Barcelona se compromete a presionar al Gobierno central para la eliminación del examen de acceso a la nacionalidad y las tasas económicas que éste genera. Además, ampliará la oferta de cursos de castellano para la pruebas. La declaración municipal, que se aprobará este miércoles en la comisión de Derechos de Ciudadanía con el apoyo de todos los grupos menos el de Ciutadans y el PP, es el resultado de un acuerdo con el encierro de migrantes de la antigua escuela Massana, que hace un mes que dura y que ha mantenido reuniones también con la Generalitat de Catalunya y la Delegación del Gobierno en Barcelona reclamando acelerar los trámites para el empadronamiento, papeles para todos y que se garanticen los derechos básicos, como la sanidad universal.
De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona trabajará para que el Estado suprima “de forma inmediata” el examen CCSE (la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España) como requisito de acceso a la nacionalidad.
Según el consistorio, el examen presenta “graves deficiencias” porque “incorpora preguntas claramente arbitrarias e irrelevantes”. “El actual funcionamiento del examen de nacionalidad es claramente deficiente y discriminatorio. El hecho de que las preguntas sean absurdas o arbitrarias no es un hecho menor, denota una falta de consideración y respeto por las personas migradas que sólo puede entenderse como producto de cosmovisones que parecen tener sesgo neocolonial y inexcusablemente racista”, cita el teniente de alcaldía de Derechos, Jaume Asens.
Además, el consistorio instará la derogación del Real Decreto 1004/2015, que –cita la declaración institucional a la que ha tenido acceso este medio– “discrimina por razones económicas y de origen las personas extranjeras”, y abogará por sustituirlo por uno nuevo que “sea gratuito, consensuado con el mundo local, que reconozca el bagaje aportado por las personas y flexible con las personas que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o de diversidad funcional”.
La legislación anterior a la 19/2015 preveía una tramitación sin coste económico. Ahora la gestión de los expedientes oscila entre los 185 y los 309 euros, en función del país de origen del solicitante.
Las reclamaciones del consistorio también apelarán a la Generalidad. Al Gobierno autonómico le pedirá que financie parte de la oferta de cursos gratuitos de castellano con un nivel equivalente al DELE A-2, así como cursos para prepararse la prueba CCSE en horarios, días y lugares fácilmente accesibles para las personas migradas. Por su parte, el consistorio se compromete a ampliar la oferta de cursos gratuitos de castellano con un nivel equivalente al DELE A-2, así como cursos para prepararse la prueba CCSE en aquellos casos que sea necesario también en fechas flexibles.
Un mes de encierro, un mes de reuniones
Hace prácticamente un mes que decenas de migrantes y refugiados ocuparon la antigua escuela Massana de Barcelona para reclamar derechos sociales. El encierro era una réplica de las ocupaciones que ya hubieron en 2001, 2005, 2013 y 2016, pero esta vez con la bendición del Ayuntamiento (y de 30 entidades sociales). La fuerza de la tancada se ha extendido también al barrio del Poblenou, donde una quincena de migrantes se encerraron a principios de semana “de forma indefinida” en la iglesia del Sagrat Cor.
Durante estas primeras semanas de encierro, los migrantes han realizado asambleas, charlas y también han organizado una serie de protestas, como las del pasado 1 de mayo. Pero sobre todo han presionado a las instituciones para llevar a cabo el cambio en el empadronamiento, la ley de extranjería y el acceso a los recursos que persiguen. De esta forma, en un mes ya se han reunido con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Delegación del Gobierno en Barcelona.
Si bien con el consistorio la sintonía es casi total (le piden cambios “más concretos”), con el resto de instituciones ha habido más tibieza. Sin embargo, la tancada valora positivamente las reuniones ya que –asegura un portavoz– los han reconocido como un “sujeto político nuevo y activo para impulsar cambios”.
Hace unos días, el encierro se reunió con la Generalitat, que accedió a dos de sus catorce propuestas: la Generalitat dio el ‘sí’ al padrón municipal y también se comprometió a garantizar la creación de cursos de castellano gratuitos para migrantes, además de hacer una declaración política –como la del Ayuntamiento de Barcelona– a favor de la supresión de los diversos exámenes que son un requisito para adquirir la nacionalidad. A principios de esta semana, los migrantes trasladaron también sus peticiones –principalmente la derogación de la ley de extranjería– al delegado del Gobierno, Emilio Ablanedo. El encierro asegura que el representante tomó nota de las reclamaciones y que el diálogo “está abierto”.
Catalunya Plural, 2024 
