La derecha y la extrema derecha utilizan el debate sobre la seguridad para sembrar inquietud entre la ciudadanía y sacar rédito electoral. Identifican, sin base alguna, delincuencia y migración para justificar sus políticas xenófobas y ofrecen siempre la misma receta: punitivismo y recorte de derechos. Paradójicamente, quienes se autoproclaman máximos defensores de la seguridad muestran un elevadísimo nivel de ineptitud cuando deben gestionar una situación extrema de inseguridad, como una emergencia: así ocurrió con la DANA del País Valenciano de octubre de 2024. Además, sufren una grave carencia de elaboración teórica más allá de fáciles eslóganes sin contenido.
Ante las posiciones demagógicas de la derecha, las izquierdas se mueven con dificultad en este ámbito. Con demasiada frecuencia, determinados sectores progresistas viven con incomodidad el hecho de tener que abordar un debate en el que cuesta encontrar una respuesta alejada del populismo, pero que al mismo tiempo llegue a las personas que sufren sensación de inseguridad. Buena prueba de ello es el grave error de Podemos al oponerse a la delegación de más competencias en Cataluña en materia de inmigración, cayendo en la trampa de vincularlo a una visión policial con sesgo centralista, y atribuyendo a los Mossos d’Esquadra una supuesta aplicación racista de unas funciones que hoy ejerce el Cuerpo Nacional de Policía, con episodios tan lamentables como el de Tarajal en 2014.
Un poco de historia
La manipulación que la derecha y la extrema derecha hacen del debate sobre la seguridad viene de lejos. Tras las elecciones municipales de 1979, los restos del franquismo acusaban a los ayuntamientos democráticos de un supuesto incremento de la delincuencia, del que culpaban a la democracia.
Pero las izquierdas no deberían sentirse acomplejadas. En el contexto de una carencia generalizada de reflexión sobre las políticas de seguridad y sobre la policía durante la transición, las experiencias innovadoras nacieron, a partir de 1979, de los ayuntamientos gobernados por partidos de izquierdas. En los años ochenta, el Gobierno de CiU, para empezar a aplicar las políticas de seguridad que definía el Estatut, tuvo que recurrir —desde la Dirección General encabezada por Miquel Sellarès— a concejales que, como Jaume Curbet y yo mismo, militábamos en el PSC y el PSUC. El director del primer Centro de Formación Policial fue el socialista Ildefons Valls.
Esa aportación desde la izquierda tuvo continuidad con directores de la Escuela de Policía de Cataluña como Jesús Maria Rodés, Amadeu Recasens, Joan Mauri o Carlos González. Algunas de las personas que han jugado un papel destacado en las políticas públicas de seguridad en nuestro país han sido profesionales como Joan Delort o el histórico militante del PSUC, Àngel Abad, ambos de trayectoria inequívocamente progresista; junto a ellos, socialistas como Emili Giralt, Jesús Solores o Josep Maria Lahosa.
Hay bastantes mossos d’esquadra y policías locales progresistas; para no comprometer a nadie, citaré tan solo a Agustí Vehí, subinspector de la Guardia Urbana de Figueres, escritor y doctor en Historia, que desgraciadamente nos dejó en 2013. No es anecdótico que en las recientes elecciones sindicales del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, CCOO haya tenido una presencia destacada. A lo largo de los últimos cuarenta y cinco años de autogobierno, los tres principales partidos de la izquierda —PSC, Iniciativa y ERC— han dirigido en diversas etapas la Conselleria de Interior.
Sería conveniente que los partidos progresistas, especialmente los situados más a la izquierda, intentaran ir más allá de los conocidos y positivos principios de transversalidad y proximidad, y abordaran el debate sin complejos. Y que superaran, evidentemente, la equivocada pulsión de hablar de la policía únicamente para criticar sus malas praxis —algo necesario—, pero sin olvidar que es imprescindible construir un discurso propio sobre la seguridad y los cuerpos policiales.
Una mirada al pasado
En los últimos años se ha analizado desde una perspectiva progresista la historia policial de Cataluña y del Estado español en publicaciones como Del somatén a los mossos d’esquadra. Historia del orden público en Cataluña (Editorial Afers, 2022), coordinada por el profesor Àngel Casals; las obras del historiador David Ball, 1975–1982 (Unizar.es, 2022), y Una historia de la Policía española: de los grises y Conesa a los azules y Villarejo (Pasado y Presente, 2024); o el relato sobre la trayectoria de quien fue uno de los primeros mossos d’esquadra durante los inicios del cuerpo, Soldado leal (Pagès Editors, 2025), escrito por el periodista y exdiputado de ERC, Pere Bosch.
También resulta muy útil para entender el papel de la policía durante la dictadura el libro El derecho represivo de Franco (1936–1975) (Editorial Trotta, 2023), del catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo. Son algunas de las aportaciones recientes que se suman a las obras de referencia publicadas en los años ochenta por Manuel Ballbé (Orden público y militarismo en la España constitucional (1812–1983), Alianza, 1983) y Diego López Garrido (La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Crítica, 1985).
Una mirada al presente y al futuro
Hoy también destacan reflexiones sobre las políticas públicas de seguridad que ayudan a construir un discurso alternativo al de la derecha y la extrema derecha. La Universidad Progresista de Cataluña (UPEC) se atrevió, en noviembre del año pasado, a organizar en Barcelona —en la sede de CCOO— la jornada Las izquierdas ante la seguridad.
La Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del Diseño Ambiental (ACPIDA), impulsada en 2021 por uno de los mejores expertos del país, el profesor Francesc Guillén, ofrece una visión de las políticas públicas de seguridad que trasciende el ámbito estrictamente policial y se adentra en la prevención de la delincuencia a partir del urbanismo. ACPIDA ha publicado Prevención de la inseguridad por medio del diseño de espacios (Diputació de Barcelona, 2022).
El Instituto Metrópoli —antiguo Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona—, patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona, la UAB y el AMB, y dirigido por el profesor y exconcejal de Iniciativa en la capital catalana Ricard Gomà, es hoy un punto de referencia en la reflexión e innovación sobre las políticas públicas municipales, también en el ámbito de la seguridad. Así lo demuestra la publicación Barrios y políticas públicas de seguridad, número 67 de la revista Papers.
Cristina Sobrino Garcés y Marta Murrià Sangenís han dirigido la coordinación académica, mientras que la periodista Anna Oliva se ha encargado de la coordinación editorial. La publicación —material imprescindible para responsables políticos y profesionales de la policía y los servicios sociales— se inicia con un artículo de uno de los referentes actuales en Criminología y Derecho Penal, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Juanjo Medina, e incluye doce valiosas aportaciones sobre las políticas de seguridad en los territorios. Fue presentada el pasado 30 de septiembre en una interesante jornada celebrada en el Hub Social de Barcelona, que reunió a más de cien participantes.
Se analizaron las políticas de barrio y las herramientas de planificación local de seguridad, así como la incorporación de indicadores de seguridad y convivencia en los instrumentos de planificación local y de barrios. Se debatieron cuestiones como los cambios sociales y demográficos que han generado nuevos interlocutores —menos representativos que las antiguas, aunque todavía existentes, asociaciones de vecinos—, el peligro de utilizar datos sesgados o la distinta capacidad de tolerancia según la zona de la ciudad.
Más recientemente, el 6 de octubre, el Instituto de Estudios del Autogobierno de la Generalitat, dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, presentó el número 41 de su Revista de Estudios Autonómicos y Federales, dirigida por Jordi Jaria-Manzano, dedicada a La gestión del paradigma a partir de la DANA catastrófica de 2024.
El título ya lo dice todo. No se trata de un análisis político como los que hemos leído o escuchado el último año, sino de un estudio académico. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Josep Ochoa Monzó, ha coordinado un número que ayuda a entender las razones de la nefasta gestión de la DANA de 2024 por parte de la Generalitat Valenciana, a través de aportaciones que clarifican el marco competencial y subrayan la falta de planificación urbanística y climática, una realidad que algunos sectores de la derecha todavía se empeñan en negar.
Con toda esta retahíla de propuestas, quizá sería bueno no volver a escuchar la cantinela de que a las izquierdas les falta reflexión sobre la seguridad. Tal vez lo que falta es la valentía de aplicar esa reflexión a la compleja realidad cotidiana.
