Desde hace algunas semanas, los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) han vuelto al punto de mira. Varios ataques perpetrados en centros de residencia o manifestaciones de vecinos en contra de la presencia de estos jóvenes están amenazando su estancia en varios municipios catalanes. El último de estos ataques se produjo en Castelldefels, a principios de marzo, donde 25 personas encapuchadas entraron en la masía que hace de residencia de los MENA y destrozaron las instalaciones y atacaron tanto a jóvenes como a profesionales que trabajan allí.
La crecida de los procesos migratorios globales tiene un reflejo innegable en jóvenes que no llegan a la mayoría de edad que también abandonan sus países de origen para llegar a Catalunya sin ningún referente familiar conocido. Esta situación pone a la administración contra las cuerdas, que no destina los presupuestos suficientes para gestionar una situación que escapa a su alcance y, como consecuencia, no puede ofrecer soluciones y alternativas dignas y estables en el tiempo, ni para los jóvenes ni para los profesionales.
Así, no son poco frecuentes los casos de MENA que han de pasar una época viviendo en la calle antes de entrar al sistema de protección (o que han de volver a ella al cumplir los 18 años y quedarse desamparados). La crisis de recursos también afecta a las soluciones residenciales: la crecida en el número de llegadas dibujó la escena de niños y jóvenes durmiendo en comisarías de los Mossos no hace muchos meses. Por ello, se tuvieron que abrir masías o casas de colonias que intentan parecerse a un hogar.
En este clima de creciente precariedad, también crecen las expresiones y ataques xenófobos que rechazan la presencia de centros de menores en sus municipios y ciudades, continuando el acoso a los Menores incluso durante las manifestaciones de rechazo a los ataques. Estos jóvenes se encuentran en una situación de impasse y de inestabilidad en la que los únicos referentes -más o menos- estables y continuados en el tiempo, son los profesionales que trabajan con ellos. Lluís Vila, vicepresidente del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Catalunya (CEESC) habla de la precariedad en la que deben afrontar esta crecida de manifestaciones racistas.
Los vecinos y vecinas que han perpetrado estos ataques o muestras de rechazo a los MENA denuncian un presunto aumento de violencia y delincuencia en los municipios, supuestamente, relacionado a la presencia de estos menores. Pero, más que un debate sobre seguridad ciudadana, tenemos que hablar de racismo
Seguro que hay de todo. Es una evidencia que un porcentaje más o menos considerable de la población catalana es racista y forma parte del problema. Pero, de ahí a afirmar que en estos municipios donde hay centros de acogida, provisionales o no, haya aumentado la conflictividad o la delincuencia… Me atrevería a decir que esto lo tenemos que certificar con datos objetivos de los Mossos. La rumorología de los estereotipos hace que la anécdota se haga categoría y no conviene reproducir falsos mitos.
Estos mitos versan sobre la violencia, delincuencia o consumo de drogas. Pero, en caso de que fueran ciertos, ¿esta conflictividad no sería debido a su condición de personas migradas, sino de una desatención por parte del sistema?
Es mucho más complicado todavía. Por un lado tenemos a los chicos dentro del sistema, tutelados por la administración, entre los que, ciertamente, la conflictividad es reducida. Son jóvenes que intentan iniciar una adaptación a nuevas circunstancias dentro del sistema y ajustando expectativas. Pero los que no entran en esta dinámica y quedan fuera del sistema de protección son otra realidad. Incluso se les pone una nueva etiqueta: jóvenes refractarios. Estoy muy en contra, pero es una manera que se ha encontrado de nombrar a los menores que quedan desvinculados del sistema.
Otra realidad es la de los que dejan de ser ser tutelados, cuando cumplen 18 años, que pueden haber estado o no en el sistema de protección y, una vez ya son mayores de edad, han de vivir y convivir entre nosotros. A estos tres universos de población, aún habría que sumar las variables individuales de cada joven, que es diferente.
Estos ataques están, mayoritariamente, enfocados a centros de acogida. Y es en estos universos donde, precisamente, la conflictividad está más controlada. Se trata de centros abiertos, porque uno de los objetivos es que interactúen con la sociedad y el pueblo donde han ido a parar. Se deben relacionar como parte de su educación y en estas relaciones puede haber experiencias diversas. Desde chicos que participan de batukadas o grupos castellers a chicos que no tienen dinámicas saludables. Y estos últimos, ya sea por una chiquillada, un mal entendido o por racismo, es posible que entren en conflicto con los habitantes del municipio.
Estas discrepancias son las que podría tener cualquier adolescente. Pero en el caso de los MENA se suma un factor clave, que es el racismo.
Tanto los Mossos como la secretaria para la inmigración o la DGAIA tienen clarísimo que se trata de un ataque racista. Hombre, es que 25 personas encapuchadas que van a reventar un centro, agredir a los profesionales y jóvenes…¡es intolerable! Es una obviedad que hay brotes de racismo. ¿Y que si se hubieran peleado unos chicos que no hubieran sido de origen marroquí, se habrían vapuleado igual? Probablemente. ¿Y que el hecho de tener el atributo ‘MENA’ los estigmatiza? Pues también. ¿Que es posible que en momentos de saturación del sistema algunos chavales hagan gamberradas? Sí. Todo es plausible y seguro que está pasando un poco de todo.
Desde el CEESC hace tiempo que reclamáis espacios residenciales que sean lo más ‘hogar’ posible. Ataques como el de Castelldefels hacen que los menores no se sientan seguros ni acogidos en la que debería ser su casa. Pero, además, el hecho de tenerlos en albergues que, por definición, ya tienen un carácter transitorio, tampoco ayuda.
Naturalmente. Aquí está una de las dificultades estructurales de las que pagaremos las consecuencias la próxima década. El sistema de protección a la infancia está pendiente de revisión y renovación desde hace cuatro o cinco direcciones generales y no sé cuántas legislaturas. Con unos déficits acumulados de presupuestos, recursos, salud de los profesionales y revisión del propio sistema brutales. La llegada de tantos chicos sin referentes la ha de asumir un sistema que está absolutamente en crisis y patas arriba. De entrada ya vamos mal.
La urgencia razonable es que estos chavales no duerman en comisarías, no sólo por una cuestión de humanidad hacia ellos, sino porque los Mossos se quejan. Y con razón. Hemos ido abriendo recursos residenciales de primera acogida, pensados para cubrir necesidades básicas y para atender un primer cribado para ver quiénes son, de dónde vienen, con qué edad y qué pronóstico pueden tener. Una vez aquí, se propone un plan de trabajo individualizado.
Si hacemos un símil con el sistema de salud, sería lo mismo que, si en las urgencias de un hospital entra un paciente, miran las constantes vitales, lo estabilizan y, entonces, ven que necesita una intervención. Y para ello se requiere de un quirófano, anestesista y cirujano. Sin anestesista, cirujano o quirófano, esta persona se quedará para siempre en el box de urgencias y eso es lo que está pasando con los MENA. Estos chicos no tienen salidas en los recursos ordinarios porque están saturados o son inexistentes.
Desde la improvisación vamos poniendo parches en todas partes: el plan de trabajo que podemos establecer en esta primera acogida, sin que se produzca el salto a una residencia más definitiva, pierde coherencia y sentido y genera muchas dificultades. Y entramos en contradicciones porque entre la emergencia y la falta de previsión sale la secretaria de inmigración y, con muy buenas intenciones, dice que los chicos no pueden estar en los centros sin hacer nada. Buscan recursos de no sé dónde y traen cursos de catalán al centro. Esto está muy bien, porque ya que estarán por aquí hasta quién sabe cuando, al menos que aprendan la lengua.
Pero en un proyecto educativo sensato se necesita que estos chavales hagan uso de los recursos del territorio, no llevar los recursos a su centro. ¡Lo estamos haciendo totalmente al revés! Llevar a tantos jóvenes a municipios y pueblos alejados de centros urbanos invalida los planes de trabajo. El cúmulo de despropósitos es de un alto nivel.
Poner parches en aspectos socioeducativos es aún más grave si pensamos que estamos hablando de niños y niñas que, en poco tiempo cumplirán la mayoría de edad y quedarán desamparados. ¿Cómo plantearías las políticas de inserción?
Sí que hay medidas para el apoyo a la emancipación para los jóvenes que hayan estado un mínimo de tres años tutelados, que contemplan acceso a pisos, pagas que les permiten ser autosuficientes. Pero son recursos escasos que no llegan a todo el mundo. Y si me atrevo a decir que en la próxima década vamos a pagar las consecuencias de la mala gestión de ahora, también es por otra cuestión: ni el mercado de trabajo ni la ley de extranjería les ofrecen oportunidades. Por lo cual, a los 18 años y un día, al salir del sistema de protección, se les lleva a una situación de irregularidad administrativa, sin acceso a la vivienda ni al mercado de trabajo.
Por tanto, las condiciones en las que los encontraremos, mayoritariamente, serán de exclusión, marginalidad o bien, dedicados a la economía sumergida. Ellos tienen otras expectativas, somos nosotros los que los estamos empujando ello y hay que decirlo.
Esta situación que dibujas también ayuda a alimentar los mitos que hay alrededor de los MENA, con los que hemos empezado la entrevista. ¿Crees que vivimos en una sociedad racista?
Cuando haya elecciones podremos contar a los racistas: los partidos se están posicionando muy claramente sobre este tema; hacen un uso electoralista y partidista. Podremos ver qué parte de la población vota partidos abiertamente racistas. Por otro lado, también tenemos un tejido asociativo y gente con ganas, que montaron iniciativas como el ‘Volem acollir’.
Independientemente de todo esto, hay que invertir más. Porque tenemos muchos planes y muchas líneas estratégicas, pero presupuestos recortados, y nadie ha dicho cuánto dinero hay para hacer todo esto. Y la gente se cansa: los profesionales están desatendidos y mal pagados. Conviene que los gobernantes sean valientes y hagan políticas sociales en las que, tal vez, se debería cuadruplicar el presupuesto. Pero eso no da votos y también debemos ser conscientes.
Podemos pasarnos el día diciendo que el fascismo y el racismo ‘no pasarán’. Pero nos lo tenemos que creer, tenemos que corresponsabilizarnos para que no pasen. Y desde los poderes políticos y públicos deben apoyar todo ello para que sea así.
Catalunya Plural, 2024 
