Las últimas semanas han evidenciado, con una crudeza especial, hasta qué punto el ferrocarril es una infraestructura social. Cuando Rodalies se detiene o colapsa operativamente, no es solo un problema de movilidad: es un problema de cohesión territorial, de acceso al trabajo y a los estudios, y de calidad de vida.
Esta crisis no es un episodio aislado. Es la intensificación de un patrón que demasiada gente conoce: retrasos y cancelaciones, saturación, falta de información y descoordinación. Y ya no afecta solo a Rodalies: también Avant y Media Distancia acumulan incidencias que impactan diariamente a miles de personas.
La señal más preocupante es de fondo: Rodalies es el único servicio de transporte público en Catalunya que pierde usuarios mientras el resto los gana. Esto no es una “anécdota estadística”: es una pérdida de confianza.
La meteorología no ha sido la causa del colapso del sistema; el mal tiempo ha acentuado un problema endémico derivado de años de falta de inversión
Desde la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) lo señalamos claramente: más allá de la meteorología, existe una vulnerabilidad estructural asociada a déficits de mantenimiento. No hablamos de una única pieza que se rompe, sino de un sistema que se vuelve frágil cuando el mantenimiento esencial del día a día no tiene suficiente prioridad: drenajes, taludes, vegetación próxima a la vía, inspecciones preventivas, monitorización y protocolos de actuación por tramos.
Esta fragilidad se convierte en crisis cuando la gestión del riesgo se expresa, con demasiada frecuencia, como “pararlo todo”. Es una respuesta que puede parecer prudente, pero que en un servicio esencial tiene un coste social enorme, especialmente para quienes no tienen alternativa (trabajos precarios, estudiantes, cuidados), y que tensiona el autobús, que no está dimensionado para sustituir al tren. La PTP recuerda un orden de magnitud revelador: Rodalies mueve aproximadamente 400.000 viajes diarios.
A todo ello se suma un problema de gobernanza: titular del servicio (Govern de la Generalitat), operador (Renfe) y gestor de la infraestructura (Adif) separados, con poca coordinación y una dinámica demasiado habitual de dilución de responsabilidades. Esto perjudica directamente la fiabilidad del servicio.
Las soluciones no llegan: hacen falta medidas concretas, con calendario y trazabilidad, abiertas a toda la ciudadanía para poder exigir responsabilidades cuando las cosas no se estén haciendo bien.
La salida no puede ser un nuevo ciclo de declaraciones genéricas y ceses vacíos. Necesitamos un paquete de medidas verificables que combine seguridad y continuidad, y que permita recuperar la confianza con hechos.
Primero, hay que cambiar el marco mental operativo: ante un episodio de riesgo, la respuesta debe ser la reapertura progresiva por tramos seguros, servicios mínimos aunque sean lentos, y cortes limitados estrictamente a los puntos con riesgo. Si convertimos el “pararlo todo” en el protocolo de facto, estamos asumiendo que el sistema no tiene capacidad para gestionar la complejidad, y eso es exactamente lo que hay que corregir.
Segundo, transparencia operativa inmediata. La PTP pide una lista pública de tramos con limitaciones o afectaciones, con el motivo, la medida aplicada (limitaciones temporales de velocidad, corte parcial, inspección) y una fecha de resolución. Es una demanda aparentemente simple, pero clave: sin visibilidad, las limitaciones se cronifican y el servicio se degrada durante meses o años, alimentando la desconfianza y el relato de que “siempre es así”.
Tercero, “puntos críticos” con doble respuesta: actuación de emergencia y actuación definitiva, con calendario. Si el diagnóstico habla de taludes, drenajes, muros y tramos inestables, la ciudadanía debe poder ver qué se hace, cuándo se hace y cómo se cierra el expediente para que no vuelva a ocurrir exactamente lo mismo al cabo de seis meses.
Cuarto, mando integrado en emergencia y criterios claros de reapertura. La PTP reclama trazabilidad de las decisiones: umbrales, inspecciones y quién decide qué y por qué. Esto no es burocracia: es gobernanza de la seguridad aplicada a un servicio esencial.
Quinto, información al usuario fiable y coordinada. La desinformación expulsa a la gente del transporte público y, en contexto de crisis, multiplica el daño: no solo por la afectación puntual, sino porque convierte el desplazamiento en una experiencia imprevisible.
Y, en paralelo, hay que abordar el fondo del problema: cambios profundos en cómo el gestor de la infraestructura organiza y controla el mantenimiento y las obras, reduciendo la extrema subcontratación y garantizando un control real desde el inicio hasta la puesta en servicio. Sin este giro, seguiremos haciendo mucha obra y obteniendo poca fiabilidad.
No podemos seguir normalizando que el sistema ferroviario de Catalunya funcione siempre con incidencias.
Estamos hartas de que el relato sea siempre reactivo: que solo se abra el debate cuando hay una crisis de país y que luego todo se diluya hasta la siguiente. Estamos hartas de que un servicio esencial funcione con lógica de excepción permanente. La meteorología puede ser excepcional; lo que es inaceptable es que el impacto sea sistemático y que la respuesta llegue siempre a posteriori.
Si los trenes están parados, nos movilizamos
Este es el punto: no nos podemos permitir un país que se acostumbra a perder horas y oportunidades cada vez que falla un sistema tensionado. El tren es el eje vertebrador de la movilidad catalana, y su mal funcionamiento erosiona cohesión, competitividad y bienestar.
Por eso, la respuesta no puede quedarse en la queja individual ni en la resignación. Cuando un servicio esencial no garantiza ni fiabilidad ni información, la sociedad civil tiene el derecho y el deber de alzar la voz y exigir cambios concretos. Las plataformas de usuarios del tren han convocado una manifestación el sábado 7 de febrero a las 17 h, con inicio en la Estación de Francia y final en la Plaça Sant Jaume. Desde la PTP nos sumamos porque lo que está en juego no es un mal día: es la propia idea de que el transporte público debe ser una garantía, no una lotería.
