El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el 21 de marzo. Saltaron todas las alarmas y empezaron a escucharse múltiples voces en defensa de la medida que busca reducir la contaminación del aire. A partir de la fecha de anulación, el Ayuntamiento cuenta con 30 días para apelar la sentencia, y los demandantes pueden solicitar su ejecución provisional.
El TSJC argumenta que “ha resuelto anular la Ordenanza Municipal relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona aprobada en el Pleno del Consell Municipal en sesión de 20 de diciembre de 2019, por entender que tiene deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos, entre otros”.
Miembros de la comunidad científica y personal de salud, ayuntamientos de otras ciudades europeas y el Instituto de Salud Global de Barcelona mostraron su desacuerdo con la resolución judicial. El 25 de marzo, más de cien científicos y profesionales del ámbito de la calidad ambiental y la salud plantearon su posicionamiento frente a la medida del TSJC, a través de una carta abierta. El comunicado resalta el grave problema que supone la contaminación del aire para la salud pública y recuerda que la Comisión Europea ya había denunciado a las conurbaciones de Barcelona y Madrid por incumplimiento de la normativa, que ya de por sí era menos estricta de lo indicado en las guías de la OMS. Además, agregan que se trata de una normativa que funciona en más de 200 ciudades de Europa, y que en muchas de ellas es incluso más exigente que en España.
De este modo, la carta finaliza señalando que la abolición de la ZBE implica una vulneración del derecho a la salud: “En conclusión, las ZBE son ampliamente aceptadas en la Europa urbana como medida para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia ciudades más saludables, gracias a su impacto por evitar diversas enfermedades graves y sus consecuencias. Por todas estas y fundamentadas razones científicas, consideramos que la sentencia del TSJC lesiona en serio el derecho a la salud ya respirar un aire limpio a la población de Barcelona y el área metropolitana.”
En una carta abierta titulada “Zonas de bajas emisiones que salvan vidas”, los ayuntamientos de Londres París, Roma y Milán destacaron que ya son más de 300 las ciudades europeas que cuentan con una Zona de Bajas Emisiones, debido a que hay amplia evidencia científica que señala que se trata de una medida que salva vidas.
“Según la Directiva Europea sobre Calidad del Aire, la implementación de políticas que protejan la salud es una obligación, no una opción. Por eso, los países que no están siguiendo estas directrices, están recibiendo múltiples sanciones. Priorizar el derecho a la salud es el nuevo sentido común que comparten las grandes ciudades europeas y la comunidad científica”, señala la carta en uno de sus párrafos.
Los ayuntamientos sustentan su postura en la perspectiva de organismos internacionales, como la Unión Europea y la OMS: “Se trata de una resolución que va en contra de las directivas de la Unión Europea y de la OMS, del consenso científico y, sobre todo, del sentido común internacional que entiende la importancia de proteger la salud pública. En medio de una emergencia climática y sanitaria, los jueces no pueden obligar a los gobiernos a retroceder”, mencionan en este aspecto.
Para cerrar, resaltan que se trata de un asunto que toca uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la salud: “El aire que respiramos y nuestra salud están en juego. Como representantes de las ciudades europeas, tenemos la responsabilidad de proteger la salud pública y garantizar el derecho a respirar un aire limpio”.
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) también expresó su postura a través de un comunicado en el que los integrantes de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del organismo expusieron por qué el establecimiento de una ZBE es una medida necesaria. Entre las razones, señalan que, en Barcelona, la contaminación del aire es muy pronunciada, y que ello no solo resulta nocivo para la salud de sus habitantes, sino que también contribuye al calentamiento global.
Al igual que la carta abierta de los ayuntamientos europeos, el comunicado menciona que la presencia de una ZBE ha demostrado tener buenos resultados en otras ciudades, en donde se aplica desde hace más de una década. También señala que no se trata de una medida que genere desigualdades sociales: “hemos observado que los beneficios de la mejora de la calidad del aire son universales, independientemente de la edad, clase social o estado de salud”.
Por otro lado, destacan los estudios que demuestran que, de cumplirse con las recomendaciones internacionales de salud sobre calidad del aire, actividad física, acceso a espacios verdes y temperatura, la cuidad de Barcelona podría representar un beneficio en términos de salud pública cifrado en 9.300 millones de euros. Y advierten que este tipo de medidas son ambiciosas y deben ser abordadas a través de múltiples dimensiones a escala urbanística y de movilidad: “Más allá de los cambios en los hábitos de la ciudadanía, son necesarias también múltiples medidas a escala urbanística y políticas de movilidad, incluyendo la promoción del transporte público a escala supramunicipal”.
Catalunya Plural, 2024 
