Por segundo año consecutivo, la alcaldesa Ada Colau ha aprobado los presupuestos municipales por la vía de la cuestión de confianza. La misma fragmentación que ha obligado a Colau a forjar costosos acuerdos con la oposición –el caso paradigmático, el de los números de la ciudad– ha dinamitado una alternativa en Barcelona. De nuevo, sobre la mesa, la mala salud de hierro del Gobierno de Ada Colau, que finalmente ha hecho prosperar unos números que reducen el superávit del consistorio a 1,3 millones de euros y mantienen una deuda –estable desde 2015– de 835 millones.
Sin ni siquiera atisbo de pacto, pese a un último pleno en el que todos los grupos cargaron con dureza contra el Gobierno de BComú blandiendo la bandera de la vivienda, la oposición ha agotado los 30 días que fija la cuestión de confianza para hallar un ejecutivo alternativo, por lo que los presupuestos municipales han tirado adelante de forma automática. Se trata de la última vez que la alcaldesa podrá activar el mecanismo esta legislatura, pues la fórmula está vetada en año electoral (2019).
Los 30 días desde el anuncio de la cuestión de confianza vencían este viernes. El 2 de marzo, por tanto, era la fecha límite en que la oposición debía presentar candidato alternativo. Nunca antes una oposición había tenido tantos partidos ni tantos regidores para buscar alternativa. Seis partidos (PDeCAT, ERC, CUP, PSC, Ciutadans y PP) y hasta 30 concejales.
Aún así, los acuerdos no han llegado, o ni siquiera se han buscado, y los números de Colau se han aprobado automáticamente este sábado. Este mismo lunes, primer día laboral tras vencer el plazo para buscar candidato alternativo, el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona formalizará dicha aprobación.
Si bien el Gobierno se fijó en noviembre del año pasado como objetivo prioritario sacar adelante los presupuestos municipales, la máxima política económica de la ciudad, por la “vía del diálogo”, esta quedó estancada poco a poco por la oposición férrea del PSC una vez fuera del Gobierno de Barcelona. Tanto fue así que en el pleno de enero la alcaldesa se vio abocada de nuevo a activar la cuestión de confianza.
La alcaldesa había llegado a un entente con PDeCAT y ERC para que los grupos independentistas abalaran los números y se abstuvieran en la votación (siempre y cuando los socialistas salieran del Ejecutivo municipal, como certificaron las bases de BComú en una votación interna en noviembre), pero el ‘no’ del grupo de Collboni a unos presupuestos en los había participado activamente desde dentro del Gobierno de la ciudad llevó a Colau a su segunda cuestión de confianza.
Superávit de 98 a 1,3 millones de euros
Pese al revés del PSC, el Gobierno de BComú ha tirado adelante los números de 2018. Y lo ha hecho destacando que el de 2017 ha sido un buen año para la economía de la ciudad. Entre otras cosas, la liquidación de los presupuestos del año pasado ha dejado un superávit de 1,3 millones de euros, cuando el año anterior fueron 98; la deuda de la ciudad se ha estabilizado un año más cerca de los 835 millones, una cifra parecida desde 2015; y el gasto corriente ha alcanzado los 2.210,4 millones, 62 millones más que en 2017, y 269 millones más desde el primer año de Colau al frente del consistorio.
Desde 2015, además, el gasto en políticas sociales ha aumentado un 27%, aunque del año pasado a este la cifra ha crecido poco más que un 4,3%. Si bien las partidas para educación o cultura han quedado congeladas respecto a 2017, transporte público ha aumentado un 14% y ha llegado a los 174,7 millones.
Por ese motivo, el primer teniente de alcaldía de Economía, Gerardo Pisarello, ha criticado que el Gobierno central, en concreto el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quiera “ahogar el municipalismo”, pese a que consistorios como el que Ada Colau lidera “gestionan mejor” gasto social y endeudamiento.
El Gobierno de Barcelona en Comú operará ahora con presupuestos propios y con el objetivo de solventar el resto de políticas en base a acuerdos puntuales con todo el plenario. Ada Colau deberá superar año y medio de mandato con muchas incógnitas, aunque solo una de verdadero peso: qué hará para repetir la aprobación de cuentas en el próximo ejercicio con la vía de la cuestión de confianza imposibilitada por el reglamento. Y con una oposición, además, que ya ahora ha entrado en una larga carrera electoral hasta las elecciones de mayo de 2019.
