A principios de febrero se celebró la IV Jornada Ciudadana por una Fiscalidad Justa, espacio de encuentro de entidades de la sociedad civil y personas preocupadas por el estado de nuestro sistema fiscal. La mirada estaba puesta sobre todo en Europa, en año de elecciones y ante la deriva reaccionaria y antiliberal que se está dando en el continente. Pero, ¿no valía quizás más la pena hablar de cómo una mejora del sistema fiscal nos ayudaría a reducir más y mejor las desigualdades?
Miremos primero qué ha pasado en España. A pesar de haber cerrado 2017 con una recaudación fiscal que superó la etapa previa a la crisis económica (es decir, volver al estado en el que estábamos hace 10 años), el pastel del reparto de la presión fiscal ha cambiado considerablemente. Sobre todo en una de sus figuras: la recaudación en el impuesto de sociedades, que ha pasado de ser de 44.823 M de € en 2007 a 23.143 M en 2017, casi la mitad. Y eso a pesar de que la actividad económica se ha recuperado y los beneficios vuelven a ser similares a los de antes de la crisis. ¿Qué ha pasado?
Tal como anunciamos en nuestro reciente informe “Beneficios fiscales, ¿beneficios para quién?“, cada año se pierden entre la hacienda autonómica y la estatal 5.501 millones de € en beneficios fiscales discutibles tanto por su utilidad pública como por su carácter regresivo. Beneficios fiscales que tendrían justificación si respondieran a criterios de interés general, pero buena parte de estos se dan en rebajas impositivas a figuras, como las societarias de las SOCIMI o las SICAV, que responden a intereses particulares que suponen un agravio evidente respecto el resto de empresas.
Si alzamos el vuelo y nos fijamos en Europa, como nos decía el eurodiputado Javi López en la misma jornada, la evasión fiscal genera pérdidas en todo el continente por valor de 825.000 millones de euros. Ahora bien, la lista europea de paraísos fiscales aprobada el año pasado no incluye ninguno de los países que actúan hoy en día en Europa como auténticos escondrijos fiscales como Irlanda o Luxemburgo. De hecho, no incluye más que seis países y no aclara qué tipo de sanciones y elementos vinculantes implica aparecer en esta lista. El reto es enorme: definición del impuesto de sociedades en clave europea, criterios claros sobre la contabilización de beneficios país por país, más transparencia; y para que esto sea posible, abolir el principio de unanimidad que hace que un solo país pueda vetar cualquier iniciativa fiscal en el ámbito europeo.
Todo ello puede ser desolador, pero desde la Plataforma por una Fiscalidad Justa creemos firmemente que hay que seguir trabajando para una mejora de la progresividad y la justicia en nuestro sistema fiscal. Para hacerlo necesitaremos una clara conciencia ciudadana de la responsabilidad que tenemos en el sostenimiento de las prioridades sociales, y así lo recuerda esta preciosa iniciativa hecha con alumnos de la Escuela Massana para Ilustrar la opacidad.
Si esta jornada ha servido para algo, ha sido sobre todo para evidenciar la necesidad de recordar a los responsables políticos el papel que deben jugar para construir una fiscalidad justa, ambiental y solidaria. Y esto no se demuestra sólo con las buenas palabras, como nos recordaba Xavier Antich, sino en que las palabras y los hechos vayan de la mano para que el cinismo no se apodere de nuestra vida política y haga más honda la deriva antidemocrática que vivimos.
Catalunya Plural, 2024 
