Sobrevivir en las residencias (2): Trabajadoras en alerta permanente

Rosa Elvira Valdés y Rosario Paucas son auxiliares y llevan más de 15 años trabajando en la residencia Bertrán i Oriola de la Barceloneta. Janina Gómez y Carmen Fernández son enfermeras desde hace dos años en este mismo centro. Las cuatro estuvieron de baja entre 40 y 100 días. Tres por dar positivo en Covid y una, Rosario, por ataques de ansiedad, además de que tuvo síntomas leves de coronavirus, pero no llegó a hacerse la prueba PCR. De los 75 trabajadores de este geriátrico, 40 cayeron enfermos.

Las cuatro coinciden en que desde la dirección de la residencia los mensajes que les transmitían eran dantescos: desde no ponerse mascarilla porque asustaban a los ancianos, hasta no avisar al ambulatorio si los residentes enfermaban. Por ello, les alivió, pero no les extrañó, que la Generalitat interviniera la residencia por ilegalidades por parte de la empresa Eulen.

Las primeras alarmas saltaron a finales de febrero, cuando en el área de dermatología del Centro de Atención Primaria (CAP) de la Barceloneta detectaron un positivo por Covid. “Avisaron a la residencia de que había que tener cuidado con un usuario que, por desgracia, después falleció. Había que aislar a esta persona 15 días, pero al décimo, la directora decidió que saliera a las zonas comunes y no se completó la cuarentena. Nosotros, como sanitarios, ya nos preocupamos y exigimos EPIs, pero pasaron del personal”, critica Rosa. A mediados de marzo, tan solo contaban con guantes, ni tan siquiera había gel higienizante en la residencia. “Dirección decía que no hacía falta, que en esa residencia no había casos, y era público que en Madrid estaba muriendo gente”.

Los mensajes que les transmitían eran dantescos: desde no ponerse mascarilla porque asustaban a los ancianos, hasta no avisar al ambulatorio si los residentes enfermaban

En el relato de los hechos, Rosa destaca que el 20 de marzo falleció una mujer “supuestamente” por neumonía. “Como no le hicieron la prueba, no sabemos si era Covid. Ya habíamos avisado, ‘esta señora tiene mocos, tiene tos, no come’. Y nos decían ‘Tu función es atenderles y ya está’. El 28 de marzo, varios abuelos empezaron a tener síntomas y, finalmente, esa noche nos entregaron las mascarillas FFP2, una bata verde de quirófano y unas gafas de protección”.

“Decidieron trasladar a los enfermos a las instalaciones del centro de día, dado que estaban desocupadas, pero con tan mala fortuna que pusieron a los usuarios en unas camas que no estaban articuladas. ¿Qué pasa? Que al ser residencia, no tenemos oxígeno. Solo hay un compensador que da muy poquito oxígeno, y aquellos usuarios necesitaban más”. Rosa vio a la directora moverse por el ascensor de una planta a otra con el mismo EPI que llevaba en el centro de día, que era donde estaban las personas con fiebre alta: “Fue un desastre”. “El domingo 29 de marzo yo ya me fui con unas décimas de fiebre. Ahí empezó la gente a enfermarse. La directora tuvo conocimiento de que el 20 de marzo dos trabajadores se contagiaron, pero no lo comunicó ni aplicó el protocolo. Esto fue un despelote que llegó donde llegó: media plantilla enferma y un tercio de los usuarios fallecidos”.

Afirman que hubo mucha frustración y que no han vuelto a trabajar igual, y responsabilizan a la anterior directora, María José Rodríguez. “Actuaba con soberbia, y con ineptitud, porque por sentido común ya tenía que haber tomado medidas, con la que estaba cayendo. Fue totalmente una irresponsabilidad”, señala Rosa, mientras el resto asiente a sus palabras.

Rosa vivía en casa de su hermano con la familia de éste, su esposa y tres hijos menores, por lo que cuando le diagnosticaron la Covid decidió mudarse al piso de una amiga, conocedora de la situación. No siente temor por acudir a su puesto de trabajo, pero por el momento no va a volver con su hermano. Rosario vive con su marido y dos hijos menores y sigue el mismo protocolo como si hubiera alguien infectado, aunque es imposible no tocar a los bebés. Janina pasó las cuarentenas (dio dos veces positivo) en casa con su hermano enfermo de esquizofrenia, que dio negativo en todas las pruebas.

Carmen vive sola y no tiene la carga añadida de poder contagiar a alguien en su domicilio particular, pero sintió, como sus compañeras, la “frustración” y la “impotencia”. Un día antes de coger la baja, el crítico 28 de marzo, fue ella quien, desobedeciendo las órdenes de dirección, telefoneó al CAP e informó de que había varios pacientes con fiebre y con falta de aire: “La directora no quería llamar al 061, hasta me cortaban el teléfono, tuve que aprovechar un descuido de ella para llamar al CAP. Enviaron a una doctora con EPI y fue entonces cuando aislaron y ya se supo todo”. Las cuatro tienen una cuestión sin resolver: “¿Qué se pudo haber hecho?”. Les extrañaba la postura de la dirección, pero a la vez escuchaban noticias de que estaba sucediendo lo mismo en otros geriátricos y que era una pandemia sin precedentes para la que no había vacuna.

La directora no quería llamar al 061, hasta me cortaban el teléfono, tuve que aprovechar un descuido de ella para llamar al CAP

Al reincorporarse al trabajo, han sentido el “vacío” y la “frialdad”: “Es que murieron muchísimas personas”. Sentadas en una terraza de la Barceloneta, recuerdan a residentes que ya no están, como una señora muy apreciada que llevaba años con ellas y que tiene una hija muy activa y conocida en el barrio, que a pesar de que olvidaba algunas cosas, se acordaba del nombre de ellas y reconocía su voz. O un señor mudo muy atento y muy seguidor del Barça que colaboraba en las actividades del centro, sobre todo en Navidad, para adornar el árbol. Mencionan los nombres de unos y otros, y su trato amable. “Te dices, ‘¿pero por qué? Si no tenía que haberse ido…’ pero esta enfermedad ha venido a matar”.

Como afiliadas al sindicato co.bas, apoyan la demanda de reconocer el contagio por coronavirus como enfermedad laboral con el objetivo de tener más derechos en caso de complicaciones, y es que entre las secuelas de la Covid, afirman tener caídas de pelo, taquicardias, cansancio extremo, falta de respiración y dolores de espalda. En Bertrán i Oriola, ahora hay más material sanitario y más protección, pero ante los temidos rebrotes remarcan que no hay que bajar la guardia y que todos los empleados están más alerta y más vigilantes. “Esperamos que la Generalitat no le quite el ojo a las residencias, porque a la que se descuiden, las empresas son empresas”, subraya Rosa.

“Nos dijeron que no teníamos que dar información a ningún familiar”

Juan Carlos Callau es gerocultor y responsable de planta en la residencia municipal Fort Pienc, en el barrio barcelonés del mismo nombre, desde 2008. Ha sufrido la falta de mascarillas, con la excusa de no crear alarma o malestar entre los residentes, y de EPIs, lo que provocó un goteo de contagios. A principios de abril, los trabajadores empezaron a recibir mascarillas quirúrgicas para varios días, después una por cada jornada laboral y, cuando empezó a haber positivos en la residencia, les dieron una bata por semana y una FP3 para todo el mes.

En este geriátrico de 137 plazas, sin contar el centro de día, repartidas en cinco plantas, fallecieron 25 personas, de las que 20 están confirmadas como muerte por coronavirus, mientras que al resto no le hicieron las pruebas. De los 101 trabajadores de Fort Pienc, casi la mitad enfermaron, entre ellos, Juan Carlos, que llegó a estar hospitalizado de gravedad con problemas respiratorios y estuvo cerca de dos meses de baja.

De su visión sobre el trato a los abuelos, destaca: “No permitían mandarles a los hospitales y muchos familiares no han podido ver a sus fallecidos. De los que han sobrevivido, anímicamente han perdido bastante porque había que tenerlos encerrados. Al principio, la empresa no sabía cómo manejar estos casos y ahora sigue habiendo rotación de personal”. Sacyr Social es la gestora de este equipamiento y, en la actualidad, destina la quinta planta a personas con Covid o con síntomas.

Sobre las quejas de parientes por desinformación, el gerocultor confiesa que “nos dijeron que no teníamos que dar información a ningún familiar y, qué si se enteraban de que lo hacíamos, iban a tomar medidas, pero algunos compañeros sí han hablado con familiares porque llaman para preguntar cómo están”.

“Vestíamos con bolsas de basura porque no teníamos nada”

En otras residencias tampoco está bien visto dar información al exterior. Una sanitaria de un geriátrico de la comarca leridana del Segrià, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que al principio no tenían ni mascarillas ni EPIs. Las trabajadoras y los familiares de los usuarios compraron las máscaras y, ante la falta de equipos adecuados, tiraron de creatividad y supervivencia: “Vestíamos con bolsas de basura porque no teníamos nada”.

En este centro, equipado para más de 40 plazas, se contagió una docena de ancianos, de los que al menos uno no lo superó. “Creo que hemos tenido bastante suerte porque aquí hay enfermeras suficientes, no tenemos un exceso de residentes y la atención médica ha funcionado. A mí, lo que me llamó la atención, fue el desamparo por parte de la Administración, el ‘vigilad, pero no sabemos cómo lo tenéis que hacer’, ‘aislad, pero no sabemos de qué manera’. Eso sí me afectó”, explica.

Me llamó la atención el desamparo por parte de la Administración: ‘vigilad, pero no sabemos cómo lo tenéis que hacer’, ‘aislad, pero no sabemos de qué manera’

El hecho de llevar material de casa y de enviar a las personas con síntomas al hospital ayudó a descongestionar la residencia. “Al principio, fue bastante desastroso. Después, la Conselleria de Salud empezó a enviar material, los enfermos fueron evolucionando bien y volvieron pronto. Tenemos salas diferenciadas, espacio al aire libre, hemos podido trabajar bien, ha funcionado y no hemos tenido ningún rebrote de momento”, recalca desde uno de los puntos calientes de Catalunya.

Según esta sanitaria, lo preocupante es la atención a las personas con demencia. “No entendían qué estaba pasando. Explicárselo y moverles de un sitio a otro fue muy complicado. Volvieron a recibir visitas de la familia y volvieron a estar cerrados. ¿Qué podemos hacer? Tenemos gente que quiere salir a la calle, que quiere dar un paseo y que te pregunta por qué no vienen a verles sus familiares. Otros sí son conscientes de lo que está pasando y se consuelan diciendo que habrá que tener paciencia”.

Por ello, considera imprescindibles las llamadas y videollamadas. “Lo hemos cuidado muchísimo. Las familias han podido hablar con ellos y ver cómo están. Los medios técnicos han ayudado mucho, si no, hubiera sido peor. Y la gente, cuando te ve por la calle, lo agradece”. Para ella, lo mejor de este periodo ha sido ver regresar a las personas del hospital: “Eso ha sido gratificante”.

“Exigimos más inversión en residencias”

Marea de Residencias es una plataforma que reúne a trabajadores y familiares para reclamar unos servicios públicos, universales y de calidad. Eduardo Calderón, miembro de esta agrupación, destaca que “el problema principal en las residencias es que, anteriormente, ya había falta de personal y medios”. “En 2019 ya decíamos que si había un virus no habría mascarillas, y el virus ha hecho evidente lo que habíamos anunciado. No hay ni una comunidad autónoma que se haya salvado”.

Para Calderón, el sector de la dependencia ha sido “un negocio para las constructoras” y, si se hubieran potenciado más los cuidados en casa, la situación hubiera sido menos grave. Considera que habilitar la vivienda para que un familiar esté en casa, “no interesa, no da beneficios” pero dada la situación actual “¿cómo vas a confinar a alguien en una residencia en la que acaban de morir la mitad y no hay personal ni medios?”.

Según datos acumulados de las comunidades autónomas, más de 19.600 ancianos han fallecido por Covid o con síntomas en residencias en España, lo que representa cerca del 70 por ciento del total de las más de 28.000 muertes contabilizadas por el Ministerio de Sanidad. En opinión de Calderón, a pesar de las cifras, en las residencias sigue habiendo deficiencias en el mantenimiento de aparatos, como grúas para levantar a ancianos, se sigue ahorrando en comida y no cuentan con la plantilla necesaria. La presión de familiares y trabajadores a la Administración para dignificar los geriátricos continua: “Exigimos más inversión en residencias públicas”.