Las recientes propuestas de la ministra Ione Belarra para expandir los derechos económicos de las familias con hijos/as y los derechos de tiempo libre para dar cuidados pueden suponer un importante avance en el Estado de Bienestar español. Partiendo de las recomendaciones de este informe de la OECD que su ministerio solicitó, la ministra ha puesto en el centro las políticas de familia, un tipo de política social muy olvidada en nuestro país a pesar de las urgentes necesidades que generan tanto la pobreza como la justicia de género. En este artículo analizamos brevemente las carencias históricas en España de la política de familia, los progresos en las últimas décadas y la importancia de las propuestas de la ministra.
El análisis tradicional de los distintos regímenes de Estado de Bienestar en Europa se ha realizado midiendo la capacidad de la política social para descomodificar y reducir la dependencia de la clase trabajadora del mercado. Es decir, un Estado llega más o menos lejos en sus políticas sociales según una persona sea más o menos dependiente económicamente del trabajo remunerado. Desgraciadamente, este análisis no consideró que gran parte del trabajo que se hace no está remunerado. Éste es el trabajo de cuidados, el cual ha sido desarrollado mayoritariamente por mujeres, tanto de forma remunerada como si no. Las mujeres son las que tradicionalmente se han ocupado de cuidar a la familia, sobre todo a niños/as y mayores.
La crítica feminista respondió a esta carencia analítica poniendo el foco sobre la familia y el trabajo de cuidado. Así, se estudia el Estado de bienestar en su capacidad, a través de políticas de familia, de otorgar mayor o menor independencia a las mujeres para participar en el mercado laboral (siendo paradójico que la independencia económica tenga que llegar a a través de un proceso de comodificación). Desde esta visión, España se ha considerado, junto a Italia, Grecia o Portugal, un país con un régimen de bienestar del Sur, donde el Estado, en su inacción política hacia la infancia y los mayores, dejaba a las mujeres responsables del cuidado. Este era al menos el caso en los años 90. Mientras tanto, en el modelo nórdico de países como Dinamarca o Suecia, se implantaba ya en los 70s un modelo de mayor protección social y donde una gran mayoría de las mujeres participaban en el mundo laboral.
Ahora bien, los años 2000 suponen un cambio de tendencia importante en esta historia y, como con otros países europeos, encontramos una importante implementación en España de políticas de familia. Por ejemplo, la inversión en guarderías ha crecido y, a pesar de estancarse con los recortes de la crisis económica de 2008, sigue creciendo. Si en el año 2000 un 10% de los niños/as de cero a dos años estaban escolarizados, actualmente la cifra llega a un 50%. El último anuncio ha venido de gobiernos autonómicos de distinto color, que apuestan por la gratuidad del servicio, mientras que el gobierno central contempla participar en la inversión de nuevos centros. También ha habido avances muy significativos en los permisos de maternidad y paternidad, siendo la ampliación del permiso por paternidad a 16 semanas el último cambio (y con la expectativa de ampliar este y el maternal a seis meses), y situando a España como país europeo líder en esta política. Estas políticas son bienvenidas cuando todavía es común entre las mujeres caer en trabajos atípicos, y hay importantes desigualdades de clase en el acceso de guarderías.
Pero si bien ha habido avances en políticas enfocadas a aumentar el empleo femenino, la protección a la familia y a la infancia, especialmente contra la pobreza, es todavía muy débil. Como señala el informe de la OECD, la tasa de pobreza infantil es de las más altas a nivel europeo: casi un 20%. La pobreza infantil afecta particularmente a las familias desempleadas. Sin embargo, la precarización, los contratos atípicos y de mala calidad, hacen que el trabajo deje de ser una garantía para salir de la pobreza. Precisamente España presenta las peores tasas de pobreza laboral para las familias. Por tanto, a falta de mejores políticas de rentas individuales y de mayor protección laboral, las rentas para niños son una herramienta importante para proteger la infancia. Sin embargo, ésta ha sido una política poco desarrollada en el ciclo de expansión de la política familiar que explicábamos. Como vemos en el gráfico inferior, otra cifra del informe es que en España el apoyo económico a las familias es de los más bajos de la OECD. Además, muchas de las políticas desarrolladas han caído en el asistencialismo de los servicios sociales municipales, muchas veces sin suficientes recursos ni competencias para hacer políticas ambiciosas.
Con el objetivo de combatir la elevada pobreza infantil, el informe recomienda introducir una transferencia universal para niños/as. La ministra Belarra ha tomado esta recomendación y ha propuesto una transferencia universal de 100€ mensuales. Las transferencias son herramientas efectivas para reducir la pobreza. Además, el carácter universal puede eliminar la potencial estigmatización de los beneficios condicionales y los problemas burocráticos. Ahora bien, también podría ser positivo ajustar/aumentar la cuantía según los costes de vida del lugar de residencia, para rentas más bajas y/o para las familias monoparentales, un colectivo con mayores índices de pobreza.
Otra propuesta de la ministra en base al informe es la introducción una baja parental remunerada en la futura ley de diversidad familiar. Actualmente, la baja parental consiste en la posibilidad de abstenerse del trabajo durante los tres primeros años de edad del hijo/a, perdiendo el salario. Aparte de esto, sólo están garantizados dos días de permiso retribuido en el caso de enfermedad grave o de muerte de un familiar hasta el segundo grado. En este caso, la ministra ha propuesto introducir siete días remunerados al año para dedicarse al cuidado, no sólo de niños, sino también a otros familiares y la pareja. Esta propuesta es innovadora ya que no sólo están enfocadas a niños/as y mayores, sino también a otros miembros familiares, reconociendo que el cuidado es una necesidad que todos tenemos en cualquier etapa vital, no sólo cuando no se puede trabajar.
Como explica la antropóloga Dolors Comas-d’Argemir en este artículo, el cuidado es un aspecto inevitable para sostener la vida, en todas sus etapas. Todos en cierto modo podemos ser dependientes en algún momento vital, no sólo la gente mayor. Pero, como la autora afirma, no podemos considerar el cuidado sólo como un asunto familiar y de mujeres, es necesario que lo tratemos desde una lógica de reciprocidad generalizada. Por tanto, para estos permisos parentales, y en general, es necesario tener definiciones amplias de familia. Por el momento parece que el ministerio trabaja con la idea de unidad económica, pero creemos que una política más ambiciosa sería considerar a familia a todos aquellos convivientes en un mismo domicilio. Esto permitiría flexibilidad y evitaría imponer modelos familiares concretos. Si no se da a las personas, de forma generalizada y bien redistribuido, tiempo libre para poder dedicarse al cuidado, podemos estar seguros de que tarde o temprano acabará recayendo de forma desigual y en forma de penalización a mujeres y colectivos que trabajan en mercados laborales muy precarios. A través de las políticas de familia, el Estado puede y debe democratizar el acceso al tiempo para cuidar.
Manuel Alvariño y David Palomera son miembros del colectivo Espai 08.
Catalunya Plural, 2024 
