El consistorio de Ada Colau ha conseguido, a escasos seis meses de terminar su primer mandato, cumplir con una de sus propuestas estrella. Finalmente, medio año después de que la iniciativa pinchara por poco apoyo entre los grupos, el Pleno del Consejo Municipal de Barcelona ha aprobado la celebración de la primera Multiconsulta de la ciudad. Aunque las votaciones deberán darse pasadas las elecciones municipales, los y las ciudadanas de Barcelona podrán decidir sobre el cambio de nombre de la plaza Antònio López a Idrissa Diallo y sobre la remunicipalización de la gestión del agua.
Con los votos a favor de BeC, la CUP y ERC, las abstenciones del PSC y del PDeCAT y los votos en contra de Ciudadanos y el PP, el Ayuntamiento de Barcelona ha consolidado un sistema de Multiconsultas, en principio anuales, en las que podrán votar todos los mayores de 16 años empadronados en Barcelona. Esta “victoria” de Barcelona en Comú se da después de que la misma iniciativa no fuera aprobada en Pleno Municipal extraordinario el pasado abril, debido a que la propuesta de cambio de nombre de la plaza no contó con el apoyo de ningún grupo municipal y la de municipalización del agua sólo fue apoyada por ERC.
Entidades como la Plataforma Agua és Vida, han denunciado varias veces que las votaciones en contra de la Multiconsulta el pasado abril, “vulneran” el Reglamento de Participación. Y es que el plenario no puede votar no a una propuesta de consulta si las firmas están bien recogidas, si lo que se pregunta ajusta al ordenamiento jurídico y si es de competencia municipal. Dejando de lado, sin embargo, el caso de la CUP, que votó en contra de la Multiconsulta por no considerarla vinculante ni una muestra “de participación real”, por lo que exigió al consistorio “trabajo efectivo para remunicipalizar el agua”, el resto de partidos escudaron su negativa en las dudas sobre la seriedad del proceso o las competencias municipales.
“Todo aquella negativa responde a que la gestión municipal del agua cae en manos de una empresa privada que vio sus beneficios cuestionados. Así, se inicia una ofensiva jurídica y de presión a los partidos para que votaran no”, expuso Gala Pin, concejala de Participación y Distritos. Y es que en los meses anteriores a la celebración del Pleno en abril, se presentaron hasta 10 recursos penales, administrativos y contenciosos contra la Munticonsulta. De estos, 4 fueron impulsados por Agbar -la empresa que gestiona el agua en el Área Metropolitana- o por empresas vinculadas.
Aguas de Barcelona, en el recurso presentado en el Ayuntamiento, se quejaba de que la pregunta de la consulta sobre la gestión del agua vulneraría el reglamento por “falta de claridad”, según aducía la empresa en el recurso, al que tuvo acceso el portal Crític. Así, para Agbar la pregunta “¿Quiere usted que la gestión del agua de Barcelona sea pública y con participación ciudadana?” Podría llevar a “confusión para el ciudadano” ya que, según la empresa, “la gestión del agua en Barcelona ya es pública”. Pero esta gestión está realmente en manos de la empresa privada en un 85% (70% Agbar, un 15% por Criteria – Caixabank y otro 15% para AMB).
Una contratación pública irregular
“Si Agbar nos impugna el derecho a decidir, ¿cómo podemos pensar que pueden gestionar un bien público?”, Se preguntó Eloi Badia, concejal por BEC y vicepresidente de Medio Ambiente de AMB, en la charla ‘Es posible una gestión pública y democrática del agua en el AMB’, organizada por la plataforma Aigua és Vida. Y es que la gestión de Agbar ya fue impugnada por el TSJC en 2016, que anuló la concesión público privada por no haberse justificado suficientemente la decisión de la Administración de no convocar un concurso público y adjudicar directamente la gestión a Agbar .
Esta resolución judicial, que fue apelada por la empresa al Tribunal Supremo, es “una gran batacazo para la AMB. No lo podría haber hecho peor”, considera Bahía. Añade que “antes de privatizar cualquier servicio como la gestión del agua deberíamos preguntarnos si no puede asumirlo el Ayuntamiento. Las competencias las tenemos, no hacerlo es rehuir responsabilidades”. Así, tanto Badia como Eulàlia Reguant, concejala de la CUP, atribuyen el no haber hecho licitación a una falta de transparencia. “Detrás del recibo del agua hay excesivos intereses. No sólo pagamos el agua, sino los beneficios de una empresa que pone lo público al final de la lista de prioridades “, afirmó Reguant en la charla, que contaba también con la presencia de concejales del PSC, ERC e PDeCAT.
La gestión de Agbar, que perdió el concurso de concesión en 2012, no contaba con una valoración “fiable del coste económico” y no respetó “los principios que rigen la contratación pública”, según el TSJC. La gestión de la empresa contempla el ciclo integral del agua en el AMB, desde la captación en la potabilización, pasando por el saneamiento, depuración y distribución. Así, la impugnación de la gestión mixta considerada irregular, abre las puertas a una gestión municipal del agua, que se refuerza de la mano de la pregunta de la Multiconsulta que se celebrará a finales del año próximo.
Otras voces dentro del consistorio
La actual puesta en agenda de una posible municipalización del agua bebe, pues, de varios factores. Desde la Multiconsulta, hasta las sentencias judiciales contra la gestión mixta. Pero ya hace años que diversas entidades ciudadanas pugnan por conseguir que el agua sea un bien público. Esta sensibilidad, pues, llega ahora a los partidos después de muchos años de no haber “voluntad política. Los grupos que hemos gobernado la AMB hasta ahora no la hemos tenido”, reconoció Carmen Andrés, concejala por el PSC. Pero también consideró que la demanda ciudadana “no ha sido lo suficientemente fuerte como para hacerse oír por la política”, opinión que también es compartida por ERC y PDeCAT.
Así, desde Esquerra se muestran a favor de una consulta, pero abriendo las miras a debatir sobre una gestión 100% pública o si bien conviene más otro concurso público. “¿Qué coste tendría?”, Se pregunta Jordi Coronas. Esta preocupación monetaria también es compartida por los demócratas, que se muestran más dubitativos sobre una gestión totalmente pública. “Recordemos que hay municipios que pasaron de la pública a la gestión privada para mejorar en eficiencia”, apuntó Isidro Sierra en relación al municipio del que es alcalde, San Clemente.
Así, sobre la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, que debe poner fin definitivo a la concesión mixta de AMB, los concejales del PDeCAT y PSC se limitan a decir que lo “acatarían”. “Nosotros respetamos las leyes. Todas. Nos gusten o no. Y apostaremos por lo que apuesten los ciudadanos cuando sean consultados”, apuntó Andrés. Pero para Reguant, no se trata de acatar la sentencia “porque se debe atacar. No debe ser la excusa, sino la puerta para llegar a la gestión pública, para garantizar que haya agua para todos, garantizar contratos dignos y una sostenibilidad ecológica “.
“Sobre todo lo que queremos es asegurarnos de que sólo pagamos el agua y no los intereses ni el enriquecimiento de una empresa privada”, afirmó Badia, que añadió que la gestión pública del agua debería ir acompañada de la creación de un observatorio ciudadano. “La discusión no es entre pública o privada, sino qué pública queremos. Los ciudadanos deben participar del control de la gestión y generar comunidad en torno a un bien público como el agua”.
