El ICS da marcha atrás en su propuesta de incentivar a los médicos de los CAP por dar altas ante el rechazo de los sindicatos

Sindicatos y entidades sanitarias han alzado la voz enérgicamente tras conocer la medida que planteaba el Institut Català de la Salut para que la tramitación de altas a pacientes se incluyera dentro de los incentivos económicos anuales que tienen los trabajadores de los Centros de Atención Primaria. Concretamente, dicha medida hacía referencia a las denominadas Propuestas de Alta Motivadas, que son las que presentan las mutuas laborales al Institut Català d’Evaluacions Mèdiques (ICAM), órgano adscrito al departament de Salut que decide si el paciente ya está recuperado para reincorporarse a la vida laboral y, en caso afirmativo, envía la propuesta al médico de cabecera. Éste puede dar luz verde al alta o bien oponerse. Aún así, el circuito establecido da al ICAM la posibilidad de formalizar el alta del paciente aunque el facultativo no comparta la decisión.

Hasta ahora, los sanitarios tenían entre sus incentivos responder a esta propuesta en un máximo de tres días. En la propuesta del ICS que se ha difundido esta mañana, se planteaba además que una determinada cantidad a veces la respuesta incluyera avalar la propuesta de alta de la mutua laboral. Para recibir los incentivos, los médicos y médicas tenían que avalar entre un 50% y un 80% de las propuestas y, si lo hacían, los incentivos no repercutirían solo sobre los médicos sino sobre el conjunto de la plantilla del CAP. Esto implicaba entonces que, si un profesional de la medicina no llegaba al porcentaje de altas requerido, el resto de compañeros y compañeras también veían afectada su retribución. El ICS ya había incluido esta propuesta en algunos documentos informativos y lo estaba debatiendo con algunos profesionales de la atención primaria, tal como ha avanzado esta mañana el programa El matí de Catalunya Ràdio, pero pocas horas después de hacerse público Salud se ha desdicho forzado por las críticas realizadas por asociaciones profesionales y sindicatos del sector, que lo han calificado de mala praxis profesional.

Críticas por todos lados

El sindicato de UGT Catalunya ha manifestado en un comunicado que esta medida “supone una coacción económica para los profesionales de los CAPs, los cuales se ven obligados a tomar decisiones médicas influenciadas por incentivos económicos. Esta situación crea un modelo perverso que pone en entredicho la confianza en el sistema sanitario público y pone en peligro la salud de los trabajadores y las trabajadoras, puesto que se corre el riesgo de dar de alta pacientes que no estén recuperados. La decisión tiene que ser siempre del facultativo, quien conoce la situación clínica del paciente, no de objetivos económicos ajenos a su tarea”, y consideran que “es necesario que el sistema sanitario continúe garantizando la atención de calidad, independientemente de presiones económicas, y que los criterios médicos sean los únicos determinantes para el alta de los pacientes. La presión que pueden suponer estos incentivos a los trabajadores del sector sanitario que ya sufren un estrés y una sobrecarga a la que el ICS ya hace tiempo que no da respuesta”, añaden.

Por su parte, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) se ha opuesto frontalmente a esta medida en un comunicado en el que destaca que “supone una injerencia inadmisible en la actividad clínica y una desvirtuación grave del sentido y objetivo de las Direcciones por Objetivos (DPO). Estos indicadores no responden a criterios clínicos, sino que están condicionados por intereses empresariales que a menudo, presionan para obtener altas aceleradas, aunque no siempre se den las condiciones médicas óptimas para ello. Este hecho puede comprometer la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, especialmente las más vulnerables, que suelen acompañarse de entornos laborales muy mejorables”. Además, la asociación puntualiza que “las DPO, los indicadores de procesos y de resultados en salud deben responder exclusivamente a criterios clínicos y estar orientadas a mejorar la salud de la población, la calidad asistencial, la continuidad y la seguridad de los procesos. Convertirlas en instrumentos de control burocrático o empresarial desvirtúa su razón de ser y pervierte la práctica médica”. En esta línea, el posicionamiento de Camfic insta al Departament de Salut y al Institut Català de la Salut a que “protejan la autonomía clínica de los profesionales y velen por una gestión de las DPO alineada con valores de rigor, ética y responsabilidad sanitaria”.

También el sindicato del sector sanitario SATSE fue especialmente contundente con la propuesta del ICS y manifestó que “la vinculación entre altas médicas e incentivos económicos supone un conflicto de intereses que pone en peligro la independencia profesional, la libertad científico-técnica y la salud de los pacientes”. Por este motivo –sigue el comunicado– “no podemos aceptar la mercantilización de la sanidad pública, introduciendo un beneficio económico como factor en las decisiones clínicas que deberían estar regidas por un solo objetivo: el bienestar y la salud del paciente”, concluye.

El sindicato médico Metges de Catalunya (MC) ha calificado de “perversión del sistema que el criterio económico (al servicio de los intereses empresariales) se sitúe por encima del criterio clínico (al servicio de la calidad asistencial)”, y considera que “este conato de actuación volvía a situar a los profesionales ‘a los pies de los caballos’ en un contexto de tensión creciente en las consultas’ como demuestran las últimas cifras sobre agresiones y situaciones de violencia contra los sanitarios”. Por este motivo, el sindicato ha solicitado a primera hora de la mañana la retirada de esta iniciativa a la Dirección Asistencial de Atención Primaria y a la Comunidad del ICS. En esta misma línea, la secretaria de atención primaria ICS de MC, Lourdes Franco, también ha subrayado que “la infradotación de personal que sufre el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) no se puede suplir traspasando sus competencias a los médicos y médicas de familia, que tampoco disponen de los recursos y el tiempo necesarios para asumir estas funciones”. Además, ha criticado que el ICS se haya llegado a plantear seriamente el establecimiento de una compensación económica en función del número de altas validadas “como si fuéramos agentes comerciales a comisión”.

Por otro lado, la portavoz y vocal del Fòrum Català d’Atenció Primària y doctora de familia, Eva Segura, ha considerado que “estamos provocando que esta propuesta de altas de la mutua laboral, que es un interés económico y empresarial, pase por delante de un criterio médico, que es el que –en teoría– tiene que regular la incapacidad temporal de los trabajadores” y alertaba del peligro de dejar “desprotegida a una parte de la población, porque quizás algunos compañeros acabarán cediendo a esta coacción y acabarán dando más altas, cuando quizás médicamente no les correspondería”.

Paso atrás

Pocas horas después de hacerse pública la controvertida propuesta y de hacerse evidente el firme rechazo por parte de los principales sindicatos y entidades y asociaciones del sector, el Institut Català de la Salut se ha retractado y ha manifestado que “no habrá un objetivo destinado a incentivar que los facultativos incrementen el número de altas”. El ICS ha puntualizado que “los objetivos para los equipos de atención primaria del Institut Català de la Salut de este año están en proceso de definición. Es en este proceso que se reflexiona con los profesionales, donde se plantean los diferentes conceptos a tratar y se termina cerrando la propuesta definitiva. Se está trabajando en objetivos que velen por el acompañamiento al paciente”. En cualquier caso, por el momento se ha dado por cerrada la idea de incentivar las altas propuestas por las mutuas.