La violencia de dudar del voto de las persones con discapacidad

Las personas con discapacidad viven cada día situaciones de microviolencias. La instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) es una demostración más de violencia estructural hacia el colectivo; y es que ha decidido permitir en las próximas elecciones que los interventores y apoderados puedan señalar a las personas con discapacidad que consideren que no votan consciente, libre o voluntariamente, anotando su DNI en el acta.

Por si no habíamos tenido suficiente con negarle a muchas personas con discapacidad el poder ejercer el voto, ahora que lo pueden llevar a cabo podrán ser observados y valorados por personas que no tienen ni la más absoluta idea al respecto ni tienen capacidad para poder determinar si el voto se lleva a cabo de manera consciente o no.

Violencia es poner en duda el valor de tu votación cuando tienes el derecho a efectuarla.

La reforma de la ley orgánica de régimen electoral (LOREG) se aprobó por una unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre para permitir el voto de personas con discapacidad intelectual. Fue el resultado de una larga lucha de las personas con discapacidad y las instituciones. Esto supone que aproximadamente unas 100.000 personas podrán ejercer su derecho a voto cuando antes no lo tenían.

Los apoderados de los mismos partidos políticos que se hicieron la fotografía el día que se aprobó la ley, ahora serán improvisados ​​peritos sociales y psicopedagógicos para determinar si una persona no ejerce su voto libremente. Ninguno de estos debería admitir esta función que se les atribuye. En primer lugar por dignidad democrática, en segundo lugar por una cuestión de igualdad entre las personas y en tercer lugar porque no tienen ningún tipo de capacidad para hacerlo y se les está pidiendo que hagan una acción totalmente arbitraria basada en intuiciones sobre una cuestión tan importante como es el voto democrático.

El resto de población sin certificado de discapacidad podremos ir a las urnas más tranquilamente porque a nosotros nadie nos juzgará. Nadie valorará si vamos de manera libre y voluntaria porque simplemente no se cuestionará. Así pues, como novedad electoral esta vez tendremos dos filas metafóricas que diferenciarán a los que votan sin tener que ser juzgados y a los que existe la posibilidad de valorarlos.

Estamos acostumbrados a que las personas con Diversidad Funcional tengan una vida llena de microviolencias. Una vida en la que tienen que pedir permiso para muchas acciones de cotidianidad. Pedir permiso para entrar en las estaciones de metro que no garantizan la igualdad de oportunidades, pidiendo permiso para pasar por las calles ocupadas por terrazas que impiden el paso fluido, pidiendo permiso para votar, para poder ejercer un derecho tan básico como ciudadano.

Poner en cuestionamiento el voto no viene de nuevo al colectivo porque vienen de haber sido cuestionados en el sistema escolar, en el barrio, o haber sido cuestionados como trabajadores y trabajadoras e incluso como mujeres u hombres. El sistema es el principal generador de discapacidad en nuestro país y lo ha vuelto a hacer con una acción destinada única y exclusivamente a poner en duda un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Afortunadamente al resto de personas no se nos cuestiona por qué y cómo ejercemos nuestro derecho a voto. Ni siquiera se pone en duda que todo el mundo lo pueda hacer de manera libre y consciente, pero el sistema siempre es capaz de inventarse alguna acción como para poder marcar de alguna forma a todo aquel que se sale de la norma.

Pese a que no se podrá impedir el voto, esta instrucción perpetúa, una vez más, la discriminación social que como una losa de hormigón recae en todas las personas que tienen formas diferentes de funcionar respecto a la normalidad estadística.

Lo que verdaderamente deberíamos señalar con el dedo es la falta de apoyos en la vida de las personas con discapacidad como para poder tener una vida plena como la del resto. Nadie se atreve a dar la consigna de señalar en qué momento el Estado no proporciona verdaderamente estos soportes como para que todas las personas puedan tener la posibilidad de una vida independiente y con igualdad de oportunidades. Nadie dará la orden de señalar a los causantes de que todos los derechos de las personas con discapacidad no estén realmente garantizados. Sobre eso nadie recibirá el encargo de señalar porque quizás se le haría un esguince en el dedo de tenerlo de hacer tantas veces.