La consideración de un territorio como metropolitano está sujeta a múltiples interpretaciones. La premisa principal es indiscutible: se trata de un territorio fundamentalmente urbano que abarca varios municipios. A partir de aquí comienzan las matizaciones y las dificultades para delimitarlo: ¿debe ser necesariamente un continuo urbano con cierta densidad? ¿Tiene que ver más con el entorno construido, la actividad económica predominante o con el estilo de vida? ¿Cabe la inclusión de “actividades rurales”, como la agricultura?
En general, sin embargo, para considerar un territorio como metropolitano debe darse otra condición y es que dentro de ese espacio se produzcan los desplazamientos cotidianos de un porcentaje significativo de las personas que allí viven. Son las personas, por tanto, y su movilidad las que pueden ayudarnos a determinar cuál es el alcance de una metrópoli.
En el caso de Barcelona, desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) hablamos de “la ciudad de los cinco millones” para referirnos a la región metropolitana, entendiendo que es este volumen de población, distribuido por más de 150 municipios, el que se ve involucrado de manera directa o indirecta en esta red de relaciones cotidianas: ya sea en el trabajo, en el lugar de estudios, cuando vamos a cuidar a familiares o en los ratos de ocio, a lo largo del día nos acabamos desplazando a otro municipio o relacionándonos cara a cara con alguna otra persona que vive en un municipio diferente al nuestro, y no es raro que lo hagamos en un tercer municipio donde ninguno de los que nos encontramos reside.
Es por esta centralidad de las vidas cotidianas de las personas en el hecho metropolitano que la dimensión social no solo debe estar presente en cualquier agenda de políticas metropolitanas que se quiera desarrollar, sea desde un gobierno o mediante un simple acuerdo de colaboración, sino que es una de las dimensiones clave e inevitables. Conviene recordarlo, porque ahora mismo, y por diversos motivos, las estrategias y políticas metropolitanas relacionadas con los derechos sociales no tienen un protagonismo equiparable al de otros ámbitos también claramente metropolitanos, como la movilidad, la gestión medioambiental o la promoción económica.
Segregación, cuidados, envejecimiento…
El primer aspecto a abordar desde esta dimensión es el de la segregación urbana, es decir, la tendencia de la población con niveles similares de renta a concentrarse en determinadas zonas, ya que es un fuerte condicionante para muchos otros aspectos relacionados con los derechos sociales. Un fenómeno que, como ha estudiado profundamente el geógrafo Oriol Nel·lo, se manifiesta cada vez más en la escala metropolitana, cruzando límites administrativos. Lo observamos si confrontamos sobre el mapa, por ejemplo, la concentración de vulnerabilidades en ambas orillas del Besòs con la afluencia de renta a ambos lados de los túneles de Vallvidrera. En este sentido, la afirmación de que el código postal determina la salud y la esperanza de vida más que el código genético se ha hecho popular en los últimos tiempos.
La cuestión del acceso a los servicios esenciales es otro aspecto relacionado con la configuración de los espacios metropolitanos. Hoy en día se habla a nivel global de la conveniencia de pensar en la “ciudad de los 15 minutos”, una estructura urbana que facilite tener todo lo que necesitamos en un radio de un cuarto de hora a pie o en bicicleta. Pero es evidente que no todo puede estar a esa distancia de todo el mundo. Pongamos, por ejemplo, un hospital, un gran equipamiento cultural o simplemente la mayoría de los lugares de trabajo. En estos casos, lo que hay que asegurar es que se pueda llegar en máximo unos 45 minutos en transporte público. Es por eso que la planificación de servicios y equipamientos, junto con la del transporte público, tienen un impacto decisivo en la calidad de vida de las personas, como ilustran las conclusiones del proyecto Embarriados.
Relacionado con lo anterior, los sistemas de cuidados también tienen varios componentes en los que hay que tener en cuenta la escala metropolitana, dentro de esa organización lo más equitativamente distribuida posible de los servicios. La creciente segregación hace que, por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados remunerados vivan por norma general alejadas de quienes los reciben. Obligadas, por tanto, en ocasiones a grandes desplazamientos, el tiempo para sus propios cuidados, imprescindibles para mantener la salud física y mental, se ve comprometido. Una experiencia en este ámbito que ha destacado recientemente a nivel internacional son las “Manzanas del cuidado” de Bogotá, una especie de supermanzanas de los cuidados que incluyen este apoyo a las personas cuidadoras que en el caso de la capital colombiana pueden tener que hacer frente a desplazamientos de más de dos horas por trayecto.
El proceso acelerado de envejecimiento de nuestra sociedad también tiene y tendrá claras manifestaciones sobre el territorio metropolitano. Si hoy son los centros urbanos los que registran los mayores índices de envejecimiento, las zonas de baja densidad residencial están tomando el relevo a gran velocidad, con el agravante de que allí la dotación de servicios es mucho menor y que las opciones para desplazarse se reducen a partir de unas determinadas edades. Cómo podremos asegurar una atención adecuada hacia estas personas es una cuestión aún por abordar, pero es evidente que sin una adecuada coordinación a escala metropolitana hay el riesgo de que no se pueda lograr ya que muchos de los municipios donde predominan las urbanizaciones no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.
Regeneración de barrios
Este desacoplamiento entre necesidades y recursos entre municipios se encuentra en el corazón de la respuesta metropolitana a la equidad social. Los planes de regeneración de barrios, por ejemplo, en sus diversas versiones de acuerdo con la administración que los impulsa, son una de las principales herramientas para tratar de limar diferencias actuando al mismo tiempo sobre los espacios físicos y las mejoras sociales en cada barrio beneficiario.
Sería necesario, sin embargo, activar mecanismos que tengan incidencia en un momento más cercano al origen de las desigualdades. Surge aquí el concepto de “perequación” o reparto igualitario de recursos, que esencialmente significa que el gasto por habitante en la salvaguarda de los derechos sociales sea lo más homogéneo posible entre municipios gracias a mecanismos de compensación fiscal. Hay que tener en cuenta que las diferencias en el gasto social per cápita estaban antes de la pandemia, según un estudio del IGOP, entre los 178,17 € anuales de El Prat de Llobregat y los 41,04 de Cornellà de Llobregat.
Un caso muy claro de esta necesidad, reflejado en el mencionado estudio, se da en municipios como las capitales de comarca del entorno metropolitano, como Mataró, que ven cómo la población con rentas más altas se marcha a localidades de los alrededores, reduciendo su base fiscal, mientras que tienen que mantener unos servicios que cada vez reciben mayor presión tanto de la población residente, proporcionalmente más empobrecida, como por el uso por parte de aquellos que, viviendo fuera, hacen vida en la capital o simplemente buscan los servicios que en su municipio de residencia no encuentran.
Diferencias entre municipios
Finalmente, en este repaso de aspectos sociales que hay que abordar en clave metropolitana no podemos dejar de mencionar las diferencias en determinados aspectos de las políticas sociales que también generan disfunciones si se plantean únicamente desde la óptica municipal: desde el empadronamiento de personas sin domicilio fijo hasta los criterios para optar a una vivienda pública o para acceder a ciertos ayudas y subvenciones.
En este sentido, no es menor el impacto de la discrepancia entre municipios a la hora de determinar las fórmulas de colaboración con las entidades sociales para la prestación de servicios financiados públicamente, sobre todo cuando se impone el criterio del precio en la adjudicación de contratos de provisión.
El Foro Social Metropolitano
Por todos estos motivos, se constituyó el año pasado, con la participación del PEMB, el Foro Social Metropolitano, que es un espacio abierto a todas las entidades sociales con actividad en la región metropolitana y a los ayuntamientos que deseen participar. El objetivo de este Foro, en coherencia con lo explicado hasta ahora, es identificar y hacer frente a los retos sociales metropolitanos desplegando una acción social tanto a nivel intermunicipal como a través de la colaboración pública local con la iniciativa social dentro del espacio de la región metropolitana.
En el Foro se busca compartir conocimientos y experiencias y colaborar en la definición de criterios compartidos, como ya se ha hecho en el caso de la contratación pública, así como en el impulso de actuaciones que tengan impacto en la escala metropolitana. Los ámbitos que se han determinado como prioritarios en estos primeros meses de funcionamiento son la inclusión residencial, los modelos de atención a la infancia y la concertación público-social. Sobre estos temas versará la IV Jornada del Foro Social Metropolitano, que tendrá lugar el próximo 8 de abril en La CIBA de Santa Coloma de Gramenet.
No será suficiente, sin embargo, con la colaboración y la coordinación “desde abajo” para conseguir mejores resultados en términos de equidad social metropolitana, y menos cuando la amenaza de la gentrificación (próximamente, la expulsión de la población residente de barrios que experimentan mejoras por el incremento de los costos de vivir allí) es bien patente. Será necesario que la planificación, las normativas, los programas y los incentivos que surjan principalmente de la Generalitat de Cataluña adopten esta mirada metropolitana que facilite la reducción de diferencias entre municipios que, en definitiva, comparten tantas dinámicas cotidianas.
