El traspaso de Rodalies de Renfe a la Generalitat de Cataluña es un tema de largo recorrido que ha generado debates, tensiones y movimientos políticos y sindicales durante las últimas semanas. Con un acuerdo que establece una empresa mixta en la que Renfe mantendrá el control mayoritario al menos durante dos años, el futuro de este servicio de transporte sigue siendo motivo de controversia entre los diferentes actores implicados.
Una empresa mixta para una transición de dos años
Tras meses de negociaciones y movilizaciones sindicales, el Ministerio de Transportes y los sindicatos llegaron a un acuerdo para desconvocar la huelga prevista por los trabajadores de Renfe y Adif. El pacto establece que la nueva empresa que gestionará Rodalies será una filial de Renfe, con una participación del 50,01% por parte de Renfe Viajeros y un 49,99% para la Generalitat. Esta estructura permite a los trabajadores mantener sus condiciones laborales actuales, incluyendo la movilidad en todo el Estado y el convenio colectivo vigente.
Esta medida supone una solución transitoria de dos años antes de que se pueda avanzar hacia una transferencia total de la gestión a la Generalitat. Según el Govern, este período es necesario para garantizar una transición efectiva y sin afectaciones en el servicio. Sin embargo, esta fórmula ha sido criticada por parte de la oposición, que ve en el acuerdo una maniobra para diluir el traspaso.
En este caso, hay razones de peso para la sospecha: primero, porque el acuerdo de investidura pactado entre ERC y el PSC no contemplaba este incierto período transitorio. Segundo, y más importante, porque mientras el acuerdo actual establece una empresa mixta con mayoría de Renfe, el pacto de investidura preveía una nueva operadora con mayoría de la Generalitat de Cataluña.
Los sindicatos celebran el acuerdo, pero con cautela
Desde el punto de vista de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el acuerdo alcanzado es positivo en tanto que blinda los derechos laborales y garantiza la continuidad del personal en las mismas condiciones. El principal punto de preocupación de los sindicatos era asegurar que los trabajadores no perdieran las condiciones de movilidad y estabilidad laboral que tienen actualmente bajo el paraguas de Renfe. Esto se ha conseguido con la configuración de la nueva empresa mixta.
Sin embargo, hay voces dentro de los mismos sindicatos que expresaban preocupación por la indefinición del traspaso final, al considerar que el hecho de que Renfe conserve la mayoría accionarial puede perpetuar el control estatal sobre Rodalies más allá de los dos años estipulados en el acuerdo. “De aquí a dos años pueden pasar muchas cosas”, sostenía Francisco Cárdenas, Responsable de Operadoras de RENFE-UGT.
La dimensión política del pacto
Esquerra Republicana defendió el acuerdo como un paso fundamental para garantizar el traspaso efectivo de Rodalies. El presidente del partido, Oriol Junqueras, insistía en que este es el primer paso para garantizar una gestión plenamente catalana del servicio en el futuro. Pero, al mismo tiempo, consciente de que la omisión del pacto tal como constaba en el acuerdo de gobierno supone un retroceso en clave de la sempiterna lucha dentro del espacio independentista, advertía: “sin Rodalies, en 2026 tampoco habrá presupuestos”.
Junts per Catalunya no tardó en aprovechar la ocasión para asestar un golpe a ERC. En boca de su portavoz, Josep Rius, el partido anunciaba que el acuerdo “certifica la defunción del traspaso de Rodalies”. Hasta ahora, en política estatal, Junts per Catalunya ha acabado capitulando en todos los pulsos que ha intentado ganarle a Pedro Sánchez. Sin la ayuda del Gobierno central, saben que no se aprobará la amnistía. Sin embargo, en lo que respecta a la política autonómica, cualquier circunstancia que debilite la credibilidad de ERC les resulta favorable, y se volcarán en ello sin matices, aunque vaya en contra de los intereses de Cataluña.
Como no podía ser de otra manera, también el PSC salió en defensa del acuerdo a través de su portavoz, Lluïsa Moret. Pero la situación del PSC no es nada sencilla. Por un lado, debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos de investidura con ERC, que incluyen la cesión de competencias de Rodalies a la Generalitat. Por otro, su capacidad de presión sobre el PSOE es limitada, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que cualquier cesión de soberanía hacia Cataluña, en la forma que sea, se traduce en un desgaste electoral que la derecha española aprovecha con avidez. Esta situación deja al PSC en una posición incómoda, intentando equilibrar los intereses de Madrid con su necesidad de mantener una relación fluida con el Govern para no perder peso político en Cataluña.
La pregunta que cabe hacerse, por tanto, es la siguiente: ¿qué prefiere la familia socialista, gobernar en Cataluña y España sin presupuestos o asumir el coste electoral que implica la cesión de competencias hacia Cataluña?
