Este es un artículo original publicado en L’Independent de Badalona.
La reciente polémica vivida en Badalona podría considerarse fruto de un hecho puntual —el desalojo de una instalación pública ocupada— o bien entenderse como un eslabón más de una cadena. En cualquier caso, el Ayuntamiento del PP es protagonista de lo sucedido. Si se revisan las actuaciones de esta fuerza política, podemos valorar si nos encontramos ante un simple arrebato del alcalde Albiol o si, detrás, existe una estrategia.
Si se consulta el archivo de L’Independent, aparecen noticias que quizá pasaron desapercibidas y que ahora se entienden mejor. Veámoslo. En 2023, Albiol tomó posesión de su cargo como alcalde de Badalona. Ciento tres días más tarde, el 28 de septiembre de 2023, esta publicación desvelaba que el Ayuntamiento rechazaba acogerse a las ayudas del programa ACOL para subvencionar empleo a catorce personas en situación administrativa irregular, algunas de ellas subsaharianas, según denunciaba Cáritas.
Según la Generalitat, el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) subvenciona contratos de trabajo de doce meses de duración a jornada completa. Asimismo, y de manera opcional, también se financian horas de acompañamiento para las entidades que lo soliciten. Estas horas sirven para apoyar, orientar y guiar a las personas contratadas durante la ejecución del programa, facilitando su adaptación al puesto de trabajo y el refuerzo competencial. Por lo tanto, estas ayudas no suponían ningún gasto para el Ayuntamiento de Badalona.
Regularizar a partir del trabajo
En el momento de publicarse la noticia, y durante tres años, Cáritas de Barcelona había regularizado a más de ochenta personas a través del proyecto ACOL. Todo ello, sin ningún coste para los ayuntamientos.
En aquel caso, el gobierno municipal de Badalona confirmó a Badalona Comunicació que el rechazo a acogerse a las ayudas ACOL se explicaba porque “creemos que fomentar planes de empleo para personas inmigradas en situación administrativa irregular puede provocar un efecto llamada”.
El anterior equipo de gobierno había anunciado, en abril de 2022, la contratación de doce personas acogiéndose al programa ACOL. De las doce, cinco procedían de la nave industrial de la calle del Progrés, desalojada el año anterior. El resto malvivía en otras naves o en viviendas sin garantías de salubridad.
Vistos los antecedentes, podría deducirse fácilmente que el cierre de Can Bofí Vell, el rechazo a las ayudas para la mejora profesional de las personas recién llegadas y el hecho de no atender los requisitos de la jueza que aprobó el desahucio del B9 forman parte de una política concreta. Una política que coincide en rechazar a los más pobres entre los pobres, con excusas diferentes según el momento. De nada sirvieron las solicitudes de la síndica de greuges de Cataluña ni del síndico de la ciudadanía de Badalona. En este asunto, parece existir una obstinación inamovible por parte del equipo de Albiol.
