El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le impone una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda.
La sentencia está firmada por cinco de los siete magistrados del tribunal. Las magistradas consideradas de tendencia progresista Ana Ferrer y Susana Polo han anunciado su voto particular. Polo era la ponente de la sentencia, pero ha renunciado a redactarla. Lo hará el propio presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, considerado de tendencia muy conservadora, al igual que los otros cuatro jueces que han optado por la condena.
Álvaro García Ortiz fue juzgado bajo la acusación de haber filtrado un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En este correo, el abogado proponía un pacto a la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. El correo se difundió después de que El Mundo publicase una información falsa que decía todo lo contrario, que era el fiscal quien estaba ofreciendo un pacto al empresario y no al revés, como realmente ocurrió.
“Abusos de poder”
En su primera intervención pública tras el fallo del Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado, en el acto de presentación de una serie sobre el golpe de estado del 23-F, que “la democracia no es un estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio. Un privilegio que debemos defender cada día y que debemos defender, a mi juicio, de nostalgias infundadas, de intereses económicos y de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder”. Sánchez ha mostrado su “firme deseo de neutralizar esa amenaza”.
La sentencia del supremo significa que los cinco magistrados que la firman han despreciado el testimonio de los periodistas que declararon como testigos y que exculparon al fiscal general. En este contexto, Pedro Sánchez ha afirmado que “hoy vivimos tiempos complejos también para el periodismo. En aquel largo instante de hace casi 45 años, si algo nos recuerda, o al menos me recuerda, es el valor insustituible del trabajo del periodismo y de la importancia de defender ahora y siempre la libertad de prensa”. Y ha reivindicado, en referencia al 23-F, a los “periodistas valientes que siguieron narrando aquella atrocidad hasta que les apuntaron con un arma”.
El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, por su parte, ha manifestado su “discrepancia con esta sentencia no puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones”, y ha reivindicado el papel de los periodistas frente a “quienes han intentado poner en duda su labor”. El portavoz del PSOE, Patxi López, considera que “viendo lo que hemos visto y pasando lo que ha pasado es una auténtica vergüenza”.
La ministra de Sanidad, Mónica García, considera que la condena a Álvaro García “deja a los pies de los caballos a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia”.
División en la justicia
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, piensa que “la sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también la propia fiscalía o en la abogacía institucional”, y recuerda que “ya se constató tal división con el voto particular del magistrado Andrés Palomo al acordarse la apertura del juicio oral, y ahora se reitera con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo”.
El magistrado teme que “precisamente la división en el Tribunal Supremo puede propiciar que todo el proceso continue con peticiones de amparo”. Y Edmundo Rodríguez concluye: “la sentencia no va ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del Fiscal General”.
La jurista i exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ve “absolutamente injusta” la sentencia, mientras que el eurodiputado de Comuns Sumar Jaume Asens considera que es “un guiño al viejo franquismo” el día en que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. En su opinión, el Supremo “protege a Ayuso y condena sin una sola prueba al Fiscal General del Estado por desmentir fake news”.
Del ‘factor Ayuso’ al 20-N
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha escrito en X y en freferencia a la sentencia del Procés: “Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro”. En un segundo tuit, Rifián ha añadido: “Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso. 350.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? El fiscal general del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca”.
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha tachado la sentencia de “golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí”. Y ha añadido: “A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer. Urge desarmar el poder golpista de la derecha para proteger la democracia”.
Para Ione Belarra, líder de Podemos, “la derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?”.
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha explicado que “analizaremos en profundidad la sentencia para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad. ¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos”
Equidistancia de Junts
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que “los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace, porque conocemos al Supremo y también porque sabemos de quién depende la Fiscalía”, ha apuntado Nogueras, antes de recordar que PSOE y PP pactaron la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de concluir que “la corrupción española está institucionalizada, hoy en ‘Génova’ y mañana en Ferraz”. Nogueras se ha quejado de que los socialistas sólo critican las resoluciones judiciales cuando les perjudican a ellos. “Para el PSOE la Justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos”.
