Era otro día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre de 2024, cuando las personas afectadas por el ingreso mínimo vital se plantaron de nuevo frente al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Convocadas por la Plataforma RMI tu Derecho, en una acción secundada por decenas de organizaciones y colectivos, por cuarto año consecutivo las afectadas por la mala gestión de esta prestación querían recordar que el IMV —que fuera presentado como una tabla de salvación, como un recurso para no dejar a nadie atrás, como la materialización de un derecho social— les está haciendo la vida más difícil. Convierte su mera supervivencia en una especie de prueba continua ante una burocracia sin rigor ni sentido.
No es una mala broma. Es la realidad de tantas personas que sienten que les han tomado el pelo. En el manifiesto de aquella movilización reconocían que sí, que se concentraban un sábado y allí no habría nadie que los pudiera recibir. Qué más da, se contestaban, nunca nos reciben. Del otro lado lo que encuentran siempre es una administración “ lejana y extraña, que no contesta a las reclamaciones, que no tiene a bien explicar los procedimientos personalmente y de manera clara y sencilla y que nos obliga a acudir a la sede judicial de manera impúdica, como una inocentada diaria”, denunciaban en el documento.
Ya ha pasado casi un lustro después de que muchas y muchos suspirasen con alivio al escuchar en las noticias que estaban a salvo, que el gobierno no quería que la gente viviera en la miseria, que se pondrían a trabajar para que una nueva prestación social esquivase todas las problemáticas que ya tanta gente padecía (burocratización masiva, falta de llegada, condicionalidad) con muchas rentas mínimas, iban a cuidar de aquella gente que vivía al límite y que había terminado de caer con la pandemia.
Que el IMV haya sido un fiasco desde su concepción, que haya sumado a los grandes retrasos con los que comenzó, o las muchas dificultades para solicitarlo, una actualización deficitaria que al ocurrir mucho tiempo después, reclama sumas de dinero elevadas a quienes justamente lo pidieron por no tener dinero, no es solo otra decepción ideológica, una desilusión más con la izquierda. Ha sido (y es) el origen de mucho sufrimiento y dolor, incertidumbre, rabia, desasosiego, sentimiento de abandono, pensamientos suicidas, desesperación, hartazgo, desconfianza en las instituciones y de nuevo, sufrimiento.
No lo estoy imaginando, lo cuentan un año tras otro en el comunicado del día de los Santos Inocentes: en esta ocasión lo han llamado “Ingreso Máximo Mortal”: “ la renta garantizada es una inocentada cuando no garantiza vivir, sino que por el contrario, supone una barrera a la mejora de ingresos. Y mortal porque te morirás de miedo cuando te reclamen los miles de euros superados del máximo por trabajar, o por cambiar de situación familiar…”. Un sufrimiento que conocen demasiado bien las perceptoras de esta ayuda, que se han unido en espacios como la Plataforma de afectados del IMV, para defenderse juntas y las que a veces ya no les alcanzan las fuerzas. Gente común que ha tenido casi que formarse en derecho administrativo para acceder o conservar la ayuda, para defenderse de las disfunciones de su gestión. Personas para las que informarse sobre la situación de su subsidio, averiguar por qué varía la cuantía, o las razones por las que les reclaman una deuda, ha devenido casi un trabajo. Mujeres y hombres, a quienes cada vez les cuesta más hacer un hueco a sus justas demandas en los medios de comunicación o la agenda pública.
Entre las dinámicas de deshumanización que nos inmunizan ante el sufrimiento de los otros, la aceleración de los temas de los que se habla, el desapego del debate público de las realidades cotidianas, miles de personas siguen sufriendo las consecuencias de unas políticas públicas no pensadas con cuidado, construidas desde el paradigma aporofóbico de que a las personas empobrecidas hay que vigilarlas para que no hagan trampas, inventando pruebas y pruebas para esta yincana en absoluto divertida necesaria para la supervivencia, evitando reparar errores que solo añaden inseguridad respecto al futuro. Una administración que reclama sin piedad deudas generadas por sus propios errores, que no responde ni al Defensor del Pueblo cuando éste le pide que explique qué medidas va a tomar contra esta persecución económica de quienes ya están empobrecidos, una administración que permite contradicciones absurdas, como obligar a las perceptoras del IMV la devolución de los “bonos térmicos” recibidos el año anterior. Un “dinero de ida y vuelta”, como lo llaman en el manifiesto de RMI tu derecho.
Legislar contra el sufrimiento, gobernar contra el sufrimiento, debería de ser una base indiscutible. Muchas de las personas que reciben el IMV, como gran parte de la población de este país, son personas que no tienen, ni probablemente, tendrán fácil encaje en el mundo laboral. No es que no quieran trabajar, es que el mercado de trabajo se les resiste: encuentran solo apaños temporales, curros en el sector informal, se les considera demasiado mayores, tienen dificultades de conciliación, enfermedades crónicas. Qué más da: El hecho es que evidencian la insuficiencia del trabajo como forma de acceder a un mínimo necesario para vivir. Y sin embargo, subsidios como el IMV se crean bajo la ficción de que la pobreza y la exclusión del trabajo es algo provisional, y al mismo tiempo estable, pues castiga todo el tiempo los cambios de situación de las personas afectadas dejándoles sin recursos durante meses.
Desde la certeza del sufrimiento que padecen las personas que dependen de subsidios como el IMV, y la constatación de lo estructural de la inestabilidad de la vida, cobra especialmente sentido la implementación de una renta básica. Un derecho universal como la sanidad, como la educación, como el voto, que no dependa de la coyuntura, al que podamos acceder todas y todos, sin estar sujetas a las “inocentadas” constantes de una administración que parece haber aceptado que sufrir es lo que les corresponde a las personas empobrecidas. Una política contra el sufrimiento que asiente un suelo material común, desde donde poder construir una sociedad más justa. No van a faltar quienes digan que esto es imposible, que lo que hay que hacer es mejorar los subsidios existentes para luchar contra la pobreza mientras que pensar en una prestación universal e incondicional es una flipada. Son los mismos que siguen sin solucionar los problemas que generan estas rentas mínimas, mientras se flipan aumentando el presupuesto para defensa, invirtiendo miles de millones en tecnología puntera para vigilar las fronteras, mientras son incapaces de poner en pie una gestión eficaz del IMV.
