millones de millones) de euros solo entre 1990 y 2013, financiada con un Recargo de Solidaridad compuesto de impuestos sobre la renta, el capital y las sociedades de los länder occidentales. ¿Una comparación exagerada? En 1990, la RDA tenía una renta per cápita un 73 % inferior a la de la RFA. Hoy, la renta de Murcia es un 58 % más baja que la del País Vasco, una cifra más que suficiente para justificar un Plan de Solidaridad de largo plazo que superaría en cantidad y calidad los actuales mecanismos de solidaridad del sistema de financiación autonómica español, incluso teniendo en cuenta la diferencia de población y renta entre Alemania y el Estado español.

Por ejemplo, en 2023 las CCAA que note fueron contribuyentes netas al sistema de financiación autonómica (Madrid, Catalunya y Baleares) aportaron 10.000 millones de euros, a los que se sumaron unos 13.000 del Estado central para repartirlos entre el resto de CCAA excepto el País Vasco y Navarra. Para comparar, en los años noventa los länder ricos alemanes como Baviera llegaron a aportar más de 30.000 millones de euros cada año al sistema de solidaridad interterritorial, que transfería hasta 70.000 millones de euros anuales a los länder orientales. Estas transferencias masivas, sostenidas durante más de treinta años aunque decrecientes en la actualidad, han logrado reducir considerablemente la brecha Este-Oeste de renta per cápita.

Seguro que hay objeciones a este cálculo rudimentario, ya que numerosos economistas catalanes han dedicado muchos esfuerzos a establecer el expolio fiscal supuestamente sufrido por Catalunya. Pero ninguno de estos cálculos incluye elementos como, por ejemplo, los recursos que Extremadura sigue perdiendo año tras año debido a la emigración masiva de su juventud, que se forma con recursos públicos de la comunidad autónoma y después enriquece la economía de las CCAA más desarrolladas, en un viaje parecido al de la electricidad producida en la central nuclear de Almaraz.

En el Estado español, los estudios de largo plazo revelan que la progresiva convergencia económica entre territorios que se observó a principios del siglo XX se revirtió desde los años ochenta, y las desigualdades se han consolidado. Un estancamiento que justifica una intervención pública mucho más robusta que el actual sistema de solidaridad interterritorial, que está orientado sobre todo a mantener unos mínimos de servicios públicos en todos los territorios del Estado, pero es insuficiente para modificar las dinámicas del desarrollo desigual y combinado. Investigaciones recientes confirman que los territorios más industrializados del Estado español crecen más rápido que el resto, lo que señala la industrialización de las regiones más pobres como objetivo de política pública. Para hacerlo posible, también habría que superar el déficit en infraestructuras ferroviarias que padecen regiones como Extremadura, superando el centralismo que aún orienta buena parte de las políticas de infraestructuras.

La demanda de un Plan de Solidaridad masivo para las CCAA más empobrecidas implica criticar la actuación durante las últimas décadas de las élites políticas regionales (formadas básicamente por el Partido Socialista y el Partido Popular, con algunas excepciones como Coalición Canaria en el archipiélago). La brecha interterritorial sería algo menor si los recursos que han malgastado en palacios de congresos faraónicos y aeropuertos sin aviones se hubieran destinado a políticas de industrialización de largo plazo. Un Plan de Solidaridad interterritorial debería incluir un sistema robusto de control democrático, que permita a la población de las regiones beneficiadas establecer las prioridades, con el acompañamiento técnico necesario. Un modelo de democracia participativa que ha dado muy buenos resultados en las Asambleas Climáticas, pese a que los gobiernos se hayan negado a aplicar sus conclusiones.

Objeciones

Desde posturas soberanistas e independentistas se podría rechazar este Plan de Solidaridad argumentando que Catalunya es soberana, tiene derecho a ser independiente y, por tanto, no tiene ninguna obligación de contribuir al desarrollo de ningún territorio de un Estado que impide por la fuerza el ejercicio del derecho de autodeterminación (como quedó claro el 1 de octubre de 2017). Esta objeción es insostenible para las izquierdas, sean unionistas, soberanistas o independentistas. La realidad histórica es que Catalunya —igual que el resto de territorios ricos del Estado— se ha beneficiado desde el siglo XIX y se sigue beneficiando de una estructura económica que empobrece sistemáticamente el sur del Estado español para enriquecer el norte. Catalunya no tiene esta deuda histórica con Sicilia o el sur de Francia, la tiene con Extremadura, Murcia, Andalucía…

Catalunya es un sujeto político con derecho a decidir su futuro, pero no es un territorio aislado que se haya desarrollado más que otros por casualidad o por el carácter de su gente. Como todos los territorios ricos, se ha industrializado y enriquecido en buena parte a costa de otros. Por tanto, si Catalunya pudiera ejercer el derecho de autodeterminación e incluso si logra la independencia, aún tendría esta deuda.

Una segunda objeción sería que, si aplicamos esta lógica, todos los territorios del Estado español tienen una deuda aún mayor con el sur global. Así es, por supuesto. El conjunto del Estado español —incluidas sus regiones más pobres— tiene una deuda incalculable con sus antiguas colonias y otros territorios de los que ha extraído durante siglos materias primas y mano de obra, igual que el resto de países del norte global, y lo sigue haciendo. ¡Además de una deuda ecológica que crece cada día! Por eso existen numerosas propuestas de impuestos a la riqueza del norte global, pago de reparaciones por el colonialismo, reforma de las normas del comercio global o incluso una renta básica mundial que transfiera recursos del Norte al Sur… Todas estas iniciativas son perfectamente compatibles con un reequilibrio del desarrollo dentro del Estado español; de hecho, responden al mismo principio de justicia social histórica, si bien a una escala muy diferente.

Una tercera objeción sería que lo más importante para redistribuir la riqueza es establecer un sistema fiscal más progresivo, que acabe con las obscenas concentraciones de riqueza en una minoría social, vivan en Barcelona o en Sevilla. De nuevo, toda la razón. Los partidos conservadores españoles y catalanes utilizan el debate de la financiación autonómica para tapar la necesidad de una reforma fiscal radicalmente progresiva, pero defender esta reforma es perfectamente compatible con la defensa de un ambicioso Plan de Solidaridad entre territorios, que responde al mismo principio de justicia. Lo que no es coherente es defender retóricamente la justicia social y luego reproducir una versión edulcorada del discurso del expolio fiscal, como demasiado a menudo hacen las izquierdas catalanas. Además, incidir en el dinero que supuestamente debe el conjunto del Estado a Catalunya quita atención política de la urgente redistribución de la riqueza dentro del territorio, debilitando la posición de las izquierdas.

Si la solidaridad es la ternura de los pueblos, también debe serlo entre los pueblos del Estado español.