Descarbonizar la economía

A pesar de los datos sobre lo que se ha dicho que se haría, si tomamos únicamente lo que realmente se está haciendo, los objetivos de 1,5ºC y 2,0ºC quedan ya ampliamente superados y la realidad es la que es:

1. Hay que observar los mercados de futuros, donde la realidad confirma que el consumo de fósiles continuará aumentando en las próximas décadas, con una tendencia más moderada pero aún creciente.

2. Hay que atender a las elevadísimas inversiones en plantas de licuefacción realizadas en todos los lugares donde hay producción de metano, y que se prevé que se amortizarán gracias a la demanda internacional creciente durante las próximas décadas.

3. Los balances anuales de energía total consumida siguen indicando que más del 70% del mix energético es de origen fósil. Únicamente está aumentando —con gran esfuerzo— el porcentaje de producción de electricidad verde dentro de las fuentes de electricidad, dominadas en nuestro país por la de origen nuclear. Este incremento queda diluido dentro del consumo global de energía, que continúa dominado por los combustibles fósiles.

4. Han aumentado los estudios, planes, normativas y declaraciones políticas negacionistas del cambio climático, defensores de una economía y una sociedad basadas en energías fósiles.

5. Crece el impacto derivado de la declaración de la huella de carbono y de la elaboración de planes para reducirla, que afecta a la gran mayoría de empresas y entidades. Además, la industria afectada por el régimen de comercio de derechos de emisión ETS (European Union Emissions Trading System), con una valoración superior a 80 €/t CO₂, debe afrontar las nuevas exigencias del propio sistema de comercio de emisiones.

Todo ello revela que los compromisos climáticos se han convertido en discursos estratégicos, pero cuesta mucho concretarlos, siendo hoy uno de los grandes déficits de gobernanza global. Podemos asimilar la inercia institucional a lo que Vaclav Smil denomina inercia de los sistemas energéticos.

Actuaciones en Cataluña

En Cataluña, en estos últimos años ha habido actuaciones para posicionarse en relación con la reducción de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, cifradas en unas 40 millones de toneladas de CO₂ equivalente.

Informes del CADS, estudios del ICAEN sobre emisiones de CO₂, propuestas del Parlament y del Govern sobre presupuestos de carbono, y actuaciones del Departamento de Empresa y Trabajo junto con el de Economía —preocupados por la industria intensiva con emisiones difíciles de abatir, esencialmente petroquímica y cementera— han llevado a la creación del Centro de Descarbonización de la Industria Catalana, que se focaliza, según su programa de plantas piloto, en el tipo de empresas donde la captura y usos del CO₂ puede ser una alternativa, así como en las opciones para desarrollar un hub para el transporte del CO₂ para su almacenamiento geológico.

Otros sectores económicos e industriales —transporte, servicios, residencial, residuos municipales, agrario o forestal— quedan mucho menos cubiertos, dependiendo de las propias iniciativas privadas y/o a la espera de las infraestructuras necesarias, a pesar de ser responsables de casi el 70% de todas las emisiones en Cataluña.

Este desequilibrio no es casual: responde tanto a la presión europea (ETS, taxonomías, CSRD), centrada en los sectores más “evidentes”, como a la presión política de los lobbies sectoriales —especialmente el petroquímico de Tarragona— y a la poca “visibilidad” del resto de sectores que representan ese 70% de las emisiones.

El papel de la Transición Energética

Hay que destacar que las actuaciones no se inician afrontando directamente el origen del problema, que no es otro que cómo reemplazar las fuentes energéticas fósiles por fuentes renovables para descarbonizar y desfosilizar realmente la economía del país.

Es imprescindible una planificación que marque la hoja de ruta: sin fuentes renovables disponibles y suficientes, nada puede cambiar. Para capturar, transformar o transportar CO₂ hace falta energía; y para electrificar también hace falta más energía verde. El mix energético total debe pasar de tener un 75% de origen fósil a un 75% de origen renovable, y no limitarse a aumentar el porcentaje de renovables dentro del sector eléctrico, sin mencionar cómo una creciente electrificación verde debe ir ocupando el conjunto del mix energético.

Por tanto, si se quiere afrontar el cambio climático reduciendo las emisiones de CO₂, hay que asegurar el despliegue y la disponibilidad de renovables como eólica, eólica marina, fotovoltaica, geotermia, hidráulica o bioenergía, hasta alcanzar más de 150 TWh de producción. Actualmente se habla sólo de unas pocas decenas de TWh.

Aquí es donde Cataluña ha vivido su gran bloqueo de gobernanza: discutiendo parques eólicos como si fueran decisiones estéticas y no estructurales. El país lleva 20 años atrapado en un urbanismo energético inviable. Y el coste político de no decidir ya es superior al coste económico de desplegar renovables.

El papel del coste energético y de los costes económicos

Es sorprendente que prácticamente no existan referencias a los costes energéticos y económicos cuando estos son esenciales para elaborar un proyecto técnico a partir de cualquier idea. Es preocupante, a menos que todo sean ideas de planes generales sin intención de iniciar un camino real hacia proyectos técnicos con sus cálculos y valoraciones. En este contexto, muchos puntos deben tenerse presentes:

(Mantengo la estructura en viñetas, como en el original)

• Ya se ha mencionado la necesidad de disponer de suficientes fuentes renovables que, como primera estimación grosso modo, pueden situarse en torno a 1 M€/MW. Estamos muy lejos de los objetivos.

• Es imprescindible una red eléctrica de transporte y distribución con capacidad para gestionar unas tres veces más energía. El PNIEC prevé 13.580 M€ para aumentar la potencia de la red en 27,6 GW. La red eléctrica catalana es hoy claramente insuficiente: si el consumo eléctrico representa alrededor del 23%, para llegar a un 75% del consumo total electrificado hay un salto enorme que supera con creces las previsiones actuales de inversión.

• La capacidad de almacenamiento de energía debe ser suficiente —no para hacer negocio, sino como infraestructura básica— para garantizar suministro 24/7/365. La referencia sería 1 MWh de almacenamiento con un coste de unos 0,1 M€/MWh, con variabilidad según tecnologías, pero con capacidades potenciales de hasta 100 GWh.

• La captura de CO₂ en sectores de difícil abatimiento tiene un coste energético elevado, dependiente de la concentración y tecnología, implicando varios MWh por tonelada, además del coste del propio suministro eléctrico verde. A esto hay que sumar purificación, compresión, transporte, almacenamiento, inyección y monitorización. Además, sólo es viable donde sea posible crear hubs de evacuación del CO₂ por tuberías.

• Los usos del CO₂ implican su reducción mediante hidrogenación. El hidrógeno verde requiere unos 50 kWh/kg, lo que supone entre 2 y 6 MWh por tonelada de CO₂ transformado. Si el CO₂ es biogénico, el producto final será verde; si es fósil, no. Esto limita la disponibilidad para combustibles sostenibles (SAF, MGO, metanol), ya que las fuentes biogénicas son muy limitadas.

• La electrificación del transporte, ya sea mediante baterías o hidrógeno, está condicionada a la capacidad de la red eléctrica, hoy saturada. Si no se resuelve cómo trasladar el 30-40% de los fósiles del transporte por carretera a electricidad, la desfosilización del sector seguirá bloqueada. Hay que planificar cómo migrarán las actuales 1.400 gasolineras hacia electrolineras e hidrogeneras.

• Las nuevas normativas europeas prevén el cierre de vertederos y la transformación de las plantas de valorización energética de residuos. Esto implica más toneladas a procesar y necesidad de captura de CO₂, con un alto consumo energético. La conversión de ese CO₂ mediante hidrógeno requiere potencias de varios cientos de MW, que deben planificarse.

• La producción de bioenergía por digestión anaerobia aporta sólo unos pocos TWh, pero resuelve la gestión de residuos orgánicos. Dada la escasez de carbono verde, cualquier fuente biogénica es un activo. El CO₂ separado del biogás puede transformarse en biometano mediante metanación, que requiere hidrógeno verde, o utilizarse como carbono verde para químicos o combustibles.

Conclusiones

Todo esto apunta a una idea fundamental: la transición será cara, muy cara, y energéticamente intensiva, pero aún es más caro no hacerla. La política catalana tiende a evitar hablar de costes reales por miedo al conflicto. Pero la ambigüedad ya no es una opción responsable.

La desfosilización debe empezar por los planteamientos basados en las necesidades de la transición energética: despliegue de infraestructuras y sus costes. Sin tener en cuenta la disponibilidad de renovables y su viabilidad, cualquier planteamiento no es real. Tampoco lo es si no se ponen sobre la mesa los costes de las soluciones ni quién y cómo las debe pagar o financiar.

Sin incluir estos parámetros en la ecuación, debemos reconocer que no se está abordando de verdad el problema de la descarbonización de la economía catalana. No sirven los brindis al sol: hay que afrontar el problema con energía disponible, fuentes sostenibles y números económicos claros para evaluar la viabilidad y planificar la hoja de ruta necesaria.

La descarbonización no es sólo un reto tecnológico: es también un reto institucional y de cultura política. La Cataluña que quiera seguir siendo industrial deberá asumir que la seguridad energética del siglo XXI es verde o no será. Y que el tiempo de las declaraciones ha pasado: ahora toca gobernar la complejidad y ser prácticos y ejecutivos en su implementación.