En las grandes ciudades las políticas de urbanismo, movilidad o la manera de relacionarse no siempre pueden evitar focos puntuales de inseguridad que hacen mella en algunas personas que tienen una sensación de falta de protección.
Barcelona no es ajena a esta situación. La ciudadanía tiende a internalizar un deseo de seguridad que no es tangible, es abstracto, pero que demanda que se transforme en algo concreto a través de la protección, que le reduzca riesgos de vulnerabilidad.
Barcelona, referente mundial por sus políticas sociales, por su extraordinario atractivo turístico y por la actitud valiente de su alcaldesa, Ada Colau, y de su grupo municipal frente a los lobbies turísticos y de los grupos inversores, ha aparecido en el foco mediático de la inseguridad ciudadana, impulsado por sectores que se sienten los amos de la ciudad. La precampaña de las elecciones municipales está subrayando episodios, ciertos, que se han producido en el distrito de Ciutat Vella (Raval, Barceloneta y Gótico), una de las zonas más visitada de la ciudad.
Peleas y agresiones en las calles, robos o drogas han configurado un panorama que facilita el discurso neoliberal que asegura que la seguridad se resuelve con más policía y que la izquierda se siendo incómoda para afrontar el problema. Pero si los índices e indicadores, mejorables, nos demuestran que Barcelona es una ciudad segura, ¿por qué entonces este énfasis en situar Barcelona como el paradigma de ciudad insegura?
Se entiende mejor si vamos al origen de ciertas situaciones que están muy dibujadas en el perfil de la ciudad. Actualmente hay un gran parque de viviendas vacías propiedad de bancos y de fondos buitres, las cuales se utilizan para la especulación, generando gentrificación y fragilidad habitacional para que, finalmente, los vecinos abandonen los barrios que los habitan de toda la vida. Si desde las diferentes administraciones se hubiera modificado la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), regulado los alquileres y se obligara a los bancos a dedicar los pisos vacíos a vivienda asequible, el conflicto de los narcopisos se hubiera reducido enormemente y no harían falta más recursos policiales. Lo fácil es cargar contra Ada Colau o la regidora Gala Pin y exigirle a la Guardia Urbana actuaciones que no son de su competencia.
La protección y la seguridad no se resuelve únicamente con más policías en las calles ni con más delincuentes menores en las prisiones, sino con políticas sociales que afronten la realidad de situaciones de vulnerabilidad graves que conducen al robo, el delito y al desespero. La demonización de los manteros y la prostitución, obviando su precariedad, ha sido caldo de cultivo en el cual grupos mediáticos han sido cómplices interesados para crear alarma social.
Barcelona es una ciudad segura gracias a su apuesta por la igualdad, a la cual quieren dañar los que protegen los intereses de las élites, como se ha definido Manuel Valls en su “retorno a casa”. Él sí que es una amenaza, y seria, para las vecinas y vecinos de los barrios de la ciudad. No es un alcaldable, es un producto bancario a quien le han vertido aroma social y que lo pasean (puesto que si va solo se pierde) ofreciéndolo como solución a los “males” de la ciudad.
Hasta la macrooperació del pasado lunes 29 de octubre, después de la petición de Ada Colau de una colaboración coordinada con la Generalitat, esta institución había mirado hacia otro lado, a pesar de no ser ajena a la alarma creada. Es muy necesario que la Generalitat aporte más mossos para que la Guardia Urbana pueda dedicarse de pleno a las competencias que tiene encomendadas, y es clave que Judicatura y Fiscalía se impliquen a fondo y actúen con la fluidez que se requiere. Si las instituciones se alinean, mejorarán los resultados.
El equipo de gobierno de Ada Colau ha entendido muy bien que la oposición se maneja como pez en el agua en temas de propaganda de seguridad y los réditos que le suelen aportar, y ha intensificado acciones concretas con una visión más madurada que redundará en más eficiencia.
La realidad nos demuestra que Barcelona es una ciudad segura más allá de imágenes puntuales que se utilizan de manera arrojadiza contra el equipo de gobierno. Centenares de miles de personas pasean libremente por sus calles, se desplazan por la ciudad, utilizan el transporte público y disfrutan de los innumerables atractivos de una ciudad cada vez más sostenible, amable, verde, plural y creativa.
El asalto a la alcaldía por parte de Barcelona en Comú ha puesto en evidencia a grupos políticos que optan para frivolizar con el miedo y la inseguridad de la ciudadanía para conseguir sus intereses partidistas, en un intento que la seguridad sea una preocupación incluso mayor que la vivienda, porque combinadas ambas cuaje un mensaje nocivo que desgaste al equipo de gobierno. Bien y necesario es que la gente no caiga en una trampa fácil. La convivencia y la cohesión social es “la mejor policía” y no se consigue con porras. La sociedad segura no es la que más castiga.
