Hay días en que las noticias sobre vivienda parecen escritas por un guionista cínico. Abres el periódico y lees que el Ministerio de Vivienda ha lanzado un nuevo teléfono de atención en materia de vivienda. Una línea de ayuda, dicen. Un número para resolver dudas, añaden. Irónico que sea el número 047 en referencia a ese artículo de la Constitución que ha sido siempre papel mojado gobierne quien gobierne. No puedo evitar que me venga a la cabeza Gila, descolgando el teléfono y diciendo aquello de: “Hola, ¿es el enemigo?”. Solo que ahora el gag se ha hecho realidad.
El mismo Estado que rescató a la banca con miles de millones ahora ofrece asesoramiento telefónico a quienes esa banca sigue empujando al vacío. El mismo Estado que permitió a los fondos buitre quedarse con nuestras casas ofrece una línea de atención para cuando la desesperación es la protagonista. La ironía se escribe sola. En un país donde las ejecuciones hipotecarias vuelven a dispararse, los alquileres se convierten en una ruleta rusa y donde las familias expulsadas de sus casas ya no son una crisis, sino parte del paisaje, el Gobierno decide que lo que falta no son viviendas dignas, sino un call center. Como si el drama de perder el hogar fuera un problema de comunicación. Quizá la próxima medida sea crear un chatbot para consolarte mientras la comitiva judicial y la policía llaman a la puerta.
Uno se pregunta si también responderán cuando alguien llame gritando desde el borde del abismo, como Alberto, el anciano de Torremolinos que se quitó la vida justo antes de ser desahuciado por no poder pagar la hipoteca. La muerte de Alberto no es un hecho aislado, es un grito ahogado en medio de un país que se ha acostumbrado a mirar hacia otro lado. Lo mismo ocurrió hace una década, cuando la PAH y miles de familias pusieron rostro al drama. Hoy, la historia se repite, pero con más cinismo por parte de algunos y con un discurso criminalizador de la pobreza como fracaso personal por parte de otros. Entonces ejecutaban los bancos; hoy, a estos se les suman los fondos de extracción que nos sangran como vampiros. Pero la esencia es la misma: proteger el negocio, no la vida.
Mientras los responsables políticos anuncian teléfonos, la realidad se mide en pisos embargados, alquileres imposibles, más de cien desahucios diarios y personas que se rinden. La vivienda se ha convertido en el gran negocio del siglo XXI y los mismos actores que provocaron la crisis financiera son los que hoy controlan barrios enteros. Los bancos venden sus carteras a fondos especulativos que, a su vez, presionan a los inquilinos para marcharse o comprar hipotecando su vida con precios abusivos. Todo perfectamente legal, todo moralmente inaceptable.
Y frente a eso, el discurso político se llena de gestos vacíos. Se habla de la problemática como si fuera una condición natural, no el resultado de decisiones políticas. Se anuncian ayudas que no llegan, alquileres sociales que no se renuevan, planes de vivienda que no se ejecutan. Lo urgente se sustituye por lo simbólico. Lo necesario, por lo publicitario.
Quizá por eso el teléfono del Ministerio es tan revelador. No como medida, sino como metáfora. Representa la distancia entre la política institucional y la realidad social. Es el sonido del tono de llamada cuando nadie al otro lado puede ofrecer una solución real. Alberto no necesitaba un número al que llamar, necesitaba que alguien detuviera su desahucio, que el Estado le protegiera del desamparo que él mismo ha permitido.
En un país donde las casas son activos y las personas estadísticas, el suicidio de Alberto vuelve a recordarnos lo que muchos prefieren olvidar: que detrás de cada desahucio hay una historia, una vida, una dignidad quebrada. Y que ningún teléfono, por gratuito que sea, puede reparar lo que la avaricia y la desidia política destruyen cada día.
Ante todo esto, el Ministerio de Vivienda riza el rizo, lanzando la campaña “¿Cómo imaginas tu futuro?” con un video donde tres hombres de edad avanzada comparten piso desde hace treinta años. Todo muy cálido, muy de anuncio de yogures con fibra. Lo que no se dice es que el futuro que imaginan no es fruto de la amistad, sino de la necesidad, del desarraigo, que ese posible futuro ya es una realidad a erradicar.
La campaña pretende inspirar, pero lo que provoca es indignación. Nos venden la idea de que compartir piso será la nueva normalidad, que renunciemos no solo a tener un hogar, también a crear una familia. Un fracaso absoluto del sistema que se nos presenta como una solución creativa. Un paso más en la política del maquillaje: aparentar preocupación sin incomodar al poder financiero, ni tocar los privilegios de aquellos que se lucran con nuestra miseria.
Si Gila viviera, podría hacer una versión moderna del gag: “Hola, ¿es el Ministerio de Vivienda? Llamo por el futuro”. Y al otro lado, una voz institucional, robóticamente amable, respondería: “Piense en lo bien que se lo pasará haciendo croquetas en compañía”.
La vivienda, ese derecho constitucional que se repite como mantra vacío, se ha transformado en el negocio más lucrativo del país. Los bancos que provocaron la crisis hipotecaria hoy se sientan a negociar con los fondos buitre la venta de sus carteras de viviendas nunca vendidas o arrebatadas a golpe de desahucio. Los mismos fondos que presionan a las familias para marcharse, que compran edificios enteros y los vacían, que acumulan pisos como quien colecciona trofeos. Esos mismos edificios, que tras expulsar a las vecinas suelen convertirse en pisos turísticos provocando un desalojo colectivo, que convierte los barrios en escaparates sin vida y sin memoria. Calles donde ya no queda comunidad, solo maletas con ruedas. La campaña “¿Cómo imaginas tu futuro?” podría ser, sin quererlo, el retrato más honesto del presente: un Estado que no garantiza derechos, que confunde acompañar con renunciar, y dignidad con docilidad.
Hasta que no se resuelva la emergencia habitacional, se intervenga el mercado y se garantice el derecho a la vivienda para todo el mundo, este país seguirá marcando el mismo número: el de la vergüenza.
