En una acción sin precedentes en democracia, la administración Trump ejecutó la deportación de cientos de venezolanos, supuestamente pertenecientes a la banda criminal Tren de Aragua a El Salvador, ignorando una orden judicial que exigía detener la medida. Para justificar su maniobra, la Casa Blanca recurrió a la Alien Enemies Act de 1798, una ley creada para tiempos de guerra, utilizada solo tres veces en la historia de EE.UU. en contextos de conflicto armado. La decisión de Trump no solo desafía al poder judicial, sino que establece un peligroso precedente en la erosión del Estado de derecho.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que los tribunales federales “no tienen jurisdicción” sobre las decisiones del presidente en política exterior ni sobre su poder para expulsar “enemigos extranjeros”. En un tono desafiante, Leavitt afirmó que “un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros”. Más allá de la retórica incendiaria, la realidad es que la administración ejecutó las deportaciones sin respetar el proceso legal, lo que ha desatado críticas de organismos de derechos humanos y líderes judiciales.
Pese a la orden del juez federal James E. Boasberg de detener las deportaciones y hacer regresar los vuelos, la administración Trump continuó con los traslados, burlando la autoridad judicial. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aceptó recibir a los deportados y publicó videos propagandísticos en redes sociales mostrando a los prisioneros esposados, rapados y encarcelados.
El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, lejos de ser una simple medida de control migratorio, es una señal clara del deslizamiento del trumpismo hacia un modelo de gobernanza autoritaria, donde el presidente actúa sin frenos ni contrapesos. EE.UU. ha pagado 6 millones de dólares al gobierno de Bukele para que acoja a los deportados en sus cárceles de máxima seguridad. Este pacto recuerda a las externalizaciones de detención y tortura utilizadas en la llamada “guerra contra el terrorismo”, donde EE.UU. trasladaba prisioneros a terceros países para esquivar las limitaciones legales en su propio territorio.
La Alien Enemies Act: una herramienta de guerra utilizada contra inmigrantes
El uso de la Alien Enemies Act es una de las decisiones más alarmantes de la administración Trump en materia migratoria. Esta ley, que históricamente solo se ha invocado en tiempos de guerra, ha sido ahora utilizada contra civiles venezolanos sin que exista un conflicto armado entre EE.UU. y Venezuela. El juez Boasberg dejó claro en su fallo que la medida no tenía base legal y que constituía una violación del debido proceso.
A pesar de ello, la administración Trump ejecutó las deportaciones sin dar explicaciones sobre la operación. Funcionarios de la Casa Blanca alegaron que compartir detalles “pondría en riesgo la seguridad nacional”. Sin embargo, la secuencia de eventos sugiere que el gobierno ignoró deliberadamente el fallo judicial: la orden del juez se emitió antes de las 7 p.m. en Washington, mientras que los videos de Bukele mostraban la llegada de los deportados a El Salvador ya entrada la noche. Como El Salvador está dos horas por detrás de Washington, esto indica que los vuelos podrían haberse llevado a cabo después de la prohibición judicial.
El gobierno de Venezuela condenó la deportación y denunció que el uso de la Alien Enemies Act “constituye un crimen de lesa humanidad”. En un comunicado, comparó la medida con “los episodios más oscuros de la historia humana”, mencionando la esclavitud y los campos de concentración nazis. Además, el gobierno de Nicolás Maduro advirtió que la administración Trump está etiquetando como terroristas a menores de hasta 14 años, solo por su nacionalidad venezolana.
Venezuela, que durante años se ha negado a recibir deportaciones desde EE.UU., ha sido un obstáculo para los planes de Trump. En respuesta, la Casa Blanca ha buscado destinos alternativos para los deportados, incluyendo la base naval de Guantánamo. Sin embargo, en las últimas semanas, El Salvador se ha convertido en el socio clave de Trump para acelerar estas expulsiones.
¿Qué significa esto para el futuro de la democracia en EE.UU.?
El problema va más allá de la crisis migratoria. Lo que está en juego es el equilibrio de poderes y la solidez de la democracia estadounidense. La deportación exprés, basada en una reinterpretación arbitraria de una ley de hace más de 200 años, muestra un desprecio absoluto por el Estado de derecho. Si un presidente puede invocar una ley de guerra en tiempos de paz para deportar migrantes sin juicio, ¿qué impedirá que haga lo mismo con otras poblaciones?
El caso de las deportaciones masivas de venezolanos es una advertencia: la administración Trump está utilizando el poder presidencial sin restricciones, ignorando fallos judiciales y externalizando la detención de migrantes a gobiernos autoritarios. Esto no es solo una cuestión de política migratoria, sino un golpe estructural a la democracia en Estados Unidos.
