La previsible aprobación para iniciar la tramitación de la normativa destinada a combatir los fraudes en los alquileres temporales y de habitaciones fue frustrada por el cambio repentino de voto de Junts per Catalunya, tan solo unos minutos antes de la votación. Pocas horas antes, el secretario general del partido, Jordi Turull, se había comprometido públicamente a abstenerse para permitir que el proceso continuara. Sin embargo, sorprendentemente, los postconvergentes se alinearon una vez más con PP y Vox para votar en contra, bloqueando el debate en el Congreso sobre la posible regulación de este tipo de fraudes.
Tal como ha denunciado en múltiples ocasiones el Sindicato de Inquilinas, en los últimos años muchos propietarios han utilizado los contratos temporales y de habitaciones como una vía para eludir sus obligaciones más básicas como arrendadores en el mercado de alquiler. Esto ha resultado en la vulneración de los derechos de los inquilinos y ha fomentado la expulsión masiva de personas al finalizar sus contratos de alquiler, desviando el mercado hacia el alquiler temporal o de habitaciones, lo que ha reducido la oferta de alquiler residencial habitual. En Cataluña, esta situación es especialmente crítica, ya que el 80% de la población vive en áreas con mercados tensionados, donde los límites de precios no se aplican a estos tipos de alquileres.
La propuesta de ley había sido impulsada por los Sindicatos de Inquilinas y presentada el 27 de junio por Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y el BNG. El objetivo principal de esta regulación era limitar el uso de este tipo de contratos, utilizados por los propietarios para vulnerar los derechos de los arrendatarios, y otorgar a los contratos temporales y de habitaciones los mismos derechos reconocidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Vivienda, vigente desde mayo de 2023.
La equiparación de derechos en los contratos temporales y de habitaciones permitiría a los inquilinos en este sector disfrutar de los mismos beneficios que aquellos con contratos de residencia habitual, tal como establece la LAU. Además, los propietarios no podrían trasladar los costos de gestión inmobiliaria a los inquilinos y estarían obligados a respetar los topes de precios en las zonas declaradas como mercados tensionados, dos de los logros alcanzados con la reciente Ley de Vivienda.
Junts per Catalunya destroza así las esperanzas de millones de inquilinos de mejorar sus condiciones, alineándose una vez más con los intereses de los lobbies inmobiliarios. Lo hace, además, con la excusa de que esta ley supondría una “invasión competencial”, una justificación poco convincente si se tiene en cuenta que, a principios de año, Junts ya se opuso a votar a favor del decreto que regulaba los alquileres de temporada… en el Parlamento de Cataluña.
