El IPC interanual en España (de marzo de 2021 a marzo de 2022) se sitúa en el 9,8%, una cifra que hacía mucho tiempo que no se veía y que se explica sobre todo debido al encarecimiento del precio de la energía. En el caso de los precios de los alimentos, la variación es del 6,8%, causada en gran parte por el aumento del coste del transporte y de algunas materias primas. A esto se suma el hecho de que patronales y sindicatos están negociando el nuevo convenio colectivo del sector de Ocio Educativo y Sociocultural de Cataluña, y que por ahora se ha cerrado un acuerdo sobre la parte económica, que implica unos incrementos salariales del 7 % distribuidos entre 2022 y 2024. Este año será un 2,5% (1,5% en enero y 1% en septiembre), en 2023 (septiembre) un 2%, y en 2024 (septiembre) el 2,5% restante.
Esta suma de factores ha provocado que las patronales del sector hayan planteado al Departament d’Educación la necesidad de volver a revisar el precio máximo del comedor escolar. Durante 13 años este precio estuvo congelado en 6,20 euros por día y niño, hasta que –después de que las patronales ganaran un pleito en los tribunales– finalmente en 2020 se movió 13 céntimos y se situó en 6,33 euros, el precio actual. Con este acuerdo entre la administración y las patronales se fijó también un sistema de cálculo, hasta entonces inexistente, para futuras revisiones de precios.
En febrero de 2021, la dirección general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa publicó una memoria económica en la que se especifican todas las partidas que intervienen en el cálculo del precio del comedor escolar: horas, ratios, salarios, gastos de gestión, margen empresarial, etc. Y en base a este documento, las entidades y empresas que cubren este servicio piden ahora situar el nuevo precio máximo en 6,55 euros por día y niño. El problema es que un cambio de precio de comedor podría añadir más leña al fuego en un momento en que el Departament ya se enfrenta a varios incendios. Aparte de lo que supondría también de incremento de gasto, ya que Educació es la principal cliente de los comedores. En estos momentos cubre total o parcialmente (70%) el precio de 158.000 comidas diarias.
El Departamento “lo está estudiando”
“Nosotros no estuvimos muy de acuerdo con los baremos que usaron para calcular los costes de las comidas, pero aceptamos porque nos parecía un avance que al menos hubiera un sistema de cálculo, ahora lo que pedimos es que s ‘aplique”, comenta Pep Montes, director de Acellec, una de las agrupaciones empresariales del sector, junto con ACCAC y la Confederación. “Desde febrero, Educación nos dice que lo está estudiando, pero, en realidad no se necesita mucho tiempo para llegar a la misma conclusión que nosotros”, añade. Efectivamente, desde el servicio de Comunicación se informa que “el Departamento está estudiando el impacto del incremento del IPC y del convenio laboral del sector para determinar el margen de decisión en una posible repercusión de la subida del precio máximo de comedor”.
Acellec también pide que el precio máximo del curso siguiente se publique antes del mes de febrero. “Ya estamos en el mes de mayo y la mitad de escuelas ya han licitado el servicio y han salido con el precio del año anterior, por lo que la mayor parte de empresas no podrán aplicar el nuevo precio que se apruebe, esto complica aún más la vida de los comedores”, afirma Montes.
El llamado tiempo educativo del mediodía es un rompecabezas al que varias administraciones han tratado de poner orden sin éxito. En el caso de infantil y primaria, esta franja de dos horas y media representa un tercio de la jornada escolar, durante la cual los niños no sólo comen, sino que realizan todo tipo de actividades de ocio, arte, deporte, etc. Aproximadamente el 30% de los más de 2.000 comedores escolares de centros públicos que se calcula que hay en Catalunya, y que en conjunto sirven más de 400.000 comidas diarias, están gestionadas por las asociaciones de familias, que contratan el servicio a una empresa o entidad, o gestionan directamente la cocina y las actividades, mientras que el resto los gestionan los consejos comarcales, los ayuntamientos o las propias direcciones de los centros.
